9 SEPTIEMBRE 2016 / La Junta Vecinal de Otañes publica en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, por aprovechamiento especial del dominio público forestal de parcelas pertenecientes al Monte Rucalzada y La Armanza, número 43 del Catálogo de Utilidad Pública. El plazo de concesión finaliza el 31 de diciembre de 2062. Presupuesto base de licitación: El canon anual de concesión, mejorable al alza se establece en 12 euros por hectárea y año. El porcentaje de participación en la corta de los aprovechamientos forestales, mejorable al alza, se determina en un diez por ciento sobre dicho aprovechamiento.

8 SEPTIEMBRE 2016 / Los presidentes de las cuatro juntas vecinales (Sámano, Otañes, Ontón y Mioño) a las que el Ayuntamiento ya ha girados los recibos en los que les reclama la devolución de la subvención entregada a cambio de sus infraestructuras del agua y los intereses de demorado a contar desde 2011, se reunieron ayer con un abogado para estudiar una defensa jurídica de la situación. Sobre los resultados de ese encuentro y la problemática generada en torno a este asunto, hemos hablado en Castro Punto Radio con el alcalde de Otañes, Santiago Berriolópez. Como ha explicado, los cuatro pedáneos se pusieron de acuerdo para consultar al letrado los posibles pasos a dar ahora que ya hay una reclamación firme del dinero por parte del Ayuntamiento. En cualquier caso, “es una situación compleja, ha dicho Berriolópez, por lo que ” el bufete tendrá que estudiar todo con detenimiento y sacar todas las conclusiones”, para lo que “tendrá que estar en contacto con el secretario-interventor de juntas vecinales”. No es la primera vez que este alcalde pedáneo critica el mecanismo que se escogió en 2009 para entregar el dinero a las juntas a cambio de sus infraestructuras del agua. Se usó el termino subvención y “es una cosa de cajón que no debía ser así. Hubo una confusión integral del Ayuntamiento y de las juntas en ese momento porque no se puede llamar subvención cuando lo que se estaba haciendo era una venta pura y dura”. Ahí radica uno de los principales problemas: el hecho de que ese término trajera consigo la obligatoriedad de tener justificadas las inversiones realizadas con esas cantidades económicas para 2011. En este punto y “ante la existencia de gente que desconoce el funcionamiento de una administración y puede pensar que se llamó subvención para que tuviéramos que justificar y para fiscalizarnos”, Berriolópez ha querido dejar claro que “todos nuestros movimientos están fiscalizados por el secretario-interventor y rendimos cuentas de todo al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas”. Por otra parte, entiende que las formas del equipo de Gobierno para con este asunto “dejan mucho que desear”. Y es que, “llegó a la junta y me encuentro una cartita y hazte una idea de la cara que se me queda cuando veo esos dos recibos con esas cifras tan elevadas. Hay una falta de ética muy grande”, entiende Berriolópez, porque “qué menos que una notificación personal diciendo, oye baja un día por aquí que hay esto”. En este mismo sentido, ha insistido en que “un político se tiene que mojar y tomar una decisión cuando sea algo coherente, por mucho informe desfavorable que haya porque los técnicos, como cualquier otro profesional, también se pueden equivocar”. Se ha preguntado “por qué no podemos pedir un contra informe y ver cómo se puede solucionar esto”. En cualquier caso, “los vecinos pueden estar tranquilos porque la junta no se va a disolver y, de una forma u otra, podremos hacer frente a ese pago, si la justicia dice que tenemos que hacerlo”. Paralelo a este asunto, la Junta Vecinal tiene un trámite adicional. El pedáneo ha encargado al abogado la apertura de un revisión sobre cómo gestionaron el dinero recibido del Ayuntamiento los anteriores responsables de la junta, que “destinaron los 533.000 euros de la mal llamada subvención en hacer obras de una cosa que ya no era competencia nuestra. Cedemos las infraestructuras del agua al Ayuntamiento, y destinamos el dinero a arreglar tuberías”. Además, “se hizo un fraccionamiento de obras, saltándose todos los procedimientos administrativos que marca la Ley y con 17 reparos del interventor diciendo que estaban cometiendo una irregularidad”. Berriolópez pidió en su momento que se tomaran medidas al respecto y que los anteriores gestores afrontaran la responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados a la junta. Sin embargo, “como por aquel entonces estaba en vigor la prorroga que el Ayuntamiento había dado para justificar la inversión, la justicia entendió que no había daño”. Ahora que Otañes ya tiene los recibos de pago en la mano, “y con la reclamación firme del dinero, podemos emprender acciones legales contra ese perjuicio”.