La sección sindical de APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos) informa en nota de prensa que el Ayuntamiento de Castro ha vuelto a ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), imponiéndole además las costas, tras demanda interpuesta por APLB, para la protección de sus derechos fundamentales.
La sentencia “es demoledora”, señala el sindicato. En ella, “la Sala de lo Contencioso Administrativo expresa ser de la misma opinión que APLB y afirma que se ha vulnerado su derecho a la negociación colectiva”. Y es que, “el Consistorio lleva años negándose a constituir la Mesa General de Negociación del personal funcionario, vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 34 la establece como preceptiva en la Administración Local. Por contra, todo asunto sujeto a negociación colectiva se deriva a la mesa de asuntos comunes al personal funcionario y laboral (artículo 36.3), donde APLB no está presente al no tener representación en el ámbito de los laborales, sólo en Policía Local y Bomberos que son personal exclusivamente funcionarial”.
Esto hace que, “de facto, eliminen la participación sindical de APLB, y por extensión de todos sus afiliados, vulnerando sistemáticamente durante años sus derechos reconocidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical”. El TSJC deja claro que “una interpretación globalizadora como la que la Administración sostiene, conllevaría la generalización del artículo 36.3 y el destierro o practica eliminación de la del 34, lo que abriría la puerta a la exclusión generalizada de la negociación a los sindicatos que, teniendo representatividad suficiente en el ámbito funcionarial, no la hayan obtenido en el laboral”.
Asimismo establece que “dada la definición y regulación que de las distintas mesas de negociación hace el Estatuto Básico del Empleado Público y las diferencias que, en lo tocante a los requisitos de participación en las mismas se establecen, ubicar un asunto en un mesa cuyo ámbito material no lo incluye lesiona la libertad sindical de los sindicatos que no participan en dicha mesa y sí lo hacen en la que sería competente para tratar el asunto: resulta obvio que dicha, llamémosla, desviación competencial impide a los sindicatos afectados ejercer su derecho a la negociación colectiva. Consecuentemente, el acto impugnado vulnera la libertad sindical en el aspecto del derecho a la negociación colectiva de la demandante/apelante”.
APLB recuerda que solicitó en múltiples ocasiones al Gobierno de CastroVerde, la constitución de esa Mesa y lleva un año haciéndolo con el nuevo equipo de gobierno, “sin respuesta”.
Lo exigió para negociar la integración en el Ayuntamiento de los funcionarios de Bomberos, ante la advertencia de iniciar acciones legales. “Sólo entonces se constituyó la Mesa que, nada más iniciar su primera sesión, fue abandonada por los sindicatos UGT y CSIF, que se levantaron argumentando que ese asunto debía negociarse en la Mesa con el personal laboral y, por tanto, sin la presencia de APLB, levantando la sesión la entonces concejala de Personal Elena García y no volviéndose a convocar nunca”.
APLB lo impugnó ante los Tribunales y ahora el TSJC en su fallo lo declara nulo “por vulnerar el derecho a la negociación colectiva de la asociación demandante”.
El actual equipo de Gobierno “continuó con esa negociación nula, dejando al sindicato de Policía Local y Bomberos al margen. APLB explicó a la alcaldesa la situación y las alternativas planteadas por nuestro servicio jurídico para reconducir la situación y retirar la demanda. No obtuvimos respuesta alguna”.
Según este sindicato, “la vulneración de derechos sindicales en este Ayuntamiento alcanza cotas alarmantes. A APLB se le niega la información y documentación de asuntos relativos a Personal que se facilita a otros sindicatos, incluso documentos tan importantes como el anexo de personal. Tras múltiples protestas ante CastroVerde, los últimos meses de la pasada legislatura comenzamos a recibir documentación al admitir la Secretaria municipal verbalmente nuestro derecho. Lamentablemente, hace prácticamente un año hemos vuelto a dejar de recibir toda documentación de las materias que deben someterse a negociación colectiva. Incomprensible, tras las declaraciones e intenciones manifestadas antes y durante la campaña electoral”.
Señalan que “aún más grave es que, tras interponer APLB la demanda, se han realizado varias modificaciones de la plantilla de plazas y de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento, con negociaciones como la declarada nula por el TSJC, llevando los acuerdos a Pleno y publicándolos en el Boletín Oficial de Cantabria”.
Si a esta “vulneración continua de derechos a APLB, unimos la reciente sentencia condenando al Ayuntamiento tras una demanda por acoso laboral interpuesta por uno de nuestros representantes sindicales, tenemos una imagen clara de lo que viene sucediendo. Son seis años de acción sindical que no parecen gustar a algunos políticos, técnicos y miembros de ciertos sindicatos, que vieron perder parte importante de su afiliación al crearse nuestra sección sindical. Seis años visibilizando las enormes carencias de una Policía Local en pleno desmantelamiento y con un desastre organizativo. Seis años solicitando la extinción del Organismo Autónomo de Bomberos y una dotación adecuada, tanto en medios humanos como materiales, así como unas retribuciones adecuadas al trabajo que desempeñan”.
Insiste APLB en que “no se acepta la entrada de aire fresco en las mesas de negociación del Ayuntamiento, pero seguiremos tratando de llevar nuestras propuestas y nuestras denuncias, acudiendo a los Tribunales cuando lo consideremos necesario. Así lo haremos mientras sigamos contando con el respaldo del personal funcionario, como nos demostraron en las últimas elecciones sindicales en las que obtuvimos un gran resultado”.
