24 MARZO 2015 /
La Fiscalía ha rebajado la acusación contra el exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza, y el exprimer teniente de alcalde José Miguel Rodríguez López, para los que ya no pide un año de prisión por el alquiler irregular de dos lonjas, sino sólo penas de inhabilitación especial para cargo público, en concreto nueve años para Muguruza por un delitocontinuado de prevaricación administrativa, y siete años y nueve meses por prevaricación a Rodríguez, como cooperador necesario.
En la recta final del juicio que se ha celebrado ayer y hoy en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones y ha suprimido el delito de tráfico de influencias del que les acusó inicialmente.
La Unión, que ha ejercido la acusación popular, ha mantenido su postura inicial y ha pedido una condena de 14 años y nueve meses de inhabilitación especial para Muguruza por dos delitos de prevaricación continuada, y un año de prisión y siete de inhabilitación para ‘KyK’ por tráfico de influencias y prevaricación.
Mientras tanto, las defensas han pedido la libre absolución de Muguruza y Rodríguez López, la imposición de las costas a la acusación popular, y el levantamiento de las trabas sobre los bienes y derechos de los acusados.
En su declaración final, Muguruza ha recalcado que ninguno de los dos propietarios de las lonjas en cuestión eran amigos suyos, “y desde luego no obtuve ningún beneficio personal”. Ha vuelto a defender la gestión del equipo de Gobierno destacando que respondía a una “lógica interna”, que era resolver el problema de los bomberos.
Y en este sentido, ha asegurado que la decisión sobre las lonjas “no fue caprichosa en ningún momento” ni resultó “injusta”, ni en términos económicos ni para los ciudadanos. “Si para solucionar los problemas municipales se hiciera solo con leyes y técnicos municipales, no necesitaríamos políticos ni democracia”, ha dicho el exalcalde visiblemente emocionado.
Hoy ha testificado también la perito judicial que realizó el informe caligráfico sobre el manuscrito en el que, presuntamente, Rodríguez López informaba al departamento de Contratación de que podía iniciar el proceso de alquiler, cuando aún no lo había acordado la Junta de Gobierno.
Esta técnico no ha podido aclarar si las fechas que figuran en ese documento fueron modificadas, como alega la defensa del ex concejal de Hacienda, que asegura que se modificó la fecha en la que el edil dio la orden a Contratación. Mientras en ese papel consta el 25 de agosto, Rodríguez López asegura que él lo entregó el 3 de noviembre, fecha en la que la Junta de Gobierno decidió adjudicar el alquiler.
Visto para sentencia, por tanto, el juicio contra estos dos expolíticos.
