20 FEBRERO 2015 /
SÁMANO, MIOÑO, OTAÑES Y ONTÓN PODRÍAN VERSE OBLIGADAS A DEVOLVER LA AYUDA
Según publica hoy el diario El Mundo Cantabria, las juntas vecinales de Sámano, Otañes, Ontón y Mioño podrían tener que devolver las subvenciones concedidas en 2008 por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, unas ayudas que se debían destinar a inversiones en las instalaciones del agua y que no se han justificado. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander, que anula la ampliación del plazo para justificar las subvenciones –que finalizaba el 15 de mayo de 2011– y que el pleno municipal prorrogó cuatro años más en 2012.
Según recoge la noticia, el tribunal deja en una situación delicada a Sámano y Otañes, que pueden entrar en quiebra técnica y en peligro de disolución si, como indica la nueva Ley de Juntas Vecinales, no son capaces de presentar sus cuentas al final del ejercicio.
El Mundo Cantabria recuerda que en 2008 el Ayuntamiento de Castro cedió la gestión del agua a la empresa Ascán y concedió subvenciones, por valor de tres millones de euros, a la Juntas Vecinales para que llevaran a cabo inversiones relacionadas con el agua.
Islares justificó en tiempo la ayuda recibida, Oriñón la devolvió y con Santullán no se llegó a un acuerdo y, por tanto, no se acogió a esta ayuda.
Añade El Mundo que en el Pleno municipal del 16 de marzo de 2012, el plazo se prorrogó por otros cuatro años, hasta el 15 de mayo de 2015. Un año después, intervino el Tribunal de Cuentas y,en ese momento, el Consistorio castreño decidió pedir la anulación de la prórroga.
La sentencia, contra la que cabe recurso, da la razón al Ayuntamiento de Castro y establece que “el otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas”. En sus alegaciones, las Juntas demandadas sostienen que las ayudas no pueden considerarse una subvención y que el equívoco se debe a “un error terminológico” en el convenio.
La sentencia apunta que «sostener que las Juntas no sabían que era una subvención y que es un mero error el introducir esa terminología, es inadmisible». El tribunal va más allá y afirma: “lo que aquí está en juego es el control sobre el cumplimiento de los objetivos de la subvención y, con ello, el control del uso del dinero público”, según recoge el periódico regional.
Finaliza El Mundo asegurando que si no hay recurso, las Juntas tendrán que devolver el dinero. Incluso con un recurso que prospere, el plazo para justificar las ayudas finaliza el 15 de mayo. Si para entonces sigue sin haber justificación de las ayudas, el dinero deberá ser devuelto igualmente. Mientras tanto, las cuatro juntas tienen cerrado el acceso a nueva financiación y un futuro incierto por delante, especialmente Sámano y Otañes.
