Ayer miércoles se celebró la primera comisión de seguimiento de contratos, con presidencia de CastroVerde. En la misma se analizó la influencia de la inflación en algunos de los contratos municipales de mayor peso, poniendo de manifiesto un importante incremento de los gastos anuales para el próximo año.
Como informa CastroVerde en nota de prensa, “la subida más destacada sería la del gasto eléctrico, que aumentaría en unos 890.000 euros, aparte de IVA y otros costes; seguido del servicio de recogida de basuras que aumentará 241.000 euros del IPC de 2021 y aproximadamente 360.000 euros más por la inflación de 2022, a lo que habrá que añadir unos 200.000 euros para los aumentos de gasto de gas y de la limpieza de instalaciones municipales. Además, el Ayuntamiento tendrá que afrontar subidas en contratos de menor entidad, pero igualmente afectados por la inflación actual”.
Por otro lado, “salió a la luz una reclamación que la empresa gestora del agua, INIMA, interpuso en agosto por 437.000 euros derivada de los IPC acumulados de varios años que, o bien se repercuten a las tarifas de agua o deberán ser asumidos directamente por el Ayuntamiento. Sorprendentemente, pasados tres meses esta reclamación estaba sin realizar gestión alguna. Cabe recordar que los problemas con la anterior concesionaria, ASCAN, vinieron precedidas de reclamaciones sin respuesta, como si guardarlas en un cajón resolviera los problemas”.
También se debatió sobre las probables reclamaciones de empresas con obras municipales en curso, puesto que el Ayuntamiento acordó estimar las derivadas del aumento de precios hasta un 20% del contrato inicial. “Sorprendentemente tampoco se ha estudiado por el Gobierno actual la posible incidencia de estos incrementos, que podrían superar los 500.000 euros”.
Para CastroVerde “resulta incomprensible que, a la vista de los gastos extra que se avecinan en el Ayuntamiento, y que deberán afrontarse como siempre con los impuestos de los castreños, se siga gastando como si no hubiera un mañana y no se hayan abordado las consecuencias de estos sobrecostes en las arcas municipales”.
Por otro lado, se analizó el contrato de los asfaltados de las juntas vecinales por 410.000 euros, “descubriendo que la empresa adjudicataria SENOR no comenzó con los plazos estipulados en el proyecto, el 5 de mayo, siendo requerida en varias ocasiones por los técnicos y funcionarios municipales a empezar según contrato, pero el concejal de Obras y Urbanismo rehusó hacer tal requerimiento contraviniendo lo propuesto por los técnicos a mediados de junio de 2022”.
La obra finalmente comenzó en agosto, “coincidiendo con la adjudicación a la misma empresa por 37.900 euros más IVA (rozando el máximo legal para obras menores, a dedo) el reasfaltado de los caminos peatonales del parque de Cotolino. En este sentido, la comisión solicitó informe que aclare por qué se pidió oferta a la misma empresa que en ese momento incumplía el contrato de asfaltados en las juntas vecinales”.
