30 MARZO 2016 /
La formación morada apoya, en nota de prensa, “recurrir la sentencia para tratar de que no tengamos que hacer frente a este gasto desorbitado, pero creemos indispensable ir más allá y estudiar las responsabilidades penales de quienes participaron de la firma del contrato, para exigir la reparación del daño causado. No se puede aceptar simplemente que dicho gasto saldrá del bolsillo de todos los castreños. Por ello pedimos que se investiguen las responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones de los anteriores gobiernos y técnicos”.
Para Podemos, “no es de recibo que la gente de a pie pague las pillerías de unos pocos que durante años han sometido a Castro a un saqueo continuado, esta vez privatizando lo que debería ser de todos los castreños, la gestión del agua que bebemos. No olvidemos que las actuaciones acaecidas hace 9 años, tienen vigencia para otros 16, y que van a laminar la capacidad de inversión del ayuntamiento durante varias legislaturas más”.
Podemos cree que los servicios jurídicos municipales deben estudiar con detalle el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Ascan en 2007, y explicar a toda la ciudadanía “si hay algún tipo de cláusula lesiva para los intereses de la comunidad, que obligue a compensar la diferencia entre las previsiones empresariales y los ingresos reales”.
A juicio de la formación política, “la corporación municipal deberá explicar por qué se firmó un contrato, lesivo para los intereses de toda la ciudadanía, en un proceso repleto de irregularidades y con todo en contra: con Informes desfavorables, ante los cuales la Mesa de Contratación excluyó a técnicos municipales y otorgó a una empresa privada la valoración de las ofertas; se desestimaron por decreto todas las alegaciones presentadas al concurso; existían informes contrarios de Secretaría e Intervención, o jurisprudencia que desaconsejaba el contrato”, concluye el comunicado de Podemos Castro Urdiales.
