8 FEBRERO 2018 / Los concejales han debatido hoy en Castro Punto Radio al respecto de la interrupción durante estos días del servicio de la OCA y la situación que han vivido los trabajadores hasta que se ha alcanzado el acuerdo por el que la nueva adjudicataria subroga sus contratos con fecha 7 de febrero. Todos los partidos han mostrado su satisfacción porque se haya solucionado el problema que tenía que ver con los trabajadores, pero PP y PSOE siguen achancando lo sucedido estos días con el servicio y la interrupción de la regulación del aparcamiento a una “falta de previsión de CastroVerde”. La edil popular, Ana Urrestarazu, ha defendido que “todo esto es la consecuencia de la gestión que se ha hecho, desde el principio, de este expediente, que lleva casi dos años para salir adelante”. Ha insistido en que “es una falta de previsión total y no se ha sabido medir el tiempo ni las consecuencias de lo que ha pasado”. Ha hablado de “negligencia del concejal correspondiente el tardar tanto en sacar este expediente, que ha tenido falta de empuje y de declararlo prioritario, aunque parece que para CV nos son prioridad las cosas que sí lo son para los ciudadanos”. Ha reiterado que el PP no comparte el modelo de OCA aprobado pero, “ya que salió adelante, que se haga de la mejor manera posible y sin escándalos”. Susana Herrán (PSOE) comparte que ha habido “falta de previsión” al no haberse reunido CastroVerde con la empresa adjudicataria para, “antes de la firma del contrato, haber tomado las precauciones de asegurar que el día 3 de febrero los trabajadores estuvieran contratados”. Ante la interrupción de la OCA, considera que “los plazos se le han echado encima al equipo de Gobierno y ahora volvemos a estar sin servicio, con el consecuente problema de aparcamiento que eso supone”. Reconoce el PSOE que el de la OCA es “un expediente con tramitación muy compleja y han surgido cuestiones administrativas”, pero insiste Herrán en que “les ha pillado un poco el toro”. Por parte del PRC, Lucio Miguel Díaz ve complicado que la Seguridad Social dé el visto bueno al alta de los trabajadores con efecto retroactivo el 3 de febrero, como pretenden los propios empleados y la nueva adjudicataria. Al margen de esto, ha defendido la necesidad del servicio para regular el aparcamiento y ha reprochado a CastroVerde “la falta de información hacia los trabajadores que, a 2 de febrero, cuando se acaba el contrato con la anterior adjudicataria, aún no sabían qué iba a pasar con ellos”. Al respecto, Elena García (CV), ha defendido que “los trabajadores son de la empresa y no del Ayuntamiento. Hablamos con ellos sin problema y no hay falta de comunicación. No hemos podido darles una solución hasta que las empresas no la han cerrado”. Por lo demás, ha asegurado que “nosotros hacemos autocrítica cuando hay que hacerla” pero, en este caso, “no admito ciertas expresiones como que hay falta de empuje o que nos ha pillado el toro”. En este sentido, ha afirmado que “los procesos de administración son del Ayuntamiento y no de CastroVerde. Esos procesos son los que, a veces, se retrasan más, como conocéis los que habéis estado gobernando. Aquí todo el mundo parece que es muy listo y sabe lo que va a pasar en cada momento. La realidad supera a las previsiones y, en ocasiones, no ocurre como tú habías previsto”. Ha reconocido que la OCA no fue una prioridad de CV cuando entró a gobernar “porque nos encontramos una serie de cosas muy difíciles de gestionar y enquistadas en el tiempo”. Ha explicado que “lo primero era sanear las cuentas. Después, hemos realizado las inversiones que no se hicieron en la legislatura pasada, hemos puesto al día la gestión de servicios como el cementerio que estaba abandono, hemos aprobado una ordenanza de bodas y resuelto problemas urbanísticos de hace tiempo”. En definitiva, “un montón de frentes, como también los son los contratos grandes de Castrobús y ahora la OCA. Nos ha quedado descolgada 20 días sí, pero parece que nos quedamos con la anécdota. Claro, si no haces nada, no te equivocas”. Urrestarazu ha respondido a todo esto achacando a Elena García que “parece que no recuerdas que vienes de la oposición. Se te olvida lo que habéis pedido y hecho cuando estabais al otro lado y ahora veis las dificultades y pedís comprensión”. En tono irónico, ha dicho que “no sé si la ordenanza de bodas es más prioritaria que la OCA” y ha añadido que “el problema es que cinco concejales están haciendo el trabajo de 11 y de ahí es de donde viene el problema de la priorización”. También ha recordado que “los que saneamos las cuentas fuimos nosotros en la pasada legislatura, que dejamos la deuda en 2,5 millones de los casi once que nos encontramos”. Se ha debatido sobre el pago de la tarjeta de la OCA correspondiente a este mes de febrero, con la interrupción del servicio. Al respecto, Elena García ha reiterado que “la ordenanza, aprobada por todos en el Pleno, contempla el pago prorrateado por meses, independientemente de que ese mes haya dos, tres o los días que sea de servicio”. Una circunstancia con la que la oposición no está de acuerdo y entiende que es “injusto” al tratarse de una interrupción “de la que en nada tienen culpa los ciudadanos”. PROCESO SANCIONADOR A MARTÍNEZ DE QUEL Sobre el expediente sancionador abierto contra la empresa Martínez de Quel por realizar un desmonte, presuntamente, sobre terrenos públicos y rústicos, también han hablado los concejales. El pasado Pleno incluida en el orden del día una proposición de Alcaldía para remitir el asunto a la Fiscalía, después de que los técnicos lo aconsejaran, por si pudiera ser constitutivo de delito penal. La oposición votó en contra de la urgencia del punto y no se debatió finalmente. Hoy han insistido en que “no se puede llevar asuntos al pleno sin pasar por comisiones para que se nos informe, y menos temas tan delicados como éste”. Han pedido la celebración de una comisión extraordinaria y urgente que están esperando que se convoque por parte del equipo de Gobierno. “La intención es que, en esa reunión, se nos informe y podamos preguntar a los técnicos”. Al respecto, Elena García ha explicado que “se llevó a Pleno sin pasar por comisión porque se celebró una la semana antes del Pleno, pero fue al día siguiente de esa comisión cuando la técnico subió a Vallegón a medir para establecer la posible sanción administrativa y vio que era peor de lo esperado. Ella es al que recomienda remitir a Fiscalía y hace un informe que tenéis todos. Ésa es la información con la que contamos nosotros también”. Ha señalado que “la comisión extraordinaria que habéis solicitado se celebrará pero, de todos modos, habrá que esperar al pleno de final de mes”. Ante esto la oposición ha recordado que “existe la figura del Pleno extraordinario”. Y es que, la urgencia de tratar este tema se debe al hecho de que el expediente tiene una vigencia de seis meses y caduca el 26 de marzo. La secretaria señaló en el Pleno que “si se lleva al ordinario de febrero, iríamos muy justos para hacer los informes y remitirlo”.