MÁS CASTRO PODRÍA PRESENTAR UN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN LOS TRIBUNALES CONTRA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE LA FÁBRICA DE LOLÍN

21 AGOSTO 2017 /

Tras el rechazo de los recursos de alegación presentados a la aprobación inicial de Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro y la empresa Conservas Lolín, para su traslado al Polígono de Vallegón y recalificación de la fábrica actual de Brazomar para la construcción de un centro comercial, el concejal de MásCastro, Demetrio García, en declaraciones a Castro Punto Radio, lo tiene claro: “Pienso que va a acabar en un Contencioso, y así lo dije en la Comision, ya que no entiendo que el técnico del Ayuntamiento no haya querido entrar en el fondo del recurso, ni en lo que se pedía. En mi caso, que me entregaran toda la documentación de esos metros, que no sé si son de la empresa o del Ayuntamiento, eso habrá que verificarlo, pero quiero que se me aclare”.

Lo que pone en duda Demetrio García, que es lo mismo que reclama el partido político Equo Cantabria, es una diferencia en la superficie que se va a recalificar. En el Registro de la Propiedad, la empresa Lolin tiene 5.675 metros cuadrados, y realmente la finca tiene 6.178 metros, “entonces ahí faltan 500 metros, que dicen que en su día se los compensó el Ayuntamiento por una deuda. No sabemos cómo, pero yo quiero que se me demuestre. Si se documenta, pues bien, pero entonces, ¿dónde está la escritura pública de ese terreno?”, se preguntaba el edil de Más Castro.

La manera de presentar el Contencioso se está estudiando, si se hará individual o conjuntamente entre quienes han formulado alegaciones: la familia del exedil César Barco, Equo o el propio Demetrio García.

El edificio de la fábrica tiene, según Demetrio García, cargas hipotecarias, “más de 6 millones de euros, según el Registro de la Propiedad. A esos bancos no se les ha notificado para que lo autoricen, ya que igual no les conviene. Hay jurisprudencia que indica que tiene que ser así, aunque los técnicos dicen que va vinculado a la modificación puntual del Plan”.

Una modificación que siembra también dudas en el edil de MásCastro: “¿quién la va a encargar? ¿la va a hacer el Ayuntamiento con medios propios, o se va a encargar a una empresa externa? ¿y quién la pagaría? Yo tengo noticia de que se va a externalizar, entonces ¿quién lo va a paga?”, insistía Demetrio García, que lamentaba como no lo pudo preguntar en la Comisión del viernes, ya que no había apartado de Ruegos y Preguntas.

En cuanto a la postura de los dos partidos que apoyaron el viernes, en Comisión Informativa, el rechazo a las alegaciones al Convenio urbanístico, Más Castro entiende el voto del PRC, “aunque su postura no la puedo compartir. Pero lo que no entenderé nunca es el discurso que tenía CV de defender los intereses de los castreños, y ahora parece que este convenio a quien más interesa es a CV, ellos verán con qué argumentos. Si estuvieran en la oposición, hubieran pedido más documentación que lo que he pedido yo, pero parece que les convence mucho esto”.

Sobre los motivos esgrimidos por el equipo de Gobierno para promover este Convenio, Demetrio García dudaba del interés medioambiental del proyecto, “¿entonces Ashland y Herrán & Díez?”. Y también mostraba objeciones al argumento del mantenimiento de los puestos de trabajo: “En este convenio no se obliga a mantener los empleos durante un periodo determinado. No dice nada de eso. Es que la fábrica de Vallegón puede abrirla mañana y cerrarla al día siguiente, y los puestos de trabajo los podría echar haciendo una regulación de empleo, el Convenio no obliga nada a la empresa Lolin”.

Finalmente, el concejal de MásCastro ha desvelado que, “a día de hoy, el Convenio está suspendido cautelarmente, ya que presenté el recurso el 30 de julio, y no se me va a contestar hasta que llegue el Pleno, ya que la Comisión no es vinculante. Como yo pedía en el recurso la suspensión cautelar, lo está hasta que no se rechacen los recursos en la sesión plenaria del 29 de agosto”.

En cualquier caso, la aprobación pública del Convenio está, en estos momentos, en periodo de exposición pública, “y si cualquier ciudadano presenta una alegación, tendría que volver de nuevo a Pleno”, concluía García.

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