El concejal del PSOE, Pablo Antuñano, ha valorado en Castro Punto Radio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que desestima el recurso de Conservas Lolín contra los plenos que rechazaron la modificación 23 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso, de industrial a comercial, del suelo en el que se ubica la fábrica.
Ha afirmado que, “por fin se deja claro que actuábamos conforme a la Ley y los concejales que defendíamos la no aprobación de la modificación podemos estar un poco más tranquilos porque se nos llegó a amenazar con que tendríamos consecuencias también en lo personal si no apoyábamos la modificación”.
Ahora, “la noticia es que se nos da la razón a los que defendíamos que el Ayuntamiento estaba actuando por los intereses municipales y que había un concejal del PRC, Jesús Gutiérrez que, desde su cargo público, intentaba impulsar esta modificación para solventar los problemas empresariales por los que atravesaba su fábrica”.
Antuñano se ha detenido en dos puntos clave que recoge la sentencia. El primero de ellos, el hecho de que “ninguna de las cláusulas del convenio urbanístico firmado entre la empresa y el Ayuntamiento en la pasada legislatura obligaba a aprobar la modificación del Plan General”. Ha defendido que, “desde el PSOE siempre hemos mantenido la misma postura sobre este asunto. Y es que, apercibiendo que había cuestiones medioambientales y de no cumplimiento del convenio, teníamos serias dudas de que esa modificación tuviera todos los parabienes para llegar a buen puerto. Ahora la sentencia avala esos extremos”.
En este punto ha mencionado el segundo aspecto clave de la sentencia, que habla de que “se dan razones medioambientales, urbanísticas, de seguridad para las personas y económicas, a la hora de votar la no aprobación de la modificación puntual nº 23 del PGOU”.
Antuñano ha insistido en que “había informes sectoriales que apercibían de esas dudas que nosotros también veíamos y que eran nuestra motivación para abstenernos en la aprobación. Ratifica cada uno de los postulados que defendíamos”.
Se ha congratulado de que este proceso haya terminado y ha pedido al PRC “que cese en las actitudes de difamar y embarrar el escenario político que venían manteniendo en los últimos tiempos. Que paren porque no están buscando el interés del ciudadano, sino el personal del gerente de Conservas Lolín, que vino al Ayuntamiento a defender los intereses de su empresa”.
Precisamente Jesús Gutiérrez, en declaraciones a la prensa regional, ha firmado que “la fábrica tendrá que cerrar sus puertas por una decisión política”, ligando la viabilidad económica de la empresa a la modificación del Plan General y al dinero que conseguiría vendiendo el actual edificio para centro comercial.
Al respecto, Antuñano se ha mostrado “estupefacto porque ahora, la mala gestión empresarial de una persona se cargue al Ayuntamiento. Gutiérrez pretende ocultar una mala gestión empresarial y ahora somos responsables de que cierre la fábrica después de 65 años de trayectoria. Es un giro de tuerca más en la locura que se ha instalado en el portavoz regionalista”.
Además, “utiliza a las familias de los trabajadores de esta empresa, que es lo más deleznable. Culpar al Ayuntamiento de que se queden sin trabajo, cuando el único problema es su mala gestión empresarial. Ningún Consistorio es responsable de que cierre ninguna empresa y no podemos hacer urbanismo a la carta. Estamos para defender los intereses de todos los ciudadanos y no a una empresa en concreto”.
