14 ABRIL 2018 /
En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial arrancó ayer el juicio a los expresidentes de las Juntas Vecinales de Mioño y Lusa, los socialistas Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por el caso de la UTE Dícido.
Son acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones.
Las dos empresas que formaban la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dícido, Sadisa y Emilio Bolado, que arrendaron unas parcelas a las Juntas Vecinales de Lusa y Mioño para la explotación de unos terrenos mineros piden penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para los dos políticos, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía solicita la absolución de los acusados.
Según informa nuestro compañero de El Diario Montañés, Abel Verano, la sesión comenzaba con una petición del abogado de Echevarría para que se apartase del proceso a una de las dos empresas de la UTE (Emilio Bolado), al encontrarse en concurso de acreedores y no haberse personado en la causa el administrador concursal, a lo que la acusación particular mostró un documento en el que el administrador concursal de Bolado se daba por informado del procedimiento y lo autorizaba.
En el interrogatorio a los acusados, el expedáneo de Mioño afirmó que “la UTE Dícido ha incumplido el contrato desde el minuto uno. Ha habido mala fe. Nos estuvieron engañando varios meses y nunca recibimos el dinero que nos tenían que depositar. Han actuado con mala intención”.
Tanto Alijo como Echevarría explicaron que el acuerdo con la UTE Dícido suponía que ésta debía entregar a la firma del contrato 700.000 euros a las pedanías (350.000 a cada una) e ingresar otros 800.000 (400.000 a cada una) en una cuenta mancomunada. “Nos entregaron los 700.000 y nos dijeron que lo otros lo pagarían en 48 horas, pero nunca lo ingresaron. La UTE incumplió su parte y por eso rescindimos el contrato. Creo que pusieron en el pliego una cantidad muy grande y no sabían como dar marcha atrás”, indicó Echevarría.
A preguntas de la acusación sobre por qué no devolvieron ese dinero recibido como figuraba el contrato en caso de no poder desarrollar el proyecto, los acusados señalaron que los técnicos no indicaron que habría que devolverlo. Sobre dónde fueron a parar los 350.000 euros que cada junta vecinal recibió (Lusa los gastó en apenas ocho días y Mioño, en un mes), Alijo y Echevarría señalaron que se destinaron “a pagar facturas y acometer inversiones, tal y como consta en la documentación”.
El juicio se reanudará el próximo viernes día 20, a partir de las diez de la mañana.
