Para la concejala del PRC, Carla Urabayen, el Consejo Rector de la Residencia Municipal celebrado ayer “no se puede denominar como tal porque fue una tomadura de pelo tremenda. Fuimos sin ningún expediente abierto, sin la documentación solicitada y sin la comparecencia que se había pedido de la técnico de Recursos Humanos”.
Ha recordado cómo “la oposición desistimos de la solicitud conjunto que habíamos realizado de pleno extraordinario en detrimento de un consejo en el que la alcaldesa nos dijo que se respondería a todas nuestra inquietudes y no se ha cumplido”.
Ha criticado que, “casualmente hoy, un día después, se celebra la mesa de negociación para aprobar las bases de la plaza de director del centro y, casualmente también, no será hasta mañana cuando se celebre la Junta de Gobierno en la que se hablará de las sanciones impuesto por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)”. Con todo, “no nos queda otra que pensar que el único objetivo es no darnos información de nada”.
Ha detallado que “nos comentan que se están estudiando soluciones alternativas por si la plaza de director queda desierta, pero no nos dicen cuáles cuando nosotros también podríamos aportar ideas y soluciones. Defienden que se están centrando en la opción principal que es cubrir la vacante pero, al mismo tiempo, ha pasado un mes desde que Marianos Gutiérrez no acudió a la firma de su contrato hasta que se han negociado las bases”.
Considera, del mismo modo, que “no es de recibo que se usen servicios del Ayuntamiento, como el de Secretaría o Intervención, para paliar las carencias que hay en la Residencia por la falta de director”. Ha reconocido que “tiene que primar el principio de solidaridad, pero esto tiene que tener un tiempo limitado porque, de lo contrario, estarían desatendiendo sus funciones principales”.
En relación a las cuatro sanciones del ICASS “estamos hablando de 6.900 euros a pagar y, si bien desde el equipo de Gobierno señalan que aunque no haya registro de los cambios de pañales, ingesta de líquidos y cambio de postura de los residentes, se están haciendo”, desde el PRC defienden que “lo escrito se lee y garantiza que está siendo así”. Ha criticado también que “la alcaldesa dijera ayer que no había tenido acceso a esas sanciones y la oposición sí las tenga”. También el hecho de que “hemos solicitado los informes anuales del ICASS y aseguran que, desde que Mariano Gutiérrez se fue no han tenido acceso a ellos. Cuando es tan sencillo como llamar al Instituto y pedirlos”.
Para terminar ha trasladado un dato que dio el interventor en el Consejo Rector. “Al cierre de la liquidación del 2023, la Residencia requerirá de un modificado presupuestario de 752.000 euros”.
