22 ABRIL 2018 /
“Fue un engaño total desde el primer día. Los alcaldes pedáneos querían que ingresáramos el segundo pago del canon en una cuenta para quedarse con ello. Nos presionaron y amenazaron con anular el concurso si no pagábamos”.
Así de rotundo se mostró el viernes Carlos Díaz, director general de Desarrollo Corporativo de Sadisa, durante la segunda de las tres sesiones del juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra los expresidentes de las Juntas Vecinales de Mioño y Lusa, los socialistas Víctor Echevarría y Antonio Alijo, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones en relación con el arrendamiento de unos terrenos mineros a la UTE Dícido, integrada Sadisa y Emilio Bolado, que son los únicos que ejercen la acusación en el caso, puesto que la Fiscalía pide la libre absolución de los dos acusados.
Según informa Abel Verano en El Diario Montañés, en la sesión del viernes tuvieron lugar las declaraciones testificales, cinco horas en las que declararon un total de 14 personas. La mayor parte a petición de la acusación particular, que pide penas que suman 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público para Víctor Echevarría y Antonio Alijo, así como una indemnización de más de 1,25 millones de euros por los citados delitos.
La acusación particular sostiene que, en base al contrato, los expedáneos de Mioño y Lusa idearon el modo de «estafar» a la UTE y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, «en cuestión de semanas» sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según Sadisa y Emilio Bolado, la emisión y utilización «descontrolada» de numerosos cheques al portador.
Esto fue desmentido en la primera sesión del juicio por los dos acusados, y el viernes por uno de los testigos, Roberto Agudo, vocal de la Junta Vecinal de Mioño y de la mesa de contratación que adjudicó el contrato a la UTE Dícido. “Los 350.000 euros que nos dieron tras la firma del contrato se ingresaron en la cuenta de la Junta Vecinal y se destinaron a gastos de la pedanía y el pago de facturas pendiente. El contrato con la UTE se resolvió porque no ingresaron los otros 800.000 euros del canon inicial (400.000 para cada pedanía) y porque no había voluntad de ejecutar el contrato”.
Tras esta declaración se produjeron las de los representantes de la UTE. David Díaz, como representante de la UTE dijo que si no hicieron efectivo el segundo pago de 800.000 euros del canon inicial fue “porque no nos entregaron una hipoteca de los terrenos y porque la cuenta donde había que despistar el dinero no era indisponibles ni mancomunada como se había acordado en el contrato”. Tras señalar el fiscal que la entidad bancaria había certificado que la cuenta era mancomunada, como así confirmó ayer la empleada del BBVA que creó la cuenta, Díaz respondió que ese certificado “era falso, como se ha visto en instancias judiciales anteriores”.
En esta misma línea se pronunció después Juan Carlos Pardo, entonces director técnico de Emilio Bolado: “los alcaldes no estaban a que se sacara adelante el contrato, sino a recibir el segundo pago, era su única preocupación”.
Pardo aseguró que en una reunión con los pedáneos, estos les “amenazaron con incautar los avales depositados, si no realizaban el segundo pago. Les dije que nos estaban robando. Al cabo de un rato, Alijo nos dijo que se podía arreglar lo de los avales y nos pidió un pago de 70.000 euros para las fiestas del pueblo. Nosotros no habíamos incumplido el contrato”.
