29 MAYO 2018 / El Pleno ha aprobado, con los únicos votos a favor de CastroVerde y PRC, y los votos en contra del resto de formaciones políticas (PSOE, PP y MásCastro), el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa pública Gesvican para la construcción de un edificio multiusos, con teatro, en la parcela del antiguo cine-club Ágora. Además, también se ha aprobado la autorización del compromiso de gasto plurianual. Como ha detallado el alcalde, Ángel Díaz-Munío, “el inmueble daría cobijo al teatro, a una sala de exposiciones, reuniones, etcétera; y a una planta superior para distintos usos municipales”. Todo, “salvaguardando y poniendo en valor las ruinas romanas del yacimiento de Flavióbriga”. En base al convenio, el Ayuntamiento cede a Gesvican el uso de la parcela para que la empresa pública se encargue de la construcción del edificio, cuyo coste irá devolviendo el Consistorio con pagos a anuales a modo de alquiler durante 20 años para que ese centro multiuso pase en ese momento a titularidad municipal. El Partido Popular ha justificado su voto en contra en el hecho de que, “si bien es cierto que la construcción de un teatro es necesaria y es una demanda ciudadana de hace mucho tiempo, lo que se plantea no creo que cubra las necesidades del municipio ni esa demanda”. Para el edil popular Aitzol Zuazo, “estamos hablando de un coste muy elevado y en una parcela que consideramos no es la adecuada, cuando hay otras en las que se podría hacer un teatro más grande y mejor con la misma inversión”. Por eso ha pedido a CastroVerde que “lo reconsidere y que no se centre sólo en hacer un edificio para poder inaugurar algo en unos meses”. En esta misma línea, el PSOE comparte que la necesidad de un teatro “es obvia” pero insiste en que “esta parcela no es la adecuada y no va a cubrir las necesidades”. Se ha referido al “aforo de 180 butacas del que se habla, por cuatro millones de euros que nos va a costar, a razón de 200.000 euros al año durante 20 años”. La concejala Susana Herrán cree que “este proyecto nace con carencias desde el primer momento, ya que Castro necesita una infraestructura que cubra las necesidades de una población como la que tiene el municipio”. Y es que, “con este mismo aforo ya tenemos un espacio como es el salón de actos del instituto Ataúlfo Argenta”. Se preguntan los socialistas “si queremos un espacio pequeño que no cubre las necesidades o si queremos compararnos con otros municipios de similares características”. En este sentido, esta formación política ha aludido “a las más de 700 butacas que, por ejemplo, tiene el teatro de Torrelavega. No tenemos que conformarnos, sino pelear por tener algo acorde a nuestras necesidades”. No son éstas las únicas cuestiones que se plantean los socialistas con respecto a un teatro “que va financiar Gesvican por un importe muy elevado para 180 plazas”. Herrán ha preguntado “por qué que se empeñan en que sea ésa la ubicación, sin dar la opción de que entre todos podamos elegir una mejor”. Cree que se deberían estudiar otras alternativas y ha mencionado la parcela dotacional frente al polideportivo Pachi Torre. En cuanto a la parte técnica, y tras realizar algunas preguntas a la secretaria y al interventor al respecto de sus correspondientes informes, ha defendido la necesidad de otro informe, en este caso del arquitecto municipal, “que explique las repercusiones de la obra sobre el yacimiento romano y si se cumple la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico”. MásCastro ha sido otro de los partidos que ha votado en contra de este proyecto por entender, del mismo modo, que el lugar elegido para la ubicación del teatro no es el adecuado. Demetrio García ha dejado claro que “nunca he sido del no por el no, pero ésta no es la mejor oportunidad para hacer un teatro”. Es partidario de estudiar la posibilidad de ubicarlo en la parcela frente al Pachi Torre. “Si no tuviéramos otro terreno para elegir, apoyaría este proyecto, pero es que sí tenemos. Habría que negociar eso con Gesvican porque, si no, lo que vamos a tener en la calle Ardigales es una instalación muy pequeña”. En el lado contrario, defendiendo esta iniciativa de teatro en la parcela del antiguo cine-club Ágora, el PRC ha argumentado que “en Castro hay muchas necesidades, pero todas no se pueden abordar de una vez, sino cuando van surgiendo las oportunidades. Ahora tenemos ésta que nos ofrece Gesvican. Quizá este edificio no vaya a ser lo grande que debiera ser para Castro, pero las posibilidades a día de hoy son éstas y no podemos dejarlas escapar”. Emilia Aguirre se ha referido a la parcela frente al Pachi Torre en la que, “cuando otros han estado gobernando, no se ha hecho nada”. En cualquier caso, “este convenio no quiere decir que renunciemos a que se haga, a posteriori, cualquier otra obra en la zona del polideportivo”. En este punto ha recordado cómo “se ha hecho el campo de fútbol 7 de hierba artificial en el IES Ataúlfo Argenta y también es pequeño para Castro, pero la oportunidad de avanzar en algo se tuvo y se aprovechó”. Ha asegurado que “hay que ser ambiciosos pero, no por eso temerarios porque, demandas de hace 20 años no llegan a Castro porque no somos capaces de alcanzar un consenso”. Por último, el alcalde ha afirmado que el tamaño final del teatro, el aforo y el coste no se sabrán hasta que no haya proyecto. Gesvican ha hecho una estimación de costes pero no se sabrá exactamente hasta que no se haga el cálculo de arrendamiento. Por esto mismo, “el arquitecto no puede tampoco hacer un informe”, como pedía el PSOE, “de algo que no conoce”. Sobre la ubicación del teatro, Díaz-Munío ha señalado que “el porqué de hacerlo ahí se debe a una razón de oportunidad. O la coges o la dejas y nosotros entendemos que hay que cogerla”. En esta línea, ha lamentado que en Castro, a lo largo de los años, “se han perdido muchas oportunidades pensando siempre en el tener algo mejor a lo que se nos presentaba”. Sobre el solar del Pachi Torre ha señalado que “lleva vacío 20 años, aunque seguramente a otros se les han ocurrido ideas para esa zona. No podemos pedirle a los ciudadanos que esperen otros 20 años a ver si se hace algo ahí”. CONVENIO CON EL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO Al margen de este asunto, por unanimidad ha salido adelante el convenio de cesión de uso de locales entre el Ayuntamiento y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN). Un acuerdo que se suscribe por 10 años con posibilidad de ampliar otros 10 más. En base al mismo, el EMCAN dispondrá del antiguo local de Adicas (edificio La Marinera), de titularidad municipal, para poder ampliar la oficina de empleo. Por su parte, el Ayuntamiento tendrá el uso de las dependencias del Gobierno de Cantabria que antes albergaban a Hacienda, para destinarlos a servicios municipales en función de las necesidades del Consistorio. Como ha detallado el concejal Eduardo Amor, (CV) “la petición del EMCAN de local para ampliar sus servicios se produjo hace ya dos años. La cesión de unas dependencias para este fin ha sido posible tras trasladarse Adicas a La Barrera”. A esto, el edil socialista Alejandro Fernández, ha añadido que el convenio “no supone coste alguno para ninguna de las administraciones, más allá del gasto que deban hacer después para adecuar los locales a sus necesidades”. Con la ampliación de la Oficina de Empleo, “habrá un espacio más amplio de zona de espera, habrá sitio para reuniones grupales orientativas e informativas y, entre otras cosas, también un lugar para que la Agencia de Administración Tributaria oriente a los ciudadanos en los momentos en los que se hace la declaración de la renta”. INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES Y VENTA DE INMUEBLES DE LA RESIDENCIA Por unanimidad también, el Pleno ha autorizado a la Residencia Municipal a que venda dos inmuebles que ha recibido de una herencia. En un primer momento se habló de la posibilidad de hacerlo por subasta aunque, ahora, se acuerda que sea el Consejo Rector de la Residencia el que decida la manera, ajustándose a la legalidad. Todos los partidos políticos han votado a favor también de la actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento. Amor ha explicado que “es un acto de trámite que habilita al alcalde para actualizar correcciones en el inventario, en base a un trabajo realizado por el departamento de Intervención y la secretaria para adaptar al inventario todos los bienes”.