14 FEBRERO 2017 / En los últimos tiempos, mucho se ha hablado de las dificultades que las juntas vecinales castreñas tienen para llevar al día sus obligaciones contables. Por sí mismas, no cuentan con personal para estos asuntos y se reparten entre las nueve a un secretario-interventor que dedica la mayor parte de su jornada laboral a trabajar en el Ayuntamiento de Santoña. Ésta es la situación de las pedanías castreñas (en varias ocasiones ha solicitado un refuerzo al Consistorio), pero este problema se da en otras administraciones menores de la región. Con este telón de fondo, el Gobierno de Cantabria ha anunciado su intención de crear un grupo de trabajo para iniciar la reforma de la Ley de Entidades Locales Menores. El director general de Administración Local, Pedro García Carmona, ha explicado en Castro Punto Radio que «estas entidades no tienen obligación de tener tesoreros o interventores, sino un secretario que, la ley dice que puede ser el del Ayuntamiento o una persona responsable en quien delegue». Ahora bien, como administraciones «tienen que cumplir con toda la normativa contable en cuanto a presupuestos y gastos» y en la puesta a punto de toda esa tramitación es donde alguna encuentra dificultades. La actual Ley de Entidades Menores data de 1994 y «la realidad actual es distinta que la de entonces, en el sentido de que hay más normativa, más obligaciones y, siendo conscientes del cambio, hay que adaptarla a las circunstancias actuales y ayudar a estas administraciones menores que tienen una tradición y un arraigo en Cantabria». Con ese fin, se creará ese grupo de trabajo en el que estarán representados técnicos del Gobierno de Cantabria, representantes de la Federación de Municipios de la región y de las entidades locales menores y miembros del Consejo General de secretarios, interventores y tesoreros. Su función será «crear un análisis sobre la situación actual, ver qué se ha dictado y qué está vigente, ver un poco qué ha habido en otras Comunidades Autónomas y si hay algo que nos pueda servir a nosotros, ver cómo se ha pronunciado la Administración de Justicia a través de sentencias y elaborar unas conclusiones que permitan, partir de una realidad a 2017, que cambie esa Ley dentro del organismo, que es el Parlamento, con una propuesta del Gobierno». En la práctica, esto supondria que, siempre con la ley estatal en la mano, «se estableciera una cauce más fluido a la hora de resolver los asuntos de las pedanías». Al mismo tiempo, «hemos creado una partida de unos 100.000 euros para contratar un servicio de asesoramiento jurídico, técnico y económico para asesorar sobre cuáles son las obligaciones de estas entidades menores y que, poco a poco, vayan siendo conscientes de que hay que cumplir la ley». Se trata de un órgano de asesoramiento, pero la realidad es que «el secretario seguirá siendo el del Ayuntamiento o en quien delegue porque los funcionarios habilitados nacionales son independientes y nosotros no los podemos llevar de la mano». García Carmona ha dejado claro que «estos funcionarios son conscientes de cuáles son sus obligaciones y, nosotros podemos estar ahí por si necesitan algo puntual, pero tanto el grupo de trabajo como el servicio de asesoramiento están para descargar un poco de trabajo a los secretarios y darles seguridad de que los informes van a tener un aval jurídico, pero no podemos requerirles para que hagan unas determinadas funciones si no están en su criterio».