“Cantabria no va a declarar zonas tensionadas ni ahora ni nunca. Creemos que esa es una medida muy dañina y que solo va a perjudicar a los ciudadanos”.
Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, avalando esta decisión con las conclusiones y los datos de un estudio elaborado por el departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria (UC) que señala que “esta medida es improcedente, injusta y dañina”.
“La solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, ha destacado.
Recordemos que el pasado 26 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales aprobó una moción presentada por Podemos en la que se solicitaba “instar al Gobierno de Cantabria a realizar un estudio exhaustivo y completo donde se analicen si se cumplen todos los requisitos para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado”.
En este sentido, como prioridades del Gobierno de Cantabria, el consejero ha enumerado la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible.
Media ha asegurado que la declaración de zonas tensionadas en el mercado del alquiler prevista en la Ley estatal de Vivienda “dificulta el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos”, según se recoge en los resultados de la investigación.
“Los controles de alquiler no abaratan la vivienda de manera efectiva, lo que hacen es reducir la oferta, deteriorar la calidad del mercado y crear nuevos problemas sociales y económicos”, ha señalado.
Entre las conclusiones del estudio, el consejero ha indicado que la aplicación de zonas tensionadas ha producido una reducción de la oferta de alquiler, argumentando que “los propietarios retiraron las viviendas del mercado porque las condiciones económicas dejaron de ser viables”.
Otras conclusiones citadas han sido que “no existe contención de precios en las zonas declaradas tensionadas; aumento de precios en áreas limítrofes; aparición de contratos irregulares y selección arbitraria de inquilinos, generando situaciones desigualdad e inseguridad jurídica; menor movilidad laboral ante la dificultad de encontrar vivienda en condiciones económicas viables; e impacto en la calidad, ya que el control de precios desincentiva la inversión en mantenimiento de la vivienda”.
El consejero ha concluido que “tras el estudio realizado por la UC, la aplicación de zonas tensionadas tiene graves consecuencias sobre el mercado del alquiler”.
La solución “no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, destacando que “solo en Cantabria tenemos más de 50.000 viviendas vacías porque los propietarios tienen miedo a alquilar”.
En este sentido, como prioridades del Gobierno de Cantabria ha enumerado la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible; incentivar fiscalmente a los pequeños propietarios que ponen su vivienda en alquiler; fomentar la colaboración público-privada para nuevas promociones en alquiler social; y reforzar los programas de ayuda directa al alquiler para familias con más dificultades.
“Más oferta, más incentivos, más soluciones reales y menos intervención ineficaz”, ha resumido el consejero.
Según ha indicado, “si reducimos la oferta de alquiler en Cantabria, lo que conseguiremos será expulsar a nuestros jóvenes, dificultar la movilidad laboral y ahogar la vitalidad de nuestros municipios”.
Además, ha recordado que “la declaración de zonas tensionadas implica nuevas cargas a los propietarios en aspectos jurídicos y fiscales”, considerando que “se trata de un intervencionismo excesivo, que penaliza a quienes ponen viviendas el alquiler de manera legal y responsable”.
