24 JULIO 2015 / Una sentencia de la Audiencia Nacional de 2013 ordenaba el derribo del mítico Hotel Miramar, situado sobre la playa de Brazomar y el paseo marítimo, debido a que los usos del edificio no son compatibles con lo que marca la Ley de Costas. El Partido Regionalista de Cantabria en Castro, en contra de esa medida, propondrá una moción en el pleno que se celebrará el próximo martes 28 de julio a las cuatro de la tarde. Los regionalistas abogan por un nuevo uso de carácter público para el edificio y evitar así su derribo. Jesús Gutiérrez, portavoz del PRC, ha dado todos los detalles sobre esta moción: «lo que hemos presentado, es que los servicios técnicos y el Ayuntamiento de Castro hagan una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso del edificio y con eso salvar su demolición». En cualquier momento, según Gutiérrez, Costas podría indemnizar a los propietarios con 840.000 euros; por otro lado ya tenían consignados los 216.000 euros para el derribo del edificio, «de ahí que tengamos que ser rápidos en la tramitación, y por eso pedimos que en tres meses esté todo preparado para llevarlo a pleno y poder aprobar esa modificación del Plan, que después se mande a la Comisión Regional de Urbanismo para que le dé el visto bueno y así parar la demolición», indicaba el portavoz regionalista. En este asunto intervienen dos instituciones: por un lado el Ayuntamiento de Castro, que es quien tiene que tomar la iniciativa, y por el otro el Gobierno de Cantabria, que se encargaría de ratificarla. Gutierrez, propone esta solución, que también apoya el Jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, y espera que «la Comisión Regional de Urbanismo esté de acuerdo en ayudar a la ciudad para que cuente con unos equipamientos de 2.000 metros cuadrados en un enclave tan importante como es la playa de Brazomar». En cuanto a la postura del resto de partidos políticos en el pleno, el portavoz regionalista confía en recibir el apoyo por parte de todos: «creo que lo sacaremos por unanimidad. Todos saben que es un tema muy sensible, que está en la calle y que la mayoría de la gente quiere mantenerlo y que se convierta en los equipamientos públicos que tanta falta hacen. Da mucho juego, son 2.000 metros cuadrados que pueden albergar un área multiusos de tipo sociocultural, deportivo, para la juventud…porque son muchos metros». Jesús Gutiérrez se siente apoyado por el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, a quién argumentó con cifras su postura: «también tendremos la ayuda del presidente, que se comprometió con los ciudadanos de Castro. A Revilla le expliqué que la indemnización son 840.000 euros y 216.000 son los que se ahorra Costas porque no lo tienen que demoler. Si se gasta en esos 2.000 metros cuadrados, 2 millones de euros tirando por lo alto, no sería comparable a si tuviésemos que adquirir suelo, que nunca estaría en ese enclave privilegiado del Hotel Miramar y habría que sumarle el hacer un equipamiento de esa superficie», explicaba el secretario local del PRC. «Nos saldría por 5 millones de euros mínimo, con lo cual, ya no es que estemos perdiendo un equipamiento, si no que si lo tuviésemos que hacer, nos saldría por mucho más del doble. Entonces, simplemente por la lógica y porque políticamente se puede hacer, nosotros tenemos que luchar para que esos equipamientos estén y sigan al servicio de los ciudadanos». Jesús Gutiérrez explicaba finalmente que «de manera prioritaria hay que luchar por mantener el edificio en pie, y ya será más adelante cuando se debata qué tipo de instalaciones y de equipamientos van a ocupar la edificación».

23 JULIO 2015 / El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Gesvican, ha asistido al nombramiento de José Orruela como nuevo gerente de esta empresa pública. José Orruela, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, ha decidido cesar en dicho cargo para centrarse plenamente en la gestión de Gesvican, empresa que se encarga de la promoción deviviendas de protección oficial y el desarrollo de las infraestructuras de interés publico que, mediante mandato o convenios de colaboración, le encomienda el Gobierno de Cantabria.