29 MAYO 2015 /
Daniel Rivas ha presentado ya su dimisión como Secretario General del PSOE de Castro. Él mismo lo ha confirmado en los micrófonos de Castro Punto Radio a la salida del Juzgado, donde se le ha hecho entrega del auto de apertura de juicio oral por el ‘caso La Loma’ en el que está imputado.
Se ha definido como “una persona de compromiso y de palabra” y, en este sentido, ha recordado cómo renunció a ser candidato socialista en las elecciones municipales antes de la apertura de este juicio oral y adelantándose, por tanto, a lo que exige el Código Ético del PSOE. “En este caso he hecho ya lo que tenía que hacer. Siempre cumplo con los compromisos y he presentado mi dimisión en el momento en el que me han notificado el auto”.
A partir de ahora “será el partido” el que decida si se forma una gestora local porque “no me corresponde a mí dar esas explicaciones, sino al partido”.
Ha insistido en lo “injusto” del auto de La Loma “en lo que a mí se refiere” y ha defendido su inocencia, convencido de que saldrá absuelto. “Aprobé un Plan Parcial -que está sin desarrollar, verde y sin construir- con los informe técnicos favorables y sin advertencia de ilegalidad por parte de la Secretaria municipal. Ejercía labores en la oposición y nunca he pertenecido a la Comisión de Urbanismo, sólo levanté la mano en el Pleno”.
Pide “que la justicia sea rápida y esclarezca todo esto cuanto antes”.
El exalcalde, Fernando Muguruza, también ha atendido a esta emisora a la puerta de los Juzgados. Ha hablado de La Loma pero también se ha referido a otra causa, la que tiene que ver con el alquiler de las lonjas para el servicio de bomberos. El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander le ha condenado a dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa, sentencia que “voy a recurrir porque no es justa”.
Ha recordado cómo “se nos acusaba de tráfico de influencia, nos pedían cárcel y varios millones de pesetas y al final se ha quedado en esto porque se produjo un incremento en el precio del alquiler de los locales”. Según ha contado, dio el visto bueno aunque el interventor “me decía que había que sacar un concurso público”. Pero es que “la situación en la que me encontré era de fuerza mayor y, si hacía caso al interventor, tenía que sacar a los bomberos de las lonjas”.
Para Muguruza “esto es lo que se llama una prueba diabólica. Es decir, que hagas lo que hagas, estas cometiendo un delito. Te proponen una situación en la que da igual lo que resuelvas. Si acepto el alquiler me sancionan y si no lo acepto dejo a Castro sin bomberos y se me puede acusar de la desprotección de la ciudadanía. No se puede poner a un alcalde en esta situación y creo que hice lo lógico”.
Sobre el ‘caso La Loma’ y las elevadas fianzas que se piden en algunos casos, el exalcalde ha asegurado que “no la puedo pagar. Me embargarán mi casa y mi coche, que están previamente embargados”.
Ha recordado que “la caja de los truenos la abrió el PSOE y el entonces alcalde socialista de Santullán, Julián Revuelta, que presenta una denuncia con interés político destructivo, lo mismo que La Unión, y la mala suerte que ha tenido Castro es que esto ha caído en el terreno propicio de un juez como Acayro”.
Para finalizar, ha calificado como “algo bueno que tiene el día”, el hecho de que, según el auto que se ha entregado hoy a las partes, ya no tiene que comparecer en los Juzgados una vez al mes, sino cuando la instancia judicial se lo reclame.
El exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, también ha visitado los Juzgados para recoger el auto de apertura de juicio oral del ‘caso La Loma’. Durante su intervención en Castro Punto Radio se ha referido a la causa del alquiler de las lonjas, en la que ha resultado absuelto de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que estaba acusado.
Al respecto, se ha mostrado contento y ha insistido en que “nunca hemos ido en contra de los informes técnicos y jurídicos y eso quiere decir que las gestiones hasta la fecha han sido correctas y conforme a la Ley”.
Espera también que el asunto de La Loma “se esclarezca y podamos hablar en un año y medio o dos de que he sido absuelto”.
Un total de 46 personas, entre políticos, constructores y funcionarios, están inmersos en este proceso en el que se trata sobre la concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.
Además de imputar diversos delitos, el juez establece una serie de fianzas a 28 de ellos (9 expolíticos, 7 técnicos y 12 promotores), para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de las multas solicitadas.
