14 ENERO 2017 / La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir del lunes, 16 de enero, a once personas que formaban parte de una red de tráfico de drogas que operaba entre Castro Urdiales, Vizcaya y Pamplona, para los que se piden penas de cárcel que juntas suman más de 84 años y multas que superan los dos millones. Según se explica en el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, desde marzo de 2011 la Guardia Civil venía investigando la relación que un lavadero de coches de Castro Urdiales y su administrador podía tener con el tráfico de drogas. Un mes después de iniciarse las investigaciones el administrador de este lavadero, natural de Rumania, fue detenido en ese país junto a otra persona, cuando se disponían a recoger un cargamento de 158 kilos de cocaína procedentes de Bolivia que venía camuflada en maderas para el suelo. A partir de los datos que facilitó la policía rumana derivados de su detención, se descubrió que en España operaba un grupo, organizado y permanente, de personas relacionadas con el tráfico de drogas, no solo cocaína, sino también speed, cristal y otras sustancias anfetamínicas y también derivados del cannabis. Dicho grupo estaría encabezado por A.G.A, uno de los acusados en el juicio de la Audiencia, para el que más pena pide la Fiscalía, 15 años y tres meses de cárcel y 600.000 euros de multa, por dos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, uno de ellos con aplicación del subtipo agravado, por pertenencia a grupo criminal, por un delito de tenencia de armas prohibidas y por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. A.G.A, que ya había sido juzgado y condenado con anterioridad por tráfico de drogas, vivía en Otañes junto a otra de las acusadas en el juicio de la Audiencia, M.S.L., que era su compañera sentimental y que colaboraba con él en la distribución de las sustancias y en el aprovechamiento y blanqueo de las ganancias. De hecho, M.S.L. tenía a su nombre los bienes procedentes de la venta de droga del grupo que dirigía A.G.A. Con el líder de la banda colaboraban también otras personas, que figuran entre los acusados del juicio, como A.Q.L, que, según la fiscal, era su «lugarteniente» y ocupaba un puesto principal en la venta y en el cobro de la droga, «incluso por la fuerza». También colaboraba A.C.L, que no solo participa en la comercialización de la droga sino que también contribuía a generar la «falsa apariencia» de que el líder de la banda tenía un trabajo estable, para lo que le dio de alta en la Seguridad Social como trabajador de la empresa de albañilería que tenía, poniendo un «canal» para el blanqueo del dinero de las ganancias de la venta de la droga. Los otros acusados son personas que participaron en estas actividades con distintas tareas. Este es el caso de A.A.J., que cumplía órdenes del líder de la banda, o A.M.D.. También acusados figuran varios compradores que, según el escrito del fiscal, las vendían luego, como J.S.D. Considerados también como compradores, aparece el grupo formado por otros de los acusados, como FJ.B.S., C.C.G. que era el proveedor del principal procesado, y J.F.O. Respecto a este segundo grupo, en el escrito del fiscal, al parecer colaboraba inicialmente con la banda de A.G.A. pero posteriormente se fue escindiendo y convirtiéndose en uno autónomo para la venta de droga. Entre diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012 se llevaron a cabo varias detenciones de los acusados y registro durante el transcurso de sus actividades ilícitas, donde se intervino droga y otros elementos. Entre ellos, a A.G.A., el principal acusado, se le intervino en un registro en su casa varias pistolas, así como joyas, dinero, tecnología (televisión, tablets, cámara fotográfica y teléfonos móviles), entre otros objetos. A todos los procesados en esta causa se les imputan delitos de tráfico de drogas y a algunos de ellos de otro tipo, como de pertenencia a grupo criminal, del que están acusados ocho de ellos, entre ellos A.G.A. A A.G.A se le acusa de otro de tenencia de armas prohibidas y, junto a su pareja, M.S.L, y a A.C.L., de uno de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Está previsto que el juicio arranque el lunes, a partir de las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia y se prolongue toda la semana, con sesiones que comenzarán a esa misma hora.