La Comisión de Desarrollo Territorial ha dictaminado a favor, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Podemos y las abstenciones del resto de grupos, una propuesta de sanción de 62.000 euros a la empresa ALSA por incumplir lo recogido en el contrato en cuanto a la renovación de la flota de vehículos del Castrobús y la instalación de paneles informativos en las marquesinas.
Como ha detallado en Castro Punto Radio el concejal de Podemos, Alberto Martínez, “se propone la sanción más baja dentro de las infracciones muy graves, pero podría haber más y de mayor cuantía en caso de que la empresa continúe con su negativa a implantar esos servicios”.
En sus alegaciones, “la empresa habla de dificultades económicas, pero el informe técnico es bastante claro en ese sentido en cuanto al cambio de parecer de ALSA, que pasó de presentar hace unos meses los planes para la adquisición de los nuevos autobuses a negar que los pueda comprar. Y también de visitar las marquesinas con los técnicos de Obras a decir ahora que no le corresponde a ella poner los paneles informativos, cuando en el contrato queda bastante claro”.
Martínez ha defendido que, en esta cuestión, “debemos ir todos los partidos a una porque estamos hablando de la seguridad de los usuarios del transporte público. Espero que si se repite esta actitud, la cuantía de la sanción sea la máxima posible”.
El punto deberá pasar ahora por pleno para ratificar el rechazo a las alegaciones y la imposición de la sanción.
CONVENIO DE ‘LOS TILOS’
Por otra parte, con los votos a favor del equipo de Gobierno, las abstenciones de PRC, PP y Castroverde y el voto en contra de Podemos, se ha dictaminado favorablemente el recurso presentado por los promotores del convenio urbanístico de ‘Los Tilos’, que fue rechazado en el pleno de abril.
Recordamos que suponía la construcción de un edificio de 6 plantas y bajocubierta en el Paseo Menéndez Pelayo, frente al IES Argenta, en la parte trasera de la parcela que ocupa el chalet conocido como Edificio Los Tilos, en el Paseo de Ocharan Mazas, del que el Ayuntamiento asumía la titularidad.
Según Martínez, “los técnicos señalan que, jurídicamente, no hay impedimento para llevar a cabo el convenio, pero dejan a la discrecionalidad política la decisión”.
El concejal de Podemos ha votado en contra, en consonancia con su postura desde el principio al respecto de la altura que tendría el edificio a construir. “El catálogo de protección establece dos alturas y los técnicos entiende que deben ser seis en base al Plan General. Consideramos que debería prevaler el mantener lo que es la ciudad jardín y no hacer edificios como los aledaños”.
