La moción de Vox en el Parlamento de Cantabria que pedía el cierre de los centros de menas de Mioño, Cartes y Santander ha sido rechazada con 31 votos en contra y solo tres a favor, los propios de Vox.
Leticia Díaz (en la imagen), que exponía la moción, señalaba que “a los vecinos de Castro Urdiales, Mioño, Cartes o Santander no les mueve ni el odio ni el rechazo irracional hacia ningún extranjero, como ustedes intentarán decir en sus réplicas. Les mueve la inseguridad en sus calles y el Gobierno de Cantabria opera en esta materia bajo una opacidad sistemática”.
Díaz explicaba que “el 50% de los menores que se someten a las pruebas de edad resultan ser adultos, y expertos en inmigración advierten de que algunos de estos menas tienen edades superiores a 20 años. Esta no es una crisis de protección a la infancia, es una estrategia de inmigración ilegal subvencionada. Permitir que un adulto de 23 años comparta recursos y tutela con menores es una verdadera negligencia administrativa y un fraude de ley que ustedes alimentan con el dinero de los cántabros”.
Leticia Díaz informaba de que “en Castro Urdiales hubo intervenciones por fugas y altercados este pasado fin de semana. Las huidas del centro de Mioño obligan a movilizar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local”. A continuación se dirigía al PP: “Dijeron que se oponían al reparto de menores, pero modificaron la ley para rebajar los estándares de calidad de los centros donde alojarlos. Aún estamos a la espera de saber cuánto ha costado la adquisición del chalet de Castro Urdiales”.
Finalizaba afirmando que “si son adultos en la mitad de los casos, no deben estar en centros de menores, y si son menores, deben estar con sus familias, que están en su país de origen; y si no tuvieran, en los centros sociales de su país. Dejemos de tratarlos como mercancía: cumplamos la ley y no cerremos los ojos ante la realidad”.
La primera réplica era de Nórak Cruz, del PSOE, que señalaba que “Vox no trae una propuesta seria, sino un panfleto alarmista. No estamos hablando de inmigrantes ilegales, como repiten para deshumanizarlos, sino de menores de edad bajo protección pública. Ustedes hacen política con el odio y la mentira y no quieren soluciones: hablan de expulsión, repatriación y fronteras como si habláramos de un problema policial y no de protección social”.
Continuaba Cruz que “hay menores que han perdido a sus familias, que huyen de la violencia y que corren peligro si vuelven a sus países. Ustedes no solo manipulan la ley, sino la ciencia. En cuanto a las pruebas de edad, son altamente falibles. El gobierno presupone la minoría de edad para los menores llegados, que no serán sometidos a estas pruebas si tienen documentos. Del pequeño porcentaje que no tienen esos documentos es de donde usted saca ese 50% de adultos”. Y concluía que “votaremos en contra con total rotundidad porque quieren criminalizar a los menores y convertir la xenofobia en argumento político”.
Ana Obregón, del PRC, adelantaba en su turno que “votaremos en contra. Cantabria no tiene un problema migratorio: según el INE, apenas tenemos un 7% de población extranjera frente al 12% nacional. Además, esta es una de las comunidades autónomas más seguras de España según el Ministerio de Interior. Lo que dicen de reforzar la seguridad para devolver la tranquilidad a los vecinos presupone un problema que no existe”.
El PP, por parte de Alejandro Liz, recriminaba a Leticia Díaz que “da datos muy genéricos que no se corresponden con la situación de Cantabria”. En cualquier caso, añadía que “rechazamos la regulaciones masivas y estamos a favor de las vinculadas al empleo y a la integración real. Un gobierno que regulariza en masa no ataja las causas del drama, sino que las cronifica. No compartimos muchas de las propuestas, banales y demagógicas; pero estamos de acuerdo en que es vergonzoso el reparto de menores a las comunidades autónomas. También estamos de acuerdo en repatriar a quienes delincan, en una inmigración controlada que respete nuestras leyes y costumbres, y estamos de acuerdo en adaptar la legislación nacional a ese nuevo reglamento europeo”.
Sin embargo, Liz se preguntaba “¿qué hacemos con los que ya están aquí? ¿Los echamos al mar? ¿Los dejamos vagando por las calles? Hay que cumplir la ley, no se pueden cerrar los centros porque sí. Por eso no podemos votar a favor de su proposición no de ley (PNL). Estamos de acuerdo con ustedes en algunas cosas, peros siempre meten otras que impiden que votemos a favor”.
En su segundo turno, Leticia Díaz manifestaba que “es miserable que estos jóvenes, la mayoría mayores de edad, se queden en la calle. ¿Usted cree que unos meses de tutela son suficientes para ayudarlos?”, le decía a Nórak Cruz. “Quedan al albur de las mafias: es un escándalo los centenares de ellos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están recogiendo todos los días”.
Finalizaba que “hay que preservar la vida, que no acaben en el mar, que no dependen de esas mafias y que no vivan en el desarraigo: que convivan con sus familias o en los servicios sociales de su país”.
