La direccion regional del PRC ha pedido esta tarde en un comunicado “responsabilidad al Ayuntamiento de Castro Urdiales para poner fin al conflicto que mantiene con Conservas Lolín”, una vez que el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 4 de febrero, al rechazar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para su traslado al polígono de Vallegón y la construcción de un centro comercial en los terrenos que actualmente ocupa.
En el auto, el juez Acayro indica que “bajo la apariencia de rechazo a la aprobación definitiva de la modificación se esconde una revocación arbitraria del convenio existente entre los ejecutantes y la Administración, lo que es contrario a la sentencia firme de 7 de enero de 2019”. El magistrado acuerda “retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada a fin de que, en cumplimiento de la sentencia, en un plazo de cinco días se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes vinculantes son favorables) con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas”.
El magistrado indica en el auto que su resolución no es firme y cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
REACCIÓN DEL PRC REGIONAL
Tras conocer la resolución judicial, la dirección regional del PRC se ha reafirmado en la postura “y los argumentos esgrimidos por sus representantes municipales, que junto a los de Castro Verde fueron los únicos que apoyaron la modificación urbanística por entenderla ajustada a Derecho y contar con todos los informes preceptivos favorables. Aunque estuvo presente en la sesión plenaria del 4 de febrero, la dirección regionalista no se había pronunciado hasta ahora sobre el asunto por la implicación personal de su portavoz en Castro Urdiales, el propietario de la empresa, Jesús Gutiérrez”.
Una vez conocido el fallo judicial, el PRC ha valorado que “despeja cualquier posible duda que pudiera existir sobre la legalidad del cambio en el PGOU y demuestra que si existe alguna razón para impedirlo, no es de orden jurídico”.
Por el contrario, “destaca la rotundidad del juez al señalar que bajo la apariencia de rechazo a la aprobación definitiva de la modificación se esconde una revocación arbitraria del convenio suscrito en su día por la empresa y el Ayuntamiento para propiciar el traslado y el destino del suelo que ahora ocupa la fábrica a un centro comercial, y que ya fue respaldado hace algo más de un año por otra sentencia judicial”.
Ante esta situación, la dirección regional del PRC opina “que el Ayuntamiento debe estar a la altura, asumir su error y enmendarlo, sin crear más trabas, ni poner en peligro los 50 puestos de trabajo que genera en este momento Conservas Lolín”.
