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LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONDENA A GESVICAN A ABONAR 755.000 EUROS PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE LA AVENIDA LIBERTAD

LAS 75 FAMILIAS PROPIETARIAS HAN RECURRIDO AL SUPREMO AL CONSIDERAR QUE "UN ERROR DEL PERITO JUDICIAL HA ESTIMADO LA VALORACIÓN ECONÓMICA A LA BAJA"  

La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimado la reclamación de 75 familias residentes en las Viviendas de Protección Oficial ubicadas entre la calle Avenida Libertad de Castro Urdiales y Voluntariado y ha condenado a la empresa pública Gesvican a pagar 755.000 euros por defectos en la construcción de los edificios.

Los propietarios han visto la luz al final del túnel tras años de sufrimiento y de lidiar con desperfectos importantes en sus viviendas. Y es que, por primera vez, un juez reconoce que hay defectos en la construcción, cuando el juzgado de Primera Instancia se lo había denegado. No obstante, han recurrido ante el Supremo al considerar que la cantidad necesaria para reparar todos los desperfectos debe ser superior. Habían reclamado 1,4 millones.

Fue en 2006 cuando recibieron sus viviendas y “casi desde el primer momento empezaron a surgir problemas”. Lo ha contado en Castro Punto Radio la presidenta de la Comunidad de Propietarios, Vanessa Ormaechea. Ha relatado que “en mi caso, no he apreciado dentro de la casa el problemas de humedades hasta hace tres años, pero los que viven en las zonas de bajo cubierta, muy al principio, ya los sufrieron. Incluso el Gobierno regional nos puso un operario que estaba todos los días allí e iba parcheando las pequeñas humedades, que luego se fueron agravando. Hasta que ese trabajador dejo de acudir”.

Hay viviendas en las que “la situación ha sido muy delicada y estaban con calderos e incluso se les saltaban los automáticos de la luz”.

El abogado de los afectados, Alberto Leonardo, ha explicado que una de las cuestiones esenciales está en la fachada  “que tiene un problema estructural en cuanto que no cuenta con el apoyo que la norma establece en los cantos de forjado. Cuando va armándose el ladrillo caravista se tiene que ir apoyando en los cantos de forjado de cada planta dos tercios hacia adentro. En este caso, está mucho más afuera con lo que está volando excesivamente y tiende a irse hacia el exterior. Además, sucede que faltan llaves, unas piezas metálicas que cosen el armado del ladrillo caravista a la estructura de hormigón. Se juntan dos problemas que hacen que esa fachada este teniendo un esfuerzos hacia afuera que genera grietas y nuevas entradas y vías de agua y que puede acabar en un colapso de la fachada y venirse abajo”.

Vanessa ha contado que, “en mi caso, tengo una ventana que se está yendo con la fachada. Empezamos echando masilla, pero está cediendo con el miedo de que en algún momento se caiga”.

De forma previa a acudir a la vía judicial, “que suponía un esfuerzo económico muy grande, hubo reuniones, fuimos a Santander y se elaboraron informes que supusieron gasto extra a los vecinos. Llegó un momento en el que nos tuvimos que plantear si reparábamos nosotros, con el desembolso tan elevado que suponía, o tirábamos para adelante con una demanda. Todo ello con dudas porque estaban ahí muy justos los plazos de prescripción”.

Vanessa ha reconocido que “ha sido un proceso  doloroso y muy largo que pensábamos que no iba a tener el fin que hemos conseguido y que confiamos en que sea más fructífero todavía”.

El abogado ha explicado el motivo por el que han decidido recurrir, una vez está reconocido judicialmente que existen defectos en el edificio en una sentencia no recurrida por Gesvican.

“Nuestra petición inicial era que se nos indemnizara en el importe que nuestro perito consideraba necesario para arreglar todo, que eran 1,4 millones, o alternativamente en el importe que determinase el periodo probatorio en el procedimiento judicial, que es lo que ha estimado la Audiencia en base a lo dicho por el perito judicial. Su informe se tiene que ratificar en sala y dirimir sobre las necesidades de aclaración. Lo que sucede es que el perito reconoció que la valoración que había hecho tenía un error que en términos económicos es importante”. Y es que, “había establecido una valoración bajo precio de ejecución material, sin incluir gastos generales ni el beneficio industrial, con lo que estaríamos hablando de un 19% más. Consideramos que la Audiencia ha tenido el desliz de no visionar esa concreta declaración del perito, o no sé, pero no ha sido tenida en cuenta”.

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