En una semana en la que la situación de la vivienda en nuestro país es noticia de primera plana, Castro Punto Radio ha celebrado su debate quincenal de concejales tratando este asunto, enfocado a las no pocas competencias que tienen los municipios en la materia.
Portavoces de los siete partidos representados en el Ayuntamiento de Castro Urdiales han expuesto sus ideas sobre cómo afrontar los retos de la vivienda desde el plano local.
Agustín Fernández (Vox) ha señalado que “la cantidad de viviendas turísticas ha crecido, y lo considero normal en esta zona, porque además la oferta hotelera es pequeña, con dos hoteles, y hasta hace poco, uno. Siempre que estas viviendas estén reguladas y paguen sus impuestos no hay problema, no hay que echarles la culpa. En este tema siempre se culpa a colectivos que no la tienen”.
Fernández ha añadido que “hace cinco o seis años este problema era el número 26 y ahora es el más importante para los ciudadanos. En la pandemia, era relativamente fácil alquilar una vivienda. El precio rondaba los 700 u 800 euros con plaza de garaje en el extrarradio, en el centro un poco más”. En este punto ha denunciado que “hay un interés excesivo por parte de la izquierda de declarar una zona tensionada, que limitaría el arrendamiento a la renta de una vivienda de alquiler: limitas la oferta y la demanda de un contrato de alquiler que siempre ha estado vigente”.
El edil de Vox ha concluido su primera intervención señalando que “en 2020 se aprobaron sucesivos decretos de prórroga de alquileres para personas vulnerables cuyos requisitos han cambiado: la declaración de vulnerabilidad ha incrementado sus criterios y te encuentras con individuos que no pagan”.
Alberto Martínez (Podemos) ha señalado que “a mí me cabrea que desde hace tiempo venimos pidiendo soluciones, pero no se ha hecho nada a ningún nivel. El mayor problema de la vivienda es que es una necesidad vital y hay presiones por un lado, especulativas y por otro, turísticas. Y ante esas presiones mucha gente se ve desplazada de su lugar de nacimiento y residencia para hacer sitio a turistas y por a la especulación, con una subida de precios que desborda a las familias y niega la posibilidad de los jóvenes a emanciparse. Esto requiere de un grupo de medidas amplio. Nosotros impulsamos la declaración de zona tensionada, y el consejero se rio y dijo que no funcionaba. Hemos intentado que el Ayuntamiento toque el IBI para las viviendas vacías, bonificar las que salen al mercado; hemos demandado la puesta a disposición de suelo para poner en marcha nuevas viviendas de alquiler asequible y promociones de vivienda social”.
A continuación, José Mari Liendo (Ciudadanos) ha apuntado que “esta batalla de unos contra otras, que va en función del color político, no beneficia para hallar una solución. El gobierno se pelea con las comunidades que no son de su color, incluso con las que sí lo son, y las comunidades autónomas con sus ayuntamientos”.
“También tenemos una inseguridad jurídica con el alquiler”, ha añadido. “Ya ha mencionado Agustín la cuestión de los pisos turísticos. En los alquileres se ve la inseguridad jurídica en que vivimos: no se incentiva que los propietarios saquen viviendas al mercado. Y por muchos beneficios que se le pueda aportar al propietario, como dice Alberto con bonificaciones, mientras haya esta inseguridad jurídica no pondrán en riesgo que sus viviendas sean ocupadas”.
Después, Carla Urabayen (PRC) ha manifestado que “tenemos que proteger a quienes están en situación vulnerable, pero también hay que propiciar que una persona que trabaja pueda acceder a una vivienda”. Asimismo, ha se ha preguntado que “¿qué pasa con esa persona que de buena fe pone su vivienda en alquiler, como dice José Mari? ¿Dónde está esa seguridad jurídica?”
Entonces, Carla Urabayen ha expresado que “a ver qué pasa con esas 1.700 viviendas del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que anunció el Gobierno de Cantabria” para la zona trasera del Parque de Bomberos, de las que 800 serían de protección oficial, “pero también el Ayuntamiento tiene que ser claro y trabajar de continuo para saber qué podemos promover, qué terrenos tenemos disponibles. Al ciudadano no le importa de quién es la competencia, sino poder pagar una vivienda”.
En su turno, Elena García (Castro Verde) ha matizado, en referencia a los expresado por Alberto Martínez en su última entrevista en Castro Punto Radio, que “tenemos (CV) la Concejalía de Urbanismo, no de Vivienda, por cierto. Nuestras normativas, nuestra capacidad de actuación y de tomar medidas válidas para nuestra ciudad cuelgan de las administraciones regional y nacional”.
“El alquiler prorrogable puede ser una medida interesante”, ha propuesto García, “está en numerosos países europeos. Hablamos de algo básico para las personas, como es la vivienda. Hay una serie de medidas asociadas a bonificaciones del IBI en zonas tensionadas. Ahora se ve la importancia, necesitamos que esa declaración de zona tensionada se produzca cuando está justificada. Para analizar los datos es muy complicado, porque no los hay datos. Si ves los portales Idealista o Fotocasa, los alquileres de temporada son un porcentaje brutal, de un 60% para arriba”.
Por su parte, Jorge Cueto, del PP, ha expresado que “me gustaría recalcar que es un problema demasiado ancho y largo, común a todos los estratos de la sociedad, como para querer simplificarlo a las siglas. Creo que es un problema que merece un pacto de Estado entre todos los partidos políticos, o cuantos más mejor, sobre todo los dos mayoritarios. La vivienda no es competencia de una sola administración. Entra la legislación nacional, la parte regional y, por supuesto, el Ayuntamiento debe aportar en su medida, aunque sea menor”.
Cueto ha añadido que “hay que llegar a acuerdos completos entre partidos políticos. Alberto da muchas medidas”, ha expresado, “pero no basta con subir el IBI, lo único que soluciona el problema es más vivienda, más vivienda y más vivienda: a más oferta, menos precio. Cuando la oferta es mínima y la necesidad es alta, se convierte en algo exclusivo”.
Ha cerrado la primera ronda del debate Gorka Linaza (PSOE) que ha manifestado que “declarar zona tensionada puede ser un primer paso. En cuanto a las competencias del municipio, sabemos que debemos tener disposición a actuar con la Comunidad Autónoma y el Estado”. En cuanto al PSIR, ha dicho que “esas 1.400 viviendas, vamos a ver qué precios salen, si es alquiler asequible de verdad. En la Comunidad Autónoma se ha hecho un Plan de Vivienda y nos hemos quedado fuera: el gobierno regional ha hecho vivienda pública, pero en Castro nos hemos quedado sin ellas”.
En sus turnos posteriores, Alberto Martínez recordaba como “el Gobierno de Cantabria aprobó en 2023 el Plan Moviva para que la administración medie entre los propietarios y quienes quieren alquilar, pero está metido en un cajón y no he oído a nadie de la mesa mencionarlo. Es cierto que construir vivienda es importante, pero eso lleva años, y no se ha empezado. Necesitamos soluciones para ahora”.
Jorge Cueto apuntaba que “ha quedado claro que el Ayuntamiento puede hacer unas cuantas cosas. Me hizo gracia que el concejal de Urbanismo dijera que lleva mucho tiempo cambiar el ordenamiento”, en referencia al Plan General. “Ha tenido que ser el PSIR del Gobierno de Cantabria quien ha decidido hacer algo”.
Agustín Fernández reiteraba que “Castro Urdiales está muy tensionada a nivel de vivienda, pero la declaración de zona tensionada que pretende la izquierda limita rentas y pone tasas. Vamos a contra corriente. El debate que hay en Portugal, que hacen desahucios exprés cuando hay una renta impagada de dos meses que pueda sacar al inquilino y que esa vivienda entre en el mercado”.
“En dos días”, añadía el concejal de Vox, “desde el anuncio de los Decretos ‘Maricarmen’, en España se ha retirado del mercado 2.900 pisos de alquiler, y desde 2021 han desaparecido 400.000 viviendas. El precio medio del alquiler ha subido más del 49%, y se puede extrapolar a Castro. Aquí, a la concejala de Asuntos Sociales, le preguntamos los datos concretos y no los dio, y cuando tramitó la regularización de extranjeros, dijo que eran 180 al día siguiente. Hemos averiguado que en Castro se practican 25 desahucios al año, es decir, 125 personas desde 2021. Todo el mundo en Castro conoce a gente que tiene un inquilino que no paga la renta”.
Elena García insistía en que “tenemos que afrontar nuestras competencias desde cada administración. En vivienda, la principal es del Gobierno de Cantabria, y ojalá fuera nuestra para declararnos zona tensionada. Asociado a ello hay mediadas que el Ayuntamiento podría tomar, pero ahora estamos atados de pies y manos”.
Sobre el Plan Moviva, la edil de Castro Verde apuntaba que “se puso en marcha en 2023 para movilizar vivienda vacía por parte del Gobierno regional, pero ha sido un fracaso. Solo ha habido 13 solicitudes en tres municipios: Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. Dicen ahora que van a sacar otro parecido”. En cualquier caso, “hay que aplicar medadas fiscales a quien especula y acapara viviendas sin justificación”.
José Mari Liendo refrendaba que “2.900 viviendas se retiraron de los portales de alquiler en todo el ámbito nacional. Alberto me ha dado la razón: la inseguridad jurídica en alquileres y en pisos turísticos está ahí. Culpables somos todos, porque todos tenemos nuestra parte de acción, pero me parece interesante que alguien me de la razón. La única propuesta que ha habido sobre la mesa es la del PSIR, porque en los últimos 20 años no ha habido una sola propuesta, no se sabe nada de VPO”.
El popular Jorge Cueto indicaba que “poner trabas al doble mercado no creemos que vaya a ayudar. Tengo datos de lugares en que han hecho intervenciones en el mercado y no han funcionado, como en Barcelona. En dos años, el mercado el alquiler cayó un 52%” tras ser declarada zona residencial tensionada. “El precio ha bajado, pero también el mercado. Berlín: un 60% menos de oferta disponible porque en 2014 puso limite al precio. En cambio, tenemos casos como el de Finlandia, que liberalizó en 1995 y aumentó su oferta un 50%”.
Como concusión, Carla Urabayen apuntaba a que “todos los partidos podemos estar de acuerdo más o menos en el problema, pero todo es muy lento, y si no hay buenas relaciones entre las administraciones no podremos solucionar el tema de la vivienda. Pero la gente debe tener esperanza, aunque no sea algo que vayamos a resolver de un día para otro”.
Elena García afirmaba que “desde el Ayuntamiento tenemos competencias urbanísticas y recursos. Desde el resto de administraciones tienen que darnos herramientas. El libre mercado funciona como funciona, debemos intervenir, pero como gobernantes tenemos que mirar el interés general”.
Jorge Cueto (PP) sentenciaba que “la gente no se deje engañar. Intervenir los mercados no es buena idea. No hay ninguna receta mágica, ni declarar zona tensionada ni el decreto Maricarmen que han puesto en marcha en 24 horas”.
José Mari Liendo apelaba a la “colaboración entre administraciones: creo que no hay otro camino. No se va a solucionar de la noche a la mañana. El intervencionismo tiene que ser el justo: tomar decisiones contra la propiedad no es lo adecuado. La base de todo esto, insisto, es la seguridad jurídica que necesitan inquilinos y propietarios para relacionarse”.
Agustín Fernandez, de Vox, recordaba como “el Tribunal de Cuentas ya multó a la alcaldesa en materia de vivienda. Se debería crear un departamento específico que haga labores de mediación. Destinar los 4.700.000 de las arcas municipales sacados de la subasta de la parcela de Cotolino, o lo que quede de ellos, para vivienda, y una mayor relación con la Comunidad Autónoma”.
Finalmente, Gorka Linaza confiaba en la convalidación de los dos Decretos-leyes este viernes en el Congreso. “En Castro, hay que marcar el municipio como zona tensionada, es un primer paso. Castro pertenece a Cantabria y necesita ayuda del Gobierno Regional. Hoy han sorteado 19 viviendas de alquiler asequible en Reinosa. Pero seguimos abriendo los brazos para que tengan en cuenta a nuestro municipio”.
En el siguiente enlace se puede escuchar o descargar el debate:
