Ante la información publicada sobre la apertura de un nuevo centro de acogida para menores migrantes no acompañados en Castro Urdiales, Podemos Castro Urdiales y Podemos Cantabria han emitido un comunicado en el que «queremos trasladar una posición clara y contundente: estamos hablando de niños y niñas, no de cifras ni de debates partidistas».
«La protección de la infancia es una obligación legal y moral de las administraciones públicas», indica la formación morada. «Por eso, resulta profundamente irresponsable que, una vez más, se pongan en circulación informaciones sobre la ubicación de recursos destinados a menores, algo que debe estar protegido por ley precisamente para garantizar su seguridad y su bienestar».
Lo ocurrido en Cartes hace apenas unas semanas «debería haber servido de lección. La difusión interesada de datos sensibles y la agitación política generaron un clima de tensión social que puso en riesgo la convivencia y, sobre todo, la protección de los propios menores. Quienes alimentaron aquel conflicto deberían asumir responsabilidades en lugar de reincidir en los mismos errores».
Desde Podemos «denunciamos con firmeza que la infancia migrante se utilice como arma política. Señalar centros, promover alarmismo o legitimar discursos de rechazo social no solo es éticamente inaceptable, sino que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de menores que ya han vivido situaciones extremadamente duras antes de llegar aquí».
Por ello, apelan directamente «a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que tome cartas en el asunto ante los mensajes y actuaciones públicas o de grupos, que están alentando el odio, el racismo y la estigmatización social. Consideramos que determinados discursos y comportamientos pueden vulnerar derechos fundamentales y generar riesgos reales para la convivencia y la seguridad de menores protegidos por la ley».
Para Podemos, «las instituciones del Estado no pueden permanecer impasibles cuando se cruzan líneas que afectan a los derechos humanos. La adopción de medidas legales frente a conductas que inciten al odio o la discriminación no solo es legítima, sino necesaria para preservar el Estado de derecho y la protección de la infancia».
La formación política «exige» a todas las administraciones públicas «que actúen con responsabilidad y que garanticen:
-El cumplimiento estricto de la normativa de protección de menores y de confidencialidad.
-La seguridad y el bienestar de los niños y niñas por encima de cualquier interés partidista.
-Una política de acogida basada en derechos humanos, recursos suficientes y convivencia social».
Concluye Podemos destacando que «Castro Urdiales y Cantabria son una tierra solidaria y no vamos a permitir que el miedo o la desinformación marquen la agenda política. La obligación de cualquier institución democrática es proteger a la infancia, no exponerla. Podemos seguirá defendiendo una sociedad que cuide, proteja y respete los derechos de todas las personas, vengan de donde vengan. Porque antes que migrantes, son menores. Y antes que cualquier debate político, está su derecho a vivir con seguridad y dignidad».
