En una nota de prensa, Castro Verde hace un relato del proceso judicial que ha desembocado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) publicada esta semana en la que se desestima el recurso de Conservas Lolín contra los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Castro que denegaron la aprobación definitiva de la modificación puntual 23 del Plan General (PGOU) para cambiar el uso del suelo de la actual fábrica de Brazomar.
Según esta Sentencia, dice CV, “el Ayuntamiento no está obligado a aprobar la modificación del Plan General según lo establecido en el Convenio Urbanístico con la fábrica. Algo que CastroVerde ya advirtió hace más de un año: no se trata de obligación, sino de que no existe impedimento legal para aprobarlo al contar con todos los informes favorables y que, además, la actuación garantiza el interés general al dar cumplimento a un convenio que fue avalado por el mismo Tribunal”.
Para la formación política castreña, “lo que dice la sentencia resulta intrascendente para el problema de fondo. Se trata de la voluntad política y no de obligación”.
Así lo defendió CV en el pleno celebrado el 4 de febrero de 2020 “y pese a las excusas del PSOE para no aprobarlo, en la fase judicial el Ayuntamiento ha basado su oposición a la demanda en la potestad de planeamiento, esto es, la decisión política del pleno en materia urbanística. El Ayuntamiento no se ha apoyado en la supuesta inundabilidad de la parcela. Incluso cuando la alcaldesa declaró ante el juez Acayro no aludió a la recurrida excusa y el abogado municipal justificó la decisión de no aprobar la modificación del PGOU de la fábrica en una decisión política”.
Reconoce Castro Verde que el Ayuntamiento no tenía la obligación legal de aprobar la modificación del Plan General, aunque sí los políticos: “aunque no tenga impedimento legal para aprobar la modificación del PGOU que daría cumplimiento a un convenio urbanístico avalado por el TSJC, obteniendo instalaciones y una importante infraestructura peatonal-ciclista, y evitando que una empresa con 50 trabajadores quiebre, llevándola a Vallegón, y se desarrollaría una actividad comercial en Brazomar, el Ayuntamiento no tiene obligación legal de aprobarlo. Pero los políticos sí, ya que deben hacer todo lo que legalmente esté en su mano para crear, o al menos preservar, el empleo en nuestro municipio. El PSOE incumple este código deontológico básico de quien quiere representar a sus vecinos, por mucho que se escude en jerga jurídica”.
Finaliza CV recordando al equipo de gobierno que “el Ayuntamiento justifica su negativa a aprobar la modificación que llevaba años tramitándose porque la ordenación urbanística, es decir el futuro de la ciudad, responde a los criterios políticos de quien gobierne y está sujeta a cambios tras las elecciones. ¿para qué entonces el cacareado Plan Estratégico? Argumento que hace aguas la seguridad jurídica y la confianza empresarial hacia el consistorio; con estos antecedentes ¿qué empresa de entidad va a querer instalarse en Castro?”.
Foto: momento del pleno del 4 de febrero de 2020 en el que únicamente el PRC y CV apoyaron la modificación del PGOU relativa al Convenio de Lolín.
