El Ayuntamiento de Castro Urdiales va a exigir a la UTE GICSA COBOSA, adjudicataria de la primera fase de las obras de saneamiento en la Junta Vecinal de Santullán, “que determine esta misma semana si tienen alguna intención de finalizar los trabajos que tienen contratados”.
Así lo desvelaba el concejal de Obras, Alejandro Fernández, en Castro Punto Radio. “Si no es así, nos obligarán a ir por el camino de la rescisión del contrato. Ese camino no es rápido de tramitar y por eso siempre hemos intentado evitarlo, ya que las obras que quedan por ejecutarse se podrían hacer en menos de un mes”.
En cualquier caso, el consistorio ya ha abierto un expediente de restauración de la legalidad. “Esto ya no es político, son informes que van a mirar los técnicos en el lugar, para ver lo que corresponde a la obra contratada por el Ayuntamiento, y lo que son obras adicionales. Esas obras adicionales hay que exigir que se hagan con la legalidad, con la oportuna licencia municipal, que no se solicitó ni por la empresa constructora ni por la junta vecinal”.
Recordemos que la empresa adjudicataria de la Fase 1 de las obras de saneamiento de Santullán reclamaba al Ayuntamiento 86.000 euros por trabajos que ha realizado y que no estaban incluidos en el proyecto, 10.000 de ellos “que sí reconoce la dirección de obra porque tienen que ver con el saneamiento,” pero el resto, unos 76.000 euros, “no tienen que ver con estos trabajos y, por tanto, el Ayuntamiento no está dispuesto a abonarlos”.
Indicaba Fernández que “la empresa reclamaba unas obras adicionales al propio contrato, obras ‘alrededor del saneamiento’. Nos sorprendió en la Comisión Informativa de hace un mes que los integrantes del PRC, entre los que estaba el alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta, fueron los que indicaron que se hicieron una serie de tratos entre la junta vecinal y la empresa para hacer una serie de obras adicionales (un parque en la zona del Campillo), de las que ellos mismos reconocieron que eran promotores”.
Los trabajos siguen parados desde hace varias semanas: “la empresa, por propia decisión dejó de hacer las obras cuando faltaban por ejecutar las de abastecimiento de agua. El Ayuntamiento ha reclamado que tiene la obligación de acabarlas. Esto podría traer sus consecuencias para el Ayuntamiento y en cualquier consecuencia económica que tenga la mala praxis de la empresa contratista se actuará conforme a la Ley de Contratos”, concluía el edil de Obras.
