Carmen Merino, la acusada de decapitar en Castro Urdiales a su pareja, Jesús María Baranda, cuya cabeza apareció en una caja que meses atrás había entregado a una amiga para que se la guardase, será juzgada del 7 al 18 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cantabria. El juicio será con jurado popular y se desarrollará a lo largo de diez sesiones en la Sección Tercera de la Audiencia presidida por el magistrado Agustín Alonso Roca.
Antes de ello, el viernes 4 de noviembre tendrá lugar la constitución del jurado, constituido por 9 titulares y 2 suplentes.
El lunes, día 7, arrancará la vista con los informes previstos y la declaración de la acusada. Las siguientes sesiones, las del martes 8 y miércoles 9, se centrarán en la audiencia de ocho testigos cada una. En la primera, todos serán los propuestos por las acusaciones, y en la segunda, seis de las acusaciones y dos de la defensa. Ya el jueves 10, declararán el resto de testigos de la defensa, hasta nueve.
En las siguientes sesiones se llevará a cabo las periciales médico-forense, biológica y lofoscopia (viernes 11), periciales toxicológica, informática y técnica-ocular (lunes 14), periciales técnica y técnico-policial (martes 15), para dar paso a continuación a las periciales de la defensa (miércoles 16). La penúltima sesión, la del jueves 17, se dedicará a las conclusiones, informes finales de las partes y derecho a la última palabra de la acusada, y finalmente, el viernes 18 se entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado para su deliberación.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco. El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el Ministerio Público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos. Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
