Los regionalistas piden que “sean atendidas nuestras reiteradas peticiones con el ánimo de poder cumplir con nuestra labor de fiscalización al equipo de Gobierno”.
En la moción recuerdan como “en abril de 2021 quedó aprobado el único presupuesto de esta legislatura que contemplaba unos gastos y unos ingresos en torno a los 50 millones de euros, a pesar de intuirse, por el contrario, una merma de los ingresos que históricamente han rondado sobre los 33 millones”
Desde el momento en que se comienza a trabajar en el presupuesto actual “el Interventor municipal, en varios de sus informes, hace unas aclaraciones y sugerencias que las sostiene en el tiempo que van en el orden del control del gasto, la improvisación en la gestión del equipo de Gobierno y la sugerencia de aprobar un nuevo presupuesto que recoja los nuevos gastos recurrentes que se han ido incorporando”.
Desde que se aprobó el vigente presupuesto “han tenido lugar en torno al centenar de modificaciones presupuestarias. Algunas han sido llevadas a Pleno para su debate, varias de las cuales no han tenido el apoyo suficiente de los grupos de la oposición. Otras, en cambio, han sido aprobadas directamente por decreto de alcaldía en función de sus competencias”.
Los antecedentes descritos “nos llevan a un escenario de incertidumbre y de extrema preocupación sobre la estabilidad de las arcas públicas. No sólo porque de los ahorros de todos los castreñas sólo queda en torno a los 500.000 euros, sino porque pasado el tiempo no hay siquiera borrador de un nuevo presupuesto y el prorrogado no se parece en nada a lo que debería ser el Presupuesto 2023 debido al ingente número de modificaciones presupuestarias”.
Entiende el PRC que “ya adentrados en el último trimestre del año, no tiene sentido trabajar en un presupuesto nuevo para 2022 pero sí que es urgente y necesario, según recomendaciones del propio interventor, y por supuesto del Partido Regionalista como impulsores de esta moción y principal grupo de la oposición, trabajar en el borrador del presupuesto del año próximo”.
Otra gran preocupación es “que los ingresos no sean suficientes como para equilibrarse con los gastos, ya que históricamente han rondado en torno a los 33 millones de euros, muy por debajo de los 55 millones planteados por el equipo de Gobierno. Por otra parte, tampoco tenemos la seguridad que se pueda llegar a recaudar en los términos habituales debido a la merma en los ingresos procedentes de lo recaudado en concepto de plusvalías”.
Por tanto, “consideramos que hay un desequilibrio entre el gasto corriente y los ingresos corrientes. A su vez el gasto también aumenta ya que tenemos que contar con subidas exponenciales de los servicios, especialmente el gas y la luz, triplicando al menos su factura actual. Gastos procedentes de la revisión de precios de los contratos que contemplan la subida del IPC, además de las subidas de los costes en los contratos de seguridad y de limpieza, también gastos derivados del personal, ya sea por el aumento de los salarios previsto para el próximo ejercicio y por las sentencias ganadas de trabajadores que han realizado funciones de superior categoría. Además de los gastos que por acuerdo plenario han subido como por ejemplo es el caso del contrato del servicio de recogida de basuras o el gasto en seguridad ciudadana que será sensiblemente mayor al actual. Previsiblemente lo sería también el aumento del nuevo contrato de CastroBus que inevitablemente deberá ser más elevado que el vigente”.
En definitiva, “si los gastos son al menos de 55 millones y los ingresos como máximo de 33 millones, el sentido común nos dice que los ingresos no van a ser suficientes para cubrir los gastos previstos año a año. Y mucho menos para estar preparados para ayudar a los vecinos más vulnerables que ya están sufriendo los embistes de la crisis”.
Pero, en contrapartida, “el equipo de Gobierno asegura que la salud económica del Ayuntamiento es óptima, por tanto, si así lo creen será porque tienen en su haber información de la que no disponemos o, de lo contrario, no pueden seguir sosteniendo esa tesis de bonanza de las arcas municipales cuando aún ni siquiera tenemos claro cuáles serán las transferencias del Estado que recibiremos en el acumulado anual”.
