3 AGOSTO 2017 /
Juantxu Bazán, responsable de Medio Ambiente y Urbanismo de la Mesa de Coordinación de Equo Cantabria y una de las personas que presentó alegaciones a la Modificación Puntual Número 22 del PGOU de Castro que tiene que ver con la adscripción del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma a los diferentes promotores de la zona, ha valorado en Castro Punto Radio el informe desfavorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) a este modificado.
No ha podido ocultar su sorpresa ante el hecho de que este organismo “emita un informe desfavorable a un Plan Urbanístico de un Ayuntamiento”, aunque entiende que “es más sorprendente aún” el contenido de este documento en cuento que, “aparentemente, deja las cosas igual porque, de alguna manera, con la construcción del depósito de agua se puede seguir y dice la CROTU que ni siquiera hubiera hecho falta esa modificación del PGOU”.
Lo que, según Bazán, no deja tan claro ese informe es “cómo se va a repartir el coste de este depósito entre los diferentes planes parciales de la Loma, donde uno de ellos (SUNP 3) está desarrollado, pero el 7 está anulado por la Dirección general de Medio Ambiente y los 4 y 12 están parados” por la investigación judicial que se lleva a cabo de la zona.
Con todo, “un promotor que no tiene expectativas de desarrollar nada, no va a acometer un coste que no estaba, además, previsto ni en el Proyecto de Urbanización ni en la Junta de Compensación”. A Bazán se le hace “harto complicado” que este tema se puede gestionar bien, a no ser que “el concejal de Urbanismo maneje otras variables que yo no conozco”.
En todo el proceso llevado a cabo en este sentido, este miembro de Equo Cantabria ve “una falta de coordinación preocupante”. Ha hecho alusión a que “un modificado del PGOU es un proceso complejo que puede llevar un año. Hay que emplear muchos recursos y tiempo”, por lo que se ha preguntado “si no ha habido un momento para sentarse con la CROTU y que le dijera al Ayuntamiento que esta modificación no hacía falta. Nos hubiéramos ahorrado tiempo, recursos e incertidumbre”.
Para finalizar, Bazán entiende que en materia de Urbanismo “aquí no ha cambiado nada y se sigue con el modelo fallido que ha dado tantos problemas a este municipio”. Ha dicho que “el concejal del área (Eduardo Amor de CastroVerde) no ha cuestionado ese modelo y, entiendo que con la mejor de las voluntades, ha ido a dar solución a un problema que tienen los vecinos de La Loma usando un procedimiento absolutamente perverso”.
Entiende también que la CROTU “sigue siendo muy generosa con el urbanismo actual y aquí nada cambia”.
OPINIÓN DE EQUO SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOLÍN
Al margen de este asunto, Juantxu Bazán se ha referido al escrito presentado por Equo instando al alcalde de Castro a que “ordene la apertura de un expediente de investigación para recuperar el suelo público, presuntamente, usurpado por la fábrica de Lolín”.
Denuncian la “pasividad del equipo de Gobierno” y advierten de “la posible responsabilidad penal por inacción en la defensa del dominio público”.
Según los cálculos de Equo, se trataría de unos 650 metros cuadrados “de suelo público peatonal que habrían ido a engrosar, de forma ilegal, la propiedad de la fábrica. Superficie que podría aumentar si se tienen en cuenta otros indicadores como el hecho de que el proyecto de ejecución de la fábrica, presentado en el Ayuntamiento, lo era para una parcela de 5.343 metros cuadrados que ahora resulta ser de 6.148 metros”.
Según Bazán, “nuestra inquietud era la de que el convenio urbanístico con Lolín (para transformar el edificio en un centro comercial) era un procedimiento que debiera superarse en un municipio que ha tenido convenios urbanísticos bastante inquietantes. En nuestra manera de hacer urbanismo, entendemos que no debe ser resultado de la negociación con un particular, sino en función de estudios de necesidades de la población y del municipio”.
Porque, además, “esa negociación va a condicionar otras posibilidades de desarrollo del conjunto de la zona más ajustadas a lo que entendemos son los intereses generales”.
Cuando desde Equo estudiaron el expediente, “vimos la planimetría del PGOU y observamos con inquietud que determinaba una cantidad de suelo peatonal alrededor de la fábrica que no está. Algo ha sucedido aquí. Ahí empezamos a entender que ha habido una ocupación indebida o una usurpación de suelo público, y eso nos parece muy grave”.
