El Grupo Municipal del Partido Popular en Castro Urdiales ha registrado una moción para su debate en el pleno en la que solicitan:
1- Que el Pleno rechace cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.
2- Considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
3- Instar al Partido Popular de España y al Partido Socialista Obrero Español, como partidos mayoritarios, a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.
4- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Es su exposición de motivos, la moción señala que “el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guío nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como los ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Especialmente preocupantes son las recientes declaraciones del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien a fin de allanar el terreno para una posible amnistía y renegando de la Justicia, ha aprovechado un viaje oficial para afirmar en relación lo ocurrido los últimos años en Cataluña que “una crisis política nunca debió derivar en una acción judicial”.
