3 AGOSTO 2018 /
Una vez se liciten las obras de demolición del Hotel Miramar, que el responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria ha señalado que “se publicará en breve en el Boletín Oficial del Estado”, un posible indulto para el edificio “será aún más difícil”.
En declaraciones a Castro Punto Radio, José Antonio Osorio, ha recordado cómo los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan partidas económicas para el derribo (unos 500.000 euros) y para abonar la indemnización a la familia propietaria de parte de los terrenos sobre los que se asienta el Miramar. El valor estimado de esos terrenos realizado por la administración rondaba los 600.000 euros, pero “el asunto se encuentra en el Juzgado de Expropiación porque los propietarios han reclamado una cantidad superior”.
No obstante, la licitación de las obras de demolición no tendría que esperar a la resolución de este proceso judicial porque “lo que permite la expropiación forzosa por el sistema urgente es que, una vez se realizaron los depósitos previos en base a esa valoración de la administración, se pudo llevar a cabo el acta de ocupación a mediados del pasado mes de enero”.
Con todo, la licitación podrá publicarse teniendo en cuenta que “se dispone ya de la totalidad de los terrenos, tras ejecutar las actas de ocupación del expediente de expropiación y después de contar con la disposición económica una vez se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado”.
Osorio ha recordado cómo “hay un acuerdo del Consejo de Ministros que decretó la expropiación por el sistema de urgencia, motivada por el estado en el que se encontraba el edificio del Hotel el verano pasado, con caída de cascotes y peligro para los ciudadanos”. De hecho, “la administración ha invertido este verano unos 30.000 euros para asegurar el inmueble”.
En este momento, un posible indulto para el Miramar “es decisión de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, como órgano responsable de la gestión del dominio público marítimo terrestre”. En cualquier caso, esa salvación se antoja complicada porque “lo conveniente es que se hubiera hecho antes del pago de los depósitos previos de la expropiación, dado que es un expediente finalista. Si la obra se licitara y se ejerciera el contrato, sería cada vez más difícil tomar la decisión de un posible indulto”.
Para terminar, ha recordado cómo “la Demarcación de Costas siempre ha estado abierta a buscar un uso compatible, si alguien estaba interesado, para la explotación del edificio, pero a lo largo de este tiempo no ha aparecido”.
