31 MARZO 2016 / Los concejales han debatido hoy en Castro Punto Radio al respecto de la sentencia hecha pública hace unos días y que condena al Ayuntamiento a pagar a Ascán algo más de 5 millones de euros para compensar un desequilibrio económico que alega la empresa que gestiona el servicio de aguas. Como ya informamos, esta sentencia será recurrida, pero los portavoces se han centrado en la parte que tiene que ver con los informes técnicos presentados en su momento por parte del Consistorio, cuando hubo que realizar los escritos de defensa correspondientes. Informes que como dijo el alcalde, Ángel Díaz-Munío, «eran contradictorios». De una parte estaba el realizado por el viceinterventor, secretaria y tesorera y de otra el que redactó el interventor, sin que le fuera solicitado. Al respecto de este asunto, la concejala del PP, Ana Urrestarazu ha recordado que «hubo un informe del interventor que nadie había pedido, que estaba sin firmar, no estaba en papel oficial del Ayuntamiento y en el que este técnico aceptaba esos 6 millones de euros de desequilibrio que alegaba la empresa. Informaciones que, según se supo después, fueron obtenidas de datos de Ascán y no del Ayuntamiento. Algo bastante extraño en un interventor que está para defender los intereses del Consistorio». A esto Urrestarazu ha añadido que esta sentencia «se trata de la primera parte del problema, porque ese presunto desequilibrio que se está tratando ahora habla de tres o cuatro años, pero la empresa dirá después que lo están teniendo también en los años sucesivos». Alejandro Fernández (PSOE) considera que el hecho de que el Ayuntamiento haya presentado dos informes contradictorios «nos perjudica claramente y la propia jueza hace mención a ello en la sentencia». Por otra parte, de cara a futuro e independientemente de lo que suceda con Ascán, entiende que «en el presupuesto 2016 igual hay que empezar a incorporar alguna partida para sentencias judiciales, porque hay otros procesos que no sabes cuándo te pueden caer». El regionalista Pedro Fuste no entiende «cómo no se han seguido las famosas interlocuciones con Ascán por parte del nuevo equipo de Gobierno para seguir intentando buscar una solución a este problema». Ha criticado que «se ha mandado lo más lejos posible, esperando a la sentencia». A este respecto, Elena García (CV) ha defendido que «este problema está judicializado y ya no era viable negociar nada con la empresa. Ya estamos en otro ámbito que escapa de la gestión política». Lo que sí ha dicho es que, a partir de ahora, «hay un estrategia jurídica, que es lo más importante, y tenemos que tratar de aprender de los errores y trabajar todos a una», en alusión a políticos y técnicos». Considera que » a lo mejor aunque no se le pide un informe al interventor, igual tenía que hacerlo de todas formas». De momento toca esperar a la nueva sentencia y mientras tanto, «hay que hacer una gestión del contrato de Ascán y que haya una persona que se responsabilice de su seguimiento». MEDIDAS EN LA AUTOVÍA A-8 Al margen de este asunto, los concejales han debatido también sobre la decisión de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad en el tramo de la A-8 entre Allendelagua y el Haya y la eliminación del carril lento de la subida a Saltacaballo. Para Pedro Fuste «esto no hay por dónde cogerlo» y cree que «van a tener que rectificar sobre esta medida antes del verano». Ana Urrestarazu, ha defendido que la autovía se quedó pequeña desde que se hizo y considera que la solución a parte de los problemas pasa por el tercer carril. En este sentido ha dicho que «el Ayuntamiento debería insistir y presionar a quien corresponda para pedir por todos los medios que se abra un tercer carril». Alejandro Fernández echa de menos que se haya contado con la opinión del Gobierno local a la hora de tomar esta decisión que «aunque no es competencia del Ayuntamiento, sí afecta a Castro». Por lo demás, «reducir la velocidad puede ser una medida para reducir accidentes, pero lo importante es el firme y la adherencia». Defiende también que «el tema del colapso pasa por mayor número de carriles y no quitarlos precisamente». Elena García piensa que «estas medidas estarán justificadas y se habrán estudiado y entiendo que podrán probar y si no funciona, rectificar». No obstante, también piensa que «podían haber probado primero con un límite de velocidad menor», aunque «tampoco creo que sea causa esto de los atascos que sufrimos en operaciones salida». RUIDOS EN ARTINAÑO Por últimos y sobre los ruidos que se producen los fines de semana en la calle Artiñano, los ediles han coincidido en que el asunto no tiene fácil solución. Consideran que el problema no está en los horarios de cierre de los bares que, según dicen, se respetan, sino en poner remedio a la aglomeración de gente en la calle, lo que «es la mayor fuente de ruido».

   29 MARZO 2016 / El Ayuntamiento de Castro Urdiales sancionará a la empresa que colocó las luces de Navidad y de Carnaval con una penalización del 10% sobre el coste de ejecución de los trabajos (ascendía a 30.976 euros) por una serie de incumplimientos en el pliego de condiciones. Ha sido en el apartado del Pleno de esta tarde relacionado con los decretos de Alcaldía cuando la concejala del PRC, Emilia Aguirre, ha hecho alusión a este expediente al entender «escasa» la sanción. Precisamente por eso, ha preguntado por qué ese porcentaje y no otro y «si es el máximo que se podía imponer». Ha aludido también al hecho de que «no se mencione en el escrito el retraso por parte de la empresa a la hora de colocar las luces». La responsable del área de Festejos, Ainhoa Pérez (PSOE) ha respondido que «en el pliego de condiciones viene únicamente que se puede penalizar con un 5% por colocar las luces muy bajas y no respetar una altura mínima, lo que causó problemas, por ejemplo con el camión de la limpieza. Recoge otro 5% por no haber cubierto las protecciones, lo que ocasionó un montón de apagones que han sido informados por la técnico de Obras». De esta forma, «se ha aplicado, sí, el máximo que se podía». De cara a próximos contratos, «se tendrá en cuenta esta situación cuando realicemos el pliego de condiciones» recogiendo más medidas sancionadoras «para que no se vuelva a repetir esto», ha dicho Pérez. INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Durante el Pleno celebrado esta tarde, ha salido adelante por unanimidad de los presentes, la aprobación inicial de una serie de modificaciones a introducir en la ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios. Como ha explicado el concejal del PSOE y responsable de Vivienda, Alejandro Fernández, se proponen unos cambios en esta normativa «al haber una serie de aspectos que han de ser modificados o aclarados y que se han detectado cuando se han empezado a tramitar los procedimiento administrativos necesarios para cumplir con dicha ordenanza, como la aprobando del censo de edificios y la solicitud a los propietarios de aquellos de más de 50 años del informe de evaluación». De esta forma y tal y como ha detallado el edil, se concretan ciertos requisitos de presentación del informe: – La presentación de la declaración responsable por parte del técnico redactor, sólo deberá presentarse en los casos en que el informe no esté visado por el colegio profesional correspondiente. – Donde se pedía la entrega de dos copias del informe en papel, ahora se solicita que se incluya una copia digital en formato pdf. – A los técnicos que usan la plataforma informática del Ministerio de Fomento para la elaboración sel informe, se les pide que incluyan el fichero exportable que proporciona dicha plataforma. En la forma de actuar por parte del Ayuntamiento en caso de informes desfavorables o que incluyan aspectos desfavorables que deban corregirse: – Los informes deberán detallar las deficiencias a reparar, proponiendo las obras necesarias y un plazo apropiado, y establecimiento medidas de seguridad en caso necesario. Será revisado por los técnicos municipales y se procederá con respecto a la legislación vigente en cuanto a disciplina urbanística. En caso de incumplimiento, se adoptarán medidas sancionadoras y se podrá ordenar la ejecución subsidiaria de la obra. En 2018, como ha explicado el concejal socialista, «deberán elaborar y presentar el informe los propietarios de aquellas viviendas construidas entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1968. Nos pondremos al día a partir de 2019 cuando ya deberán pasar el trámite los inmuebles que cumplan 50 años dentro de ese mismo año». CEMENTERIO MUNICIPAL Al igual que en el punto anterior, se ha aprobado de forma inicial y por unanimidad la modificación de otra ordenanza, en este caso, la que regula los servicios del cementerio municipal. Con el proceso de regularización emprendido por el Ayuntamiento, «hemos detectado que hay términos en la ordenanza que pueden generar confusión», como ha dicho Patricia Camino, y de ahí a su modificación. Se trata del cambio de algunos términos como, «donde pone concesión de sepulturas, se cambia por urnas ya que la propia ordenanza recoge concesión de panteones, urnas, nichos y columbarios». En el apartado de inhumaciones y exhumaciones, «donde dice restos y traslados se cambia ‘del recinto’ por ‘al osario’». También se retira la parte en la que aparece que el coste de colocación de lápidas será de 19 euros «porque hemos detectado que el servicio lo prestan las funerarias». POLICÍA LOCAL Con los votos favorables del equipo de Gobierno y de Más Castro-AAV, la negativa del PRC y la abstención del PP, salía adelante la aplicación de una modificación en la Ley por la cual, como ha explicado Ignacio Garmendia (CastroVerde), cambia la designación de ciertos puestos de trabajo dentro de las policías locales. De esta forma, los sargentos se denominarán subinspectores y pasan del grupo C1 al B y los cabos serán oficiales. Su compañero en el equipo de Gobierno, el socialista Alejandro Fernández, ha añadido que «se trata de adaptar la relación de puestos de trabajo a los cambios que nos impone una ley que, al mismo tiempo, indica que esta modificación no puede suponer un incremento del gasto público». Por tanto, se procede a la vez «a reducir el complemento especifico de los sargentos en la medida en que suben sus sueldos por el paso del grupo C al B por lo que se quedan con el mismo salario». Precisamente esa inclusión en el punto de dos asuntos es lo que no ha convencido a populares y regionalistas que han hecho alusión a unas palabras del secretario accidental en la comisión informativa «en las que dijo que estos asuntos debían ir en dos expedientes separados», como ha asegurado Aitzol Zuazo. A eso Emilia Aguirre ha añadido que «no entendemos que en el mismo expedienten estén dos asuntos que se refieren a distintas cuestiones organizativas». Pedida explicación a la secretaria, ésta ha asegurado que «entiendo que debería ir junto porque hay una sentencia pendiente de ejecución que nos obligaba a aprobar una ficha de valoración para el puesto de sargento y sargento jefe. No se llegaron a aprobar y, con motivo de la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta Ley, creo que está muy vinculada la necesidad de que se proceda a aprobar las fichas, lo que venía impuesto por una sentencia». INFORME DE MOROSIDAD Antes de pasar al punto de las mociones, el concejal de Hacienda, Eduardo Amor ha informado sobre el estado de morosidad del 3º y 4º trimestres de 2014, asegurando que «el salgo de periodo medio de pago se ha reducido de 31 días en el tercer trimestre a 21 días en el cuarto. Un dato importante porque la Administración puede acudir a ciertas subvenciones o dar ciertos servicios». Amor ha explicado también que a fecha 31 de diciembre de 2015 había pendiente de pago 1.721.000 euros mientras que se habían pagado entre octubre y diciembre un total de 3.383.000 euros. APARTADOS DE MOCIONES Las dos mociones del PSOE han salido adelante. La primera de ellas, que ha contado con la única abstención de MásCastro/AAV, pedía el reconocimiento de Castro a los beneficios de la integración de España, hace 30 años, en la Unión Europea. Los socialistas proponían poner a una calle, plaza, vial o edificio público el nombre de Unión Europea. La moción se ha aprobado pero incluyendo alguna modificación. De esta forma, la propuesta del PSOE se añadirá a un listado con otras que el equipo de Gobierno tiene de otros ciudadanos y todas ellas se valorarán cuando sea necesario poner nombre a calles, plazas o edificios. Por otra parte, ha salido adelante por unanimidad el rechazo al preacuerdo suscrito por los Jefes de Estado y el Gobierno de la Unión Europea con Turquía. Ente otras cosas, se ha defendido que haya una respuesta humanitaria y urgente a los refugiados y se ha rechazado la devolución de los emigrantes, incluidos los demandantes de asilo sirios. La sesión plenaria de esta tarde, que ha durado algo menos de una hora y media, ha contado con las ausencias de los concejales del PSOE Susana Herrán y del PRC Jesús Gutiérrez, y ha suscitado un escasísimo interés por parte de los ciudadanos, como vemos en las imágenes.  

29 MARZO 2016 / Pese a la campaña incentivando el empadronamiento que puso en marcha el Ayuntamiento en el mes de diciembre y en la que, entre otras cosas, se mencionaba como ventaja la obtención de la tarjeta de la OCA, lo cierto es que los nuevos censados siguen viendo como hay limitaciones en este sentido. Y es que, para obtener dicha tarjeta, es imprescindible llevar empadronado en el municipio, al menos, seis meses. Esto ha producido quejas que han llegado a esta emisora de personas afectadas que han visto como su empadronamiento no les da acceso directo a algunas de las ventajas que se mencionaban en la campaña emprendida por el Ayuntamiento.