La última campaña de ‘Neumáticos Insolidarios’ desarrollada por Adicas el pasado sábado arrojó un importante aumento en el número de vehículos mal estacionados en general o en espacios reservados para personas con discapacidad. De hecho, el número de infracciones detectadas alcanzó las 34 frente a las 11 del pasado año 2019.
Además de esto, los participantes en la campaña observaron un problema que este año “ha sido especialmente preocupante” y es el que tiene que ver con “la ocupación por parte de terrazas de hostelería, que reducen considerablemente el espacio para el paso de peatones en general pero, fundamentalmente de sillas de ruedas”. Así lo ha señalado en Castro Punto Radio la presidenta de Adicas, Pilar Antolín. Ha dejado claro que “nadie tiene la culpa de la situación sanitaria y económica que estamos atravesando y, en este sentido, entendemos a los hosteleros y comerciantes, pero queremos que nos entiendan también a nosotros porque no tenemos otra manera de pasar”.
Ha trasladado que el sábado “detectamos zonas en las que antes no había terrazas de hostelería y ahora sí, u otras en las que antes había mesas a un lado de la calle y ahora las hay a los dos”.
Como es habitual, varios miembros de la Corporación municipal participaron en esta campaña, entre ellos, la alcaldesa, Susana Herrán, y los concejales de Movilidad, Alejandro Fernández, y de Asuntos Sociales, Leire Ruiz. “Pudieron comprobar en primera persona esta situación y me imagino que se pondrán manos a la obra y tomarán decisiones al respecto para hacer compatibles las terrazas con el paso de personas con movilidad reducida”.
Al margen de este asunto, Antolín se ha referido al “uso fraudulento” que algunos ciudadanos hacen de las tarjetas para estacionar en plazas reservadas a personas con discapacidad. “Somos realistas y en Castro hay un gran problema al respecto”. Ha recordado que “esta tarjeta es un documento acreditativo, personal e intransferible, que autoriza a sus titulares a estacionar en zonas reservadas”.
La adquisición de la misma se tramita en el Ayuntamiento y, para ello, “es necesario un documento del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que acredita que la persona solicitante tiene movilidad reducida”. Se da la circunstancia, además, de que “tienen una caducidad de 10 años y, durante ese periodo, no se sigue ningún control. Incluso la puede haber sacado una persona, después fallecer y se sigue usando”.
Ha lamentado que “casi todos conocemos a alguien que la está usando fraudulentamente” y ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad de los infractores y también a la concienciación de los ciudadanos en general para que denuncien en caso de observar alguna irregularidad”. Y es que, “es complicado que la Policía Local pueda coger a estos infractores in fraganti mientras están haciendo uso de la tarjeta para estacionar en zona reservada cuando no tienen ninguna discapacidad”.
Por parte de la asociación “vamos a tratar de hacer todo lo posible y estamos en ello. El próximo lunes tendremos una reunión con la concejala de Asuntos Sociales para, entre otras cosas, intentar coordinar medidas que permitan llevar un control más exhaustivo, porque creo que se puede estar un poco más encima”.
