Tal y como denuncia Castro Verde en nota de prensa, “el pasado 19 de diciembre se celebró un pleno extraordinario que trataba un único punto para abordar de manera urgente la adhesión del Ayuntamiento de Castro a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), organismo integrado en la Federación Española de Municipios (FEMP)”.
La propuesta se aprobó por unanimidad, “con el reproche de los grupos de oposición hacia el PSOE, ya que no se explicó nada del asunto más allá de que adherirse a la RECS era condición necesaria para que el Ayuntamiento pudiera presentarse a la convocatoria de ayudas a Entornos Saludables por 700.000 euros, cuyo plazo expiraba el 23 de diciembre”.
Según CV, “tampoco se explicó que de la subvención se pensaban destinar 500.000 euros para financiar las rampas/escaleras mecánicas de Sta. Catalina y 200.000 para las obras del túnel de Vizconde, información que recabaron los grupos de la oposición consultando a distintos técnicos, los cuales ya habían advertido al gobierno municipal, desde al menos el 22 de noviembre, de la necesidad de adherirse a la RECS para conseguir la subvención”.
Recientemente, tras la publicación del acta de la última Junta de Gobierno de la FEMP celebrada el 15 de diciembre (en la que se resolvía la aceptación de solicitudes de adhesión a la RECS de distintos Ayuntamientos), Castro Verde “ha descubierto que no estaba incluida la de Castro. La petición de ayudas sí terminaba el 23 de diciembre, pero previamente era necesario adherirse a la RECS y, como se explicaba en la documentación que disponía el Ayuntamiento, debía ser la Junta de Gobierno de la FEMP la que aceptara la adhesión, y ésta se reúne sólo una vez al mes”.
El resto de Ayuntamientos solicitantes (54) “se tomaron la molestia de llamar y conocieron así que la Junta se reuniría el día 15 de diciembre y tenían que celebrar su pleno y enviar el acuerdo antes, pero el de Castro no hizo ninguna consulta de los trámites, pese a conocer la convocatoria desde noviembre, y celebró el pleno el de 19 de diciembre cuando ya estaba fuera de plazo para adherirse”.
Concluye CV reprochando que “el poco rigor en la tramitación ha provocado que el Ayuntamiento pierda esos 700.000 euros de la convocatoria, que era ya la segunda ofertada por la RECS, al no haberse enterado de la primera”.
