23 AGOSTO 2017 /
El presidente de la Junta Vecinal de Otañes, Santiago Berriolópez, ha dimitido del cargo, lo que comunicó anoche a los dirigentes de su partido, el PSOE.
Tiene la intención de hacerlo público mañana jueves, y podría haber sido por motivos personales y laborales, no esperando a la finalización de su mandato en el año 2019.
Su sustituto será Luis Romero Vélez, suplente de Berriolópez en las pasadas elecciones a la junta vecinal. Entrará como nuevo vocal del PSOE Miguel Ángel Antolín. El secretario-interventor de juntas ya se está encargando de los trámites necesarios para el relevo.
Según acaba de informar a Castro Punto Radio el secretario general de los socialistas castreños, Pablo Antuñano, mañana se reunirá con Berriolópez a primera hora de la tarde, momento en el que le comunicará los motivos para abandonar ahora el cargo. El ya exalcalde de Otañes había manifestado en diferentes ocasiones que no iba a presentarse a las elecciones de 2019.
Aunque algunas informaciones vinculaban esta dimisión a su condena judicial, Berriolópez ha manifestado a fuentes cercanas que son motivos “estrictamente personales y laborales”.
Recordemos que la Audiencia Provincial de Cantabria le condenó el mes de noviembre pasado a un año de prisión por un delito de lesiones contra el que fuera su antecesor en el cargo, Francisco González, a quien agredió en el transcurso de una discusión en un bar de la localidad. La sentencia no era firme, y podía ser recurrible ante el Tribunal Supremo.
Los hechos, que tuvieron lugar en agosto de 2011, fueron juzgados en octubre de 2016, por lo que el tribunal consideró “excesivo” el tiempo transcurrido y decidió aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
La Audiencia de Cantabria consideró probado que el alcalde de Otañes agredió a su predecesor cuando éste le pidió explicaciones acerca del motivo por el que estaba citando a los vecinos para informarles de supuestas irregularidades cometidas durante su mandato.
Además de la condena a un año de cárcel, y a la pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, la Audiencia le impuso el pago de una indemnización de 14.993 euros, por las lesiones sufridas por el agredido, que requirieron ingreso hospitalario y 120 días impeditivos.
