13 JUNIO 2018 /
El calendario escolar de Cantabria para el próximo curso 2018-2019 contempla tres días más lectivos, con lo que pasa de 175 a 178, así como jornada reducida en una hora en tres semanas de junio y septiembre, mientras que en las otras tres el horario será completo.
Este calendario escolar, que ha determinado la Consejería de Educación sin el acuerdo de la Junta de Personal Docente, que ha anunciado que mantiene convocatoria de huelga para los días 14 y 20, supone que el inicio del curso se adelantará en un día, comenzando el 7 de septiembre en lugar del 10, y que serán lectivos dos días que en la anterior propuesta de calendario figuraban como vacaciones de Carnaval. También en Secundaria habrá dos jornadas de clase más.
El resto del calendario permanece como estaba. El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, se ha remitido a los dos informes jurídicos, uno de la asesoría de la Consejería de Educación y otro de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, que ponían de manifiesto que el actual calendario escolar de esta Comunidad no se ajustaba a la normativa estatal.
Para conseguirlo, la Consejería ha presentado tres propuestas, aprobando finalmente la que considera “más adecuada”. “Ha sido un proceso muy largo que a estas alturas creemos que hay que cerrar”, ha subrayado su titular al término de la mesa sectorial, que se ha prolongado casi hora y media.
De este modo, el calendario escolar tendrá tres semanas de jornada reducida en una hora, frente a la hora y media que existía hasta la fecha. “Todas las comunidades donde hay reducción es de una hora”, ha defendido el consejero al respecto.
En concreto, serán las dos primeras de septiembre, “para que los maestros tengan el máximo tiempo para labores de programación y organización del curso”, y la última semana de junio, para favorecer las tareas de evaluación y “mitigar el cansancio acumulado”. Las otras tres semanas (dos de junio y una de septiembre) tendrán jornada completa.
Los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, AMPE, CCOO y UGT) han acusado a esta Administración de “generar un problema donde no lo había” y de utilizar un informe “no vinculante”, a lo que el consejero ha replicado que los informes jurídicos “no pueden ser obviados ni legal ni ética ni moralmente”.
