El Ayuntamiento de Guriezo celebra pleno el próximo jueves a las 12:30, y sobre los asuntos a tratar hemos hablado en Castro Punto Radio con la alcaldesa, María Dolores Rivero y su asesor, Javier Iturbe.
Entre otras cuestiones, se propone el levantamiento de reparos referidos a facturas de los meses de mayo a septiembre de este año. La alcaldesa ha defendido que, “pese a haber consignación presupuestaria, la secretaria interventora dice que no cumplen algunos requisitos de la Ley de Contratos, pero en el documento no señala la manera de subsanar este error, si es que lo hubiera. No dice qué aspectos no se cumplen ni la forma de subsanarlo”.
Ha dejado claro que “hay facturas y servicios prestados y estamos obligados a pagar por ello”, pero ha criticado que “los miembros de la Corporación tenemos que asumir una responsabilidad, levantando esos reparos, que la secretaria interventora no quiere asumir”.
Iturbe ha añadido en relación a esta cuestión que “se es muy puntilloso en algunos asuntos, pero luego hay un millón de euros de remanente de Tesorería de difícil cobro sin ningún tipo de informe de advertencia”. Ha señalado que “vienen muchos juicios por no pagar servicios prestados y algunos los vamos a perder”.
En el pleno se dará cuenta del procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas “por una contabilidad dudosa de hace muchos años” y del nombramiento de Delegado de Protección de Datos. Sobre esta última cuestión, han recordado que “la Agencia de Protección de Datos nos comunicó que teníamos que nombrar un delegado. En su momento, el concejal responsable pidió tres presupuestos para contratar a una empresa. En marzo se hizo una petición a la secretaria de que había que hacer algo y no hubo novedad. La Agencia se puso de nuevo en contacto con nosotros y nos comunicó que, mientras se resolvía el asunto, se debía nombrar como delegado a un funcionario y se ha propuesto a la propia secretaria interventora. Esta funcionaria pretende que se revoque el nombramiento, y no procede”.
Por otro lado, se propone un apercibimiento a esta técnico porque, “en su momento, con el tema de la deuda del agua, se le pidió que hiciera un informe con el dinero que debe el Ayuntamiento a la empresa que gestiona el servicio, y viceversa. Aludió a que tenía exceso de trabajo y que era conveniente contratar una empresa que la ayudara. Se inició el trámite pero es ella misma la que no acaba de resolverlo. Se le apercibe por la demora en la resolución de un asunto”.
En cuanto a la deuda del agua precisamente, la alcaldesa ha propuesto la creación de una comisión para tratar de buscar soluciones y ha invitado a todos los concejales a participar “sin que me hayan respondido”. La empresa Inima Water reclama al Ayuntamiento dos millones de euros. Un asunto que “viene desde la firma del contrato en 2004 con la entonces empresa Ascan, con unos precios y cuotas abusivas para los vecinos. Cuando entró en vigor en 2005, el entonces alcalde vio lo que suponía el primer recibo para los ciudadanos y se opuso a que se aplicara esa cuota, manteniendo la anterior. Así, año tras año, manteniendo una deuda con la empresa”.
Después de esto, “a alguno se le ocurrió la genial idea de aprobar una ordenanza fiscal a su manera, sin tener en cuenta las obligaciones con la empresa, que acudió a los tribunales y lo ganó, teniendo que poner el Ayuntamiento las tarifas como se acordaron en el contrato. No se hizo y se siguió adquiriendo una obligación económica con la empresa”.
Iturbe ha recordado que también Inima Water tiene una serie de obligaciones no cumplidas con el Ayuntamiento y “por eso se ha pedido a la secretaria que haga las cuentas de lo que debemos y nos deben”. Ha lamentado que, “desde mi punto de vista, lo que pasó fue que a la empresa le interesaba que el Ayuntamiento siguiera acumulando deuda para tener el contrato atado, y por su parte, el Consistorio, viendo que era un contrato lesivo, tampoco inició los trámites para anularlo”.
El pleno del jueves también abordará la creación de una comisión, en la que sí van a participar todos los grupos políticos, para modificar las normas subsidiarias que rigen el suelo industrial. Como explicaba Rivero, “todo surge en 2017, cuando la empresa Vitrinor adquiere un terreno y quiere construir, lo que requería modificar las normas subsidiarias”. En aquel momento, “desde Urbanismo del Gobierno de Cantabria se rechazó porque no podía ser una modificación a interés de una parte concreta. Ahora se va a iniciar el proceso de nuevo para que afecte a todo el polígono y las empresas tengan mayor aprovechamiento para aumentar la edificabilidad del suelo”.
Para terminar y al margen del pleno, la alcaldesa ha querido dejar claro que ha hecho todo lo que estaba en su mano para pagar los gastos de la Feria de Ganado que se celebró a mediados de octubre. “Se debe dinero a los ganaderos, a la DYA, al veterinario… Hay consignación presupuestaria y yo he firmado el pago, pero hace falta que lo hagan también la secretaria y el tesorero, y no lo hacen. No sé por qué. Tendrán que venir los ganaderos a preguntárselo”.
A continuación se puede escuchar o descargar íntegra la entrevista con Rivero e Ibarra:
