22 NOVIEMBRE 2016 / Sesión ordinaria de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Servicios Generales que tendrá lugar este jueves día 24, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con arreglo a este orden del día: 1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

22 NOVIEMBRE 2016 / Podemos Castro Urdiales ha valorado, a través de un comunicado, la sentencia que condena al Ayuntamiento al pago a Ascan de algo más de 5,1 millones de euros. Para la formación morada, “está claro que este grave problema no lo originó la corporación actual, pero su responsabilidad ahora es defender los intereses de Castro Urdiales y dar las oportunas aclaraciones. Se hace muy necesaria una contestación a varios puntos que aún tras un largo periodo judicial no tienen respuesta”. Entre las dudas que plantea Podemos, se preguntan “por qué no se ejecutaron las obras de mejora de las instalaciones hidráulicas a las que obligaba el pliego, para lo que se disponía de un canon de 25 millones de euros aportado por la propia Ascan para este tipo de infraestructuras. Canon, por cierto, del que la ciudadanía no conoce en qué se ha destinado y el remanente del mismo”, según la formación política. Podemos cree necesario aclarar “si hay algún tipo de cláusula lesiva para los intereses de la comunidad, que obligue a compensar la diferencia entre las previsiones empresariales y los ingresos reales. Así, parece al menos adivinarse por el desajuste entre los datos facilitados en el pliego con la realidad que han supuesto unos incrementos de costes no previsibles, respecto del personal que debía asumir el concesionario, como de las instalaciones”. La anulación del contrato actual con Ascan es fundamental para la formación morada, “ya que nos va a estrangular 25 años. No olvidemos que esta sentencia es solo por los primeros siete, y el contrato tiene vigencia para otros 18, porque esta reclamación no es sino la primera de las que previsiblemente se sucederán en los próximos años”. Podemos también recuerda que los tribunales han dictaminado ya que “las tarifas del agua son ya tasas, es decir, tributos, independientemente de lo que digan los ayuntamientos en sus reglamentos, y por lo tanto, desde ya, tienen que regularizar los recibos, cambiando el procedimiento de cobro y declarando ilegales los cortes del suministro del agua, pasando por el procedimiento de apremio todos los recibos impagados”. “De seguir cobrando tal como ahora los recibos del agua”, según indica Podemos Castro Urdiales, “se produciría presuntamente un delito de prevaricación, junto con uno de malversación de fondos públicos, por apropiación indebida de ingresos públicos”. Finalmente, la formación morada exige responsabilidades penales “a quienes participaron de la firma del contrato, para exigir la reparación del daño causado. No se puede aceptar simplemente que dicho gasto saldrá del bolsillo de todos los castreños. Por ello insistimos en que se investiguen las responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones de los anteriores gobiernos y técnicos”. Para Podemos, “la corporación municipal debe explicar por qué se firmó un contrato, claramente lesivo para los intereses de toda la ciudadanía, en un proceso repleto de irregularidades”, de las que destaca las siguientes: .- Hubo informes técnicos desfavorables, ante los cuales la Mesa de Contratación excluyó a dichos técnicos municipales y otorgó a una empresa privada la valoración de las ofertas del Pliego del Agua. .- Se desestimaron por decreto todas las alegaciones presentadas al concurso. .- Hubo un informe contrario emitido por el secretario de la Corporación, con lo que la Concejalía de Hacienda contrató a un letrado ajeno a la administración la elaboración de un contrainforme. .- Informe contrario y nota de reparo emitidos por el anterior interventor Fernando Urruticoechea. .- Y por último, la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que desaconsejaba la firma del contrato. Imagen de archivo de la sede de Podemos en Castro.

21 NOVIEMBRE 2016 / Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a pagar 5.161.458 euros, hay dos salidas para el consistorio castreño: acudir en recurso de casación al Tribunal Supremo o pagar esa cantidad. La decisión se tomará este jueves, en una reunión que mantendrá el equipo de Gobierno con “Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza”, el despacho de abogados que se contrató la pasada legislatura para defender al Ayuntamiento en este proceso. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el alcalde, Ángel Díaz-Munío, que reconocía, como escenario muy probable, pagar esa cantidad a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas: “si no vamos al Tribunal Supremo, es un hecho que tendremos que pagar a Ascan, y que, por lo menos no vaya a más, o que por lo menos tengamos hechos concretos que desmonten los argumentos de la concesionaria de que estamos provocando por nuestra causa un desequilibrio aún mayor del realizado hasta ahora”, decía el regidor castreño. Y es que, tal y como recordaba el alcalde, la sentencia actual que condena al Ayuntamiento se refiere al periodo 2007-2013, y el desequilibrio sigue existiendo hasta este momento: “tenemos un riesgo bastante probable de que nos reclamen también el desequilibrio de 2013 a 2016, y si no lo arreglamos, puede seguir persistiendo, y estar en manos de Ascan volver a reclamar, con lo que estaríamos abiertos a otro procedimiento judicial, que yo por mi parte, no deseo”. Advertía también Ángel Díaz-Munío de otro riesgo: “que el Tribunal Supremo no nos dé la razón, con las costas judiciales que supone”. Por ello, el alcalde aboga por negociar con Ascan modificaciones en el contrato del agua que no aumenten el desequilibrio: “el contrato prevé cambios, y eso habrá que investigarlo. Habrá que tener conversaciones con Ascan para modificarlo”. Para Díaz-Munío, la llamada ‘Mesa del Agua’, “no ha sido el instrumento válido para hacer el seguimiento del contrato, básicamente por dos motivos: por el número excesivo de personas que la integraban y porque en la Mesa estaban las dos partes, el contratista y el Ayuntamiento”. Por ello, este equipo de Gobierno creó un ‘grupo de trabajo’ integrado por técnicos y políticos, con la idea de hacer un seguimiento del contrato, un grupo que se ha reunido seis veces en esta legislatura, lo que no ha evitado que continúe el riesgo de desequilibrio denunciado por Ascan. Los efectos de la sentencia crean una situación “indeseable para todos”, según el alcalde, para el que el trabajo del equipo de Gobierno tiene que ir encaminado a “minimizar sus efectos, no solo por el pago de la sentencia, sino también por las sucesivas reclamaciones que pueda haber, ya que siguen existiendo las mismas causas, que a juicio de los tribunales, causan el desequilibrio”. Este pago de más de 5.100.000 euros, en un presupuesto municipal de 33 millones al año, “afectará sin duda a los ciudadanos, ya que en la medida que reduzcamos el presupuesto para pagar la sentencia, quedará menos dinero para obligaciones que tiene al ayuntamiento con los ciudadanos. Este pago afectará a la capacidad de hacer cosas, de invertir, pero nuestra misión debe ser intentar minimizarlo”. Según el alcalde, se verán afectadas “todas las partidas de gasto municipal, pero dependerá de la estrategia que establezcamos de cara a Ascan: tendremos que atacar las causas que nos han llevado al desequilibrio”, esto es, las inversiones realizadas en agua y saneamiento, el incremento de la recaudación ejecutiva, la mejora de la red de agua o la reducción de costes: “tendremos que tratar con la adjudicataria como hacer estas correcciones, y de ahí saldrá en qué partidas deberemos intervenir, tanto por que haya que hacer o por que no haya que hacer, aparte del impacto que en la cuenta general tendrá este pago”. Independientemente de que esta sentencia se recurra en casación al Supremo, la forma de parar la ejecución del pago vendrá del recurso que el Ayuntamiento presente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es “donde podamos pedir un aplazamiento o fraccionamiento del pago, al no poder afrontarlo íntegramente. Intentaremos acordarlo con Ascan, ojala lleguemos a un acuerdo”, concluía Ángel Díaz-Munío.

21 NOVIEMBRE 2016 / ANA URRESTARAZU (PP): “EL INTERVENTOR NOS CERRÓ EL GRIFO CON LA SENTENCIA DE ASONIA. ESTO, QUE SON DOS MILLONES MÁS, PUEDE CONDENAR A ESTA COROPORACIÓN Y A FUTURAS” Para la portavoz del Grupo Municipal Popular, se trata de una sentencia “trágica” para las arcas municipales. Así lo ha manifestado esta mañana Ana Urrestarazu en los micrófonos de Castro Punto Radio, donde recordaba como este pleito con Ascan “ya se peleó desde el Ayuntamiento, ya que la reclamación que hacía la empresa en octubre de 2012 era de 6.100.000 euros, y un informe posterior del interventor reconocía que había que pagar 6.300.000”. Al final, la sentencia ha quedado en 5.161.000 euros, “que hay que acatar”, decía la portavoz popular. Lo que le gustaría al PP es “que el equipo de Gobierno nos dé explicaciones de cómo afecta esto realmente a las arcas municipales, ya que estas sentencias, como la del Castrobus la semana pasada, se deben conocer por los grupos políticos municipales en una Junta de Portavoces, un mecanismo que no es utilizado por este equipo de Gobierno”, reprochaba Ana Urrestarazu. El Partido Popular “ofrece su colaboración, desde la lealtad institucional que el equipo de Gobierno no han tenido con nosotros, al no convocar la Junta de Portavoces”, a lo que Ana Urrestarazu añadía desconocer a qué partidas afectará el pago de la sentencia, “ya que, a estas alturas no sabemos si existe un borrador de Presupuesto, y si existiera, como se va a modificar con esta sentencia, y si se va a revisar el contrato con Ascan. Tras la sentencia, hay muchos temas que poner encima de la mesa”. Recordaba la portavoz popular como la legislatura pasada, debido a la sentencia judicial que condenaba al Ayuntamiento a pagar 3,2 millones de euros a la promotora Asonia, “el interventor cerró el grifo a todo gasto, con lo que no pudimos llevar a cabo el Plan Diego, ni la oficina del DNI con todos los trámites hechos. Ahora, que son 2 millones más, se tendría que cerrar el grifo también, pero como no sabemos qué pasos van a dar o se están estudiando, es lo que echamos de menos”. Decía Ana Urrestarazu que, con esta sentencia, “las arcas municipales pueden quedar temblando, y no sabemos cómo lo van a afrontar. Pediremos explicaciones de cómo se va a llevar a cabo esto, ya que con estas sentencias no hay inversiones, se suspenden los proyectos, se pueden suprimir servicios básicos, y esta legislatura y futuras pueden quedar temblando”. La portavoz popular recordaba, al igual que hacía el alcalde en su comparecencia, que la condena al Ayuntamiento es por el periodo 2007-2013, “y de 2013 a 2016 esta empresa va a pedir lo mismo, ya que la situación no ha cambiado. Es un tema muy complicado, que requiere de mucho asesoramiento y de mucho trabajo, y por tanto, los grupos de la oposición tienen que estar ahí, ya que esto puede condenar a corporaciones futuras”, concluía Ana Urrestarazu JESÚS GUTIÉRREZ (PRC): “CUANDO ENTRÓ EL EQUIPO DE GOBIERNO, SE TENÍA QUE HABER PUESTO A TRABAJAR Y ANTICIPARSE A ESTA SENTENCIA” Para el portavoz regionalista, Jesús Gutiérrez, “este palo de más de 5,1 millones pone en jaque a la eficiencia de la economía de nuestro ayuntamiento”. Muy pesimista se mostraba el líder local del PRC en Castro Punto Radio: “tenemos un papelón muy gordo, ya que el desequilibrio de 2013 a 2016 podrían suponen otros 2 millones, con la misma defensa jurídica se lo darían a Ascan, ya que ha habido sentencia, no solo en primera instancia, sino también en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Es una noticia que nos quita el sueño a la oposición, ya que también somos parte del pueblo de Castro”. Recordaba Gutiérrez como se ofreció para mediar con Ascan: “el alcalde ha dicho que ha estado en conversaciones con la empresa. Yo comenté en su momento que podría haber interlocutores válidos en Ascan para llegar a un acuerdo y solucionar todo, el pleito pasado y lo que hacer en el futuro, yo me ofrecí para intermediar, aunque el alcalde no tenía por qué llamarme a mí. Al final no sé por qué no se ha llegado a un acuerdo”. El portavoz del PRC cree que el equipo de Gobierno actual, “igual se tendría que haber anticipado al fallo judicial, cuando entraron debían haberse puesto a trabajar. Ahora no vas a negociar con la empresa cuando la sentencia es clara”. A juicio de Jesús Gutiérrez, cuando se pague esta sentencia, “el interventor se va a poner cinturón y tirantes, y va a poner las cosas difíciles, con esta sentencia va a hacer un cierre de seguridad hacia él mismo”. La economía de Castro “no da con los ingresos ordinarios”, decía el portavoz del PRC, “y menos aún sin licencias de construcción. Tenemos que dar servicios a 60.000 habitantes con la mitad censados, con lo que hay un problema muy serio y más aún si vienen sentencias así”. Advertía Jesús Gutierrez el peligro que existe por los numerosos litigios en los que está inmiscuido el consistorio: “las sentencias caerán, y la mayoría, en contra del Ayuntamiento”. El portavoz regionalista abogaba por recurrir: “habría que estudiarlo con los servicios jurídicos. Si el precio no se excede, y hay un atisbo de ganar, hay que agotar la última instancia, pero no en caso de que no haya criterios jurídicos”.

18 NOVIEMBRE 2016 / Se ha convocado sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que se celebrará el miércoles 23, a partir de las 9 de la mañana en el Departamento de Urbanismo (Menéndez Pelayo, 51).