31 OCTUBRE 2017 / Con los votos a favor de CastroVerde, PRC y MásCastro y las abstenciones de PP y PSOE, el Pleno ha sacado adelante esta tarde la aprobación inicial de la disolución del Organismo Autónomo de Bomberos para comenzar los trámites tendentes a garantizar los salarios de los trabajadores y la prestación del servicio antes de que el punto vuelva a pasar por Pleno para su aprobación definitiva. En este sentido se ha modificado la propuesta de dictamen que decía, en un principio, que el acuerdo sería definitivo si no se presentasen alegaciones en un plazo de 20 días. En este punto ha ejercido de portavoz de CastroVerde el propio alcalde, Ángel Díaz-Munío que, lo primero que ha querido dejar claro es que «existe la motivación política para integrar a los bomberos en la plantilla del Ayuntamiento», entendiendo desde esta formación política que es la mejor opción para avanzar en la resolución de los problemas que afectan a este departamento. Ha asegurado que esa integración «supone muchos condicionantes a cumplir, entre ellos los requerimientos que se hacen en el informe de Recursos Humanos”. En cualquier caso, el alcalde entiende que «hay dos que, sobre todo, deben tenerse en cuenta antes de una integración definitiva: garantizar que los trabajadores mantengan los mismos derechos que tienen actualmente cuando se materialice su inclusión en la plantilla municipal y que esa integración no suponga un vacío de poder en el sentido de que el jefe siga funcionando como tal hasta que se ratifique su cargo o se haga una valoración de puestos de trabajo». A partir de ahí, «hay que resolver otras cosas, pero eso va a suponer una negociación y un proceso que va a llevar tiempo y me gustaría que, cuanto antes, nos pusiéramos de acuerdo en los mínimos legales en esta primera fase». La concejala del PP, Ana Urrestarazu, ha hecho alusión a los tres informes técnicos y a los «requerimientos que plantean, muchos de los cuales no se han llevado a cabo y no cuentan con previsión al respecto». En lo que tiene que ver con el informe de la secretaria, «expone la tramitación que hacer para disolver y habla, entre otras cosas, de realizar un plan de empleo que supone reuniones periódicas con los técnicos competentes, que deben aportar lo necesario para llevar a cabo esa adecuación del personal dentro del Ayuntamiento. Reuniones que no se han celebrado». El interventor por su parte, «dice que no serán necesarios nuevos nombramientos de personal ni suscripción de nuevos contratos laborales» y desde el PP «seguimos pensando que el gran problema de bomberos es el de Personal y eso conlleva una serie de nóminas, dinero, modificaciones presupuestarias que habrá que hacer, el nombramiento de una plaza de director y todo esto no existe. Se está improvisando y se va a hacer a golpe de juzgado. Tiempo al tiempo». Sobre las necesidades recogidas en el tercer informe, de la técnico de Recursos Humanos, «volvemos a ver que no tenemos nada de todo lo necesario para hacer una integración con todas las garantías». Este mismo argumento lo mantienen los socialistas. Su portavoz, Susana Herrán, ha asegurado no estar de acuerdo con las formas en las que se está llevando a cabo el proceso porque “vemos que no se dan todas las garantías en relación a los derechos laborales de los bomberos, sus retribuciones y la prestación del servicio en materia de coordinación y funcionamiento”. Al igual que el PP, desde el PSOE se ha hecho alusión a los informes técnicos al respecto y, en relación al de la secretaria, “dice que para disolver el organismo autónomo hace falta un informe económico-financiero de Intervención y se incorporarán los derechos y obligaciones al presupuesto del Ayuntamiento. Añade que, recibido este informe, el pleno acordará inicialmente la disolución y resulta que hemos venido hoy aquí a aprobar esto sin que ese documento de Intervención obre en el expediente”. En lo que respecta al informe del interventor que sí se incluye en la documentación, según Herrán, “dice que se van a plasmar todos los temas relacionados con lo económico y el personal después de la aprobación definitiva”, algo que “llama la atención al PSOE”, que considera que “todo se resume, y así se deja claro, en que los bomberos van a pasar a la plantilla municipal en las mismas condiciones laborales que ahora.” Por eso los socialistas se preguntan “cuándo se va a hacer la valoración de puestos de trabajo, el informe económico-financiero o cuándo se va a saber si estos trabajadores van a cobrar la productividad y horas extra”. Para los socialistas, lo tratado hoy en el Pleno “no es más que un mero trámite burocrático porque las condiciones salariales van a ser iguales que ahora y no van a estar equiparadas al resto de trabajadores municipales”. Por su parte, la concejala del PRC, Emilia Aguirre, ha dejado claro que “ésta es una aprobación inicial para comenzar con la integración de los bomberos en la plantilla municipal y empezar así a resolver los problemas”. Ha defendido que “hay que dar un primer paso y no seguir dejando este asunto en el cajón”. Ha afirmado que “los bomberos quieren integrarse en la plantilla y para eso tenemos que empezar ya”. Entre tanto se avanza en la resolución de los problemas más urgentes, “se demorará la aprobación definitiva de la disolución del organismo hasta que esté claro y se garanticen los salarios y la prestación del servicio. Hay que empezar a andar y a actuar”, ha insistido. Lo mismo cree el edil de MásCastro, Demetrio García, que ha asegurado que “éste es un paso y se demorará la aprobación definitiva el tiempo que haga falta hasta que se garanticen unos mínimos”. El asunto tendrá que volver a pasar por Pleno y, “si estamos de acuerdo con los pasos que se hayan dado en ese momento, seguiremos adelante”. Para terminar, el alcalde ha incidido en que “los problemas de este departamento son muchos, largos y difíciles de resolver”. Por eso, “no vamos a prometer lo que no podemos hacer”. La aprobación inicial “avanza en la consecución de unos objetivos y creo que no se pierde nada”. Considera que “tenemos que resolver lo esencial antes de una aprobación definitiva, porque el resto de problemas podrán ser mejor tratados una vez integrados en la plantilla municipal”. Con el paso dado hoy, “resolvemos que se integren, que es mucho mejor que no hacer nada y seguir esperando a que, con la estructura que tienen actualmente, se alarguen los problemas”. PAGO DE LA SENTENCIA A ASCAN Con la única abstención del Partido Popular se ha aprobado la forma de financiación, que incluye la solicitud de un crédito por unos 457.000 euros, para poder acumular el montante necesario para hacer frente al pago de la sentencia a Ascan, que alcanza 5.100.000 euros más 812.000 euros en intereses. El concejal de Hacienda, Eduardo Amor, ha explicado las partidas a las que se recurrirá para conseguir ese dinero. “Usamos el remanente positivo de Tesorería de 2016. Alcanza los 5,2 millones pero ya se usaron 700.000 euros para pagar otra sentencia relacionada con el Castillo Faro, quedando 4.500.000 euros”. Por otra parte, “inicialmente se propuso recurrir a 457.000 euros de aprovechamientos urbanísticos que no tenían destino, pero el interventor no dio el visto bueno, proponiendo por el contrario, recurrir a ese préstamo, que debe ser amortizado antes de que acabe la presente legislatura”. Otro concepto al que se acude es a “469.000 euros que se estiman de mayores ingresos del presupuesto actual con respecto al último aprobado en 2014 y que está prorrogado”. Cantidad que se obtiene “como consecuencia, sobre todo, de la reactivación por parte del Gobierno de Cantabria del Fondo de Cooperación Local”. Además, “se hace una trasferencia de crédito de otras partidas que se estima no van a hacer falta de aquí a final de año”. En concreto, “78.000 euros del transporte público, 8.000 euros de intereses y 150.000 euros del canon que la empresa de la OCA aporta al Ayuntamiento por estos tres meses de contrato”. Por último, “hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento tenía unas cantidades reservadas para el pago a Ascan, de los años 2012 y 2013, por unos 230.000 euros que eran impagos de cuotas del agua por parte de contribuyentes y es el Consistorio el que tiene que hacer el cobro en ejecutiva. Esas cantidades estaban retenidas”. Con el pago de esta sentencia, “tenemos la certeza de que podríamos elaborar un presupuesto para 2018 con el camino despejado y sin preocuparnos de sentencias derivadas de contratos mal hechos en su día”. Todas las formaciones políticas han estado de acuerdo en la necesidad de hacer frente al pago de una sentencia firme y de hacerlo cuanto antes para no seguir acumulando intereses. A lo que sí ha hecho alusión en su intervención el socialista Vicente Santamaría es a la “acción u omisión de Corporaciones anteriores que nos han llevado hasta donde estamos”. Con esto, “sabemos dónde tenemos que incidir a partir de ahora para que casos de este tipo no se vuelvan a repetir”. Una intervención a la que han respondido Ana Urrestarazu y Demetrio García, como integrantes del equipo de Gobierno en la legislatura pasada. García ha recordado cómo “tuvimos que pagar la sentencia de tres millones de euros de Asonia nosotros también”. Urrestarazu por su parte no cree que “ninguna Corporación pasada tuviera ninguna inacción o irresponsabilidad. Se van a pagar a Ascan cinco millones en lugar de 15 precisamente porque en la legislatura pasada no fuimos irresponsables”. Ha añadido que “no tiremos la pelota para arriba porque nos puede caer encima” y, en este sentido, ha dicho, dirigiéndose a Santamaría, que “nosotros también hemos pagado sentencias. Investiga también de qué época vienen”. BONIFICACIONES DE IMPUESTOS Por unanimidad, ha salido adelante la bonificación en el 95”% del Impuesto de Construcciones y la Tasa Urbanística para 12 comunidades de propietarios que han ejecutado obras en base al Informe de Evaluación de Edificios. Se trata de Melitón Pérez del Camino 1, Padre Basabe 10, San Juan 1, Avenida de la Constitución 8, Santander 8 y 16, La Mar 13, Nuestra Señora 4, La Plazuela 8 y 16, La Rúa 2 y Arturo Dúo Vital 16. En total suma 21.103 euros de bonificación, como ha detallado Amor. LIQUIDACIÓN DE 2016 Sobre la liquidación de 2016 ha dado cuenta el concejal de Hacienda aportando los datos. Ingresos: En impuestos indirectos hay unos derechos reconocidos de 16 millones de euros de los que se han ingresado, a 31 de diciembre, 14.750.000. En impuesto de Construcciones, hay 228.000 euros reconocidos y cobrados 198.000. En Tasas y Precios Públicos son 10.300.000 euros reconocidos de los que se han ingresado 5.400.000. Transferencias corrientes son 8.500.000 e ingresado 8.800.000. En ingresos patrimoniales, de 604.000 euros se han ingresado 442.000. En transferencia de capital de 297.000 se han ingresado 195.000 y ha habido 1.637.000 euros en concepto de pasivos financieros, que son los préstamos a los que se ha acudido en 2016. Gastos: Personal 11.183.000, gastos corrientes 12.175.000, gastos financieros 76.000 euros, trasferencias corrientes 1.925.000, inversiones realizadas 1.333.000 de las que quedan pendientes de realizar por unos 900.000 euros, y pasivos financieros por amortizaciones de préstamos pagadas por dos millones. En el apartado de Ruegos y preguntas, Demetrio García se ha interesado por la situación del Castrobús a Montealegre y la posibilidad de aplicar la línea regular. Al respecto el alcalde ha asegurado que “la empresa que gestiona el servicio ha recogido información de usuarios y paradas. Todo eso está siendo procesado y la semana que viene celebraremos una nueva reunión para ver si tomamos decisiones”. A la sesión plenaria de hoy no ha acudido el concejal del PP, Aitzol Zuazo. Sí han estado presentes varios bomberos del Parque de Castro Urdiales, que se han manifestando silenciosamente permaneciendo de pié durante parte de la sesión enfundados en camisetas que decían: «BOMBEROS ABANDONADOS EN LUCHA».