13 ABRIL 2016 /
El Gobierno de Cantabria lleva mucho tiempo controlando e investigando el uso que se hace de las Viviendas de Protección Oficial, pero en el último año se ha puesto en marcha lo que se ha denominado como ‘Primer Plan de Inspecciones’, que se ha saldado con 1.612 inmuebles investigados. Hasta el momento, 18 han sido los propietarios que han sido multados con casi 3.000 euros por haber cometido algún tipo de irregularidad en el uso del piso, teniendo que ver en la mayoría de los casos con el hecho de que la vivienda esté vacía cuando debería ser primera y única.
En esto ha insistido el Director General de Vivienda, Francisco Javier Gómez, que en Castro Punto Radio ha recordado que las VPO “se tienen que destinar a domicilio habitual y permanente y no parece admisible que permanezcan vacías”. Es obligación del Gobierno de Cantabria “el que se destinen para lo que fueron concebidas” y por eso “cualquier denuncia que se presenta se investiga, siempre que no sea anónima”.
A parte de esto, en base al Plan de Inspecciones puesto en marcha, “seleccionamos unas determinadas promociones y empezamos a visitarlas en diferentes fechas y horas para constatar si vive alguien o no. Si aparentemente no vive nadie, es cuando abordamos otro tipo de diligencias que suelen terminar en expediente y ahí ya tiramos de otro tipo de datos como suministros y testificales de vecinos”.
Gómez ha informado de que en Castro, “tengo constancia de que hay 4 expedientes abiertos y sancionados, aunque han presentado recurso de alzada y está pendiente de resolución”. 4 casos en los que parece que el inmueble no estaba ocupado, “pero hay que decir que se han abierto más diligencias que después han sido cerradas al no encontrarse ninguna irregularidad”. Y es que, el Director General de Vivienda ha querido resaltar que “más de un 97% de las diligencias que se abren en Cantabria se vuelven a cerrar porque la gente, por lo general, es cumplidora”.
Como ha explicado Gómez, una vez estos propietarios son ‘cazados’ lo que suelen hacer es “tratar de negar la evidencia, lo que rebatimos con pruebas como el consumo de electricidad, agua o gas”. Después hay casos en los que ” la escusa es la variación en las circunstancias personales, desde que se han quedado en paro y han vuelto a casa de sus padres, hasta que están estudiando fuera”. En este sentido, Gómez ha recordado que “si se pide permiso y la situación está justificada, se puede dar autorización para no ocuparla por un tiempo”.
Otra causa de investigación, aunque no hay ningún caso de momento en Castro, es el que tiene que ver con los alquileres fraudulentos de este tipo de viviendas protegidas. “Es uno de los usos indebidos que procuramos controlar, con las dificultades que tenemos para demostrarlo y da bastante rabia porque es una de las cuestiones que podemos autorizar, siempre que la persona a la que se re-alquile el piso cumpla los requisitos para vivir en una VPO y no se les cobre más de lo que se les puede cobrar”.
Con la puesta en marcha a partir de ahora del segundo Plan de Inspección, “vamos a centrarnos también en el control de las solicitudes de ayudas al alquiler”. Este año se han recibido 4.600 y preocupa la situación de aquellas personas que no están obligadas a hacer la declaración de la renta. “No necesitan, por tanto, aportarnos ese dato y vale con una declaración jurada de sus ingresos. No nos están encajando algunos casos en los que estas personas han declarado tener unos ingresos que son muy limitados y que incluso son inferiores al importe del alquiler. Lo vamos a investigar y controlar y en caso de detectar irregularidades, se obligará a devolver la subvención y pagar los intereses y una sanción”.
BOLSA DE VIVIENDA
Al margen de este asunto, el Gobierno de Cantabria está trabajando en dos iniciativas para poner a disposición vivienda en régimen de alquiler.
Por una parte, “Gesvicán va a sacar una oferta pública de adquisición de viviendas en determinados municipios y uno es el de Castro. Quién quiera pueda ofertarnos esas viviendas si reúnen las condiciones”.
Por otro lado, se va a poner en marcha una bolsa de vivienda “para que propietarios no cedan las suyas, a cambio de un pequeño canon, y que nosotros podamos alquilarlas”.
En la imagen, las viviendas sociales de la zona de El Chorrillo
