Detalla la formación morada en nota de prensa que “así lo explica la respuesta recibida desde el Defensor del Pueblo tras nuestra reclamación de hace unas semanas”.
Este contrato tenía un plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2022. Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2014 se estimó un recurso interpuesto por Globalia Autocares, S.A. que supuso la anulación del Pliego de condiciones que había de regir para la adjudicación de este contrato. Esta sentencia fue confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de marzo de 2015.
Explica el portavoz de Podemos Castro, Alberto Martínez, que “esto implica que no se puede exigir a la empresa la prestación de servicios ni el cumplimiento de cláusulas derivadas de dicho contrato y que se ha estado prestando en precario durante más de 10 años, durante los cuales todas nuestras reclamaciones, las presentadas por los vecinos, las mociones municipales y hasta la promesa de una ministra socialista en la plaza de nuestro ayuntamiento, no servían absolutamente para nada”.
Para Martínez “es indignante y grave que durante más de una década llevemos soportando estas condiciones y esta inacción en un servicio esencial para Castro Urdiales, cuando se podía haber hecho una licitación hace muchísimo que mejorara la actual y sobre la que al menos hubiera algún tipo de control. La empresa IRB lleva todo ese tiempo haciendo literalmente lo que les ha venido en gana a sabiendas de que cualquier tipo de reclamación se iba al sumidero”.
