28 AGOSTO 2018 /
Esta tarde se debate en el Pleno la aprobación de la Modificación Puntual Número 22 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá avanzar en la construcción de un depósito de agua que abastezca a La Loma.
Coincidiendo con la sesión de esta tarde, Podemos Castro Urdiales remite un comunicado en el que sigue defendiendo que no es necesario ese depósito y plantea dudas sobre la manera en la que el Ayuntamiento pretende repercutir el coste de la instalación en los distintos promotores de la zona.
La formación morada recuerda que el depósito “supondrá una inversión de 3 millones de euros, que adelantará el Consistorio a sabiendas de que, probablemente, no los va a recuperar nunca, puesto que pretenden repercutirlos a los promotores de una zona urbanística que lleva 10 años paralizada, con sectores afectados judicialmente y/o con pocos visos de ser objeto de nuevas promociones”.
Este hecho “hace que el pueblo de Castro corra con el precio de la corrupción en lugar de cobrársela a los corruptos. Lo que abre las puertas a las más que probables querellas de los constructores que desarrollen esos SUNP, que alegarán, con todo su derecho, que ellos no van a pagar el suministro de agua de las parcelas ya construidas”.
Podemos insiste en que ese depósito “es mucho más grande de lo necesario, permitiendo abastecer a 12.000 personas cuando la población actualmente censada en La Loma no llega a 1.000”.
Además, “existe ya un depósito a menos de un kilómetro con capacidad para abastecer a la zona y el Gobierno Autonómico ha planificado otro depósito muy próximo”.
Aun así, “fuera de esperar, Ayuntamiento y Gobierno regional no unirán esfuerzos para hacer uno solo, repartiendo costes”.
Recuerda también este partido político que, “en febrero de 2007, entró en servicio en Islares un depósito para almacenar agua potable con capacidad de 8.600 m3. El precio de construcción ascendió a 937.739 euros”. Con todo, se pregunta “¿cómo es posible que 11 años después se proyecte en La Loma un depósito de 3.000 m3 por 3 millones? Esto es 9 veces más caro”.
Reitera Podemos que “el depósito de agua proyectado en La Loma es innecesario porque el suministro de agua está garantizado por las infraestructuras ya existentes. Y está garantizado para todo el APD-2 de Cotolino y La Loma, incluso cuando ambas zonas se hayan desarrollado en su totalidad, si eso ocurre algún día”.
Actualmente, en el APD-2 “hay construidos 758 pisos y 191 viviendas individuales. En los cinco solares que aún no se ha edificado, se podrán edificar alrededor de 310 viviendas. Esto suma 1.259 viviendas en total. En la peor de las previsiones, que en cada vivienda habiten cuatro personas, los moradores totales del APD-2, cuando se haya desarrollado completamente, serán alrededor de 5.036 personas. Añadimos, además, otras 800 personas entre alumnado y profesorado del IES 8 de Marzo”.
Afirma la formación morada que, “desde hace muchos años, el consumo de agua por persona está estabilizado en 130 litros diarios. Lo que supondría, para todo el APD-2, una cantidad de 695 m3, muy alejada de los cálculos de ASCAN. Lo que certificaría que sobrarían la mayoría de los 3.500 m3 del depósito regulador del Alto de La Cruz, que se podrían emplear para suministrar a La Loma cuando todos los sectores estén completamente desarrollados, si es que lo están algún día”.
Por lo que respecta a La Loma, “si algún día se desarrolla todo el suelo proyectado, habitarán en el lugar unas 4.700 personas. Si añadimos el centro asistencial, el colegio de Primaria y Secundaria y el polígono industrial, se necesitarían unos 1.632 m3, según cálculos de ASCAN, y unos 878 m3 según cálculos más realistas. Todo ello nos lleva a la conclusión de que es completamente innecesario un nuevo depósito en esa zona”.
Para Podemos, “el Ayuntamiento pretende falsear la realidad sugiriendo que el maremágnum de La Loma es atribuible exclusivamente al depósito de agua. Este asunto no es más que una de entre muchas causas y no la principal. La panoplia de fechorías que condujeron a la imputación de 46 personas, entre las que se encuentran promotores, exalcaldes, exconcejales y técnicos municipales, es amplia: Falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos, cohecho y estafa”.
Imágenes de las parcelas sin edificar y la última edificada en el APD-2 de Cotolino.
