La Fiscalía de Cantabria ha decretado el archivo de las diligencias de investigación preprocesal abiertas por la denuncia presentada por el secretario del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Manuel Trigo, y el secretario accidental de Juntas Vecinales, Héctor Peña, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios jurídicos por parte del alcalde de Mioño, Asier Laforga, “sin procedimiento administrativo y con un compromiso de gasto que se estimaba, por parte de los denunciantes, en 47.000 euros”.
En la denuncia se indicaba que “se habían llevado a cabo unas actuaciones ante el Tribunal de Cuentas por la parte denunciada, innecesarias, con incumplimiento de la normativa de contratación pública y prescindiendo de otras formas de asesoramiento gratuito puestas a su disposición”.
El propio Tribunal de Cuentas emitió una diligencia de ordenación, requiriendo a la Junta Vecinal para subsanar la demanda impuesta, no constando acuerdo plenario de la entidad local menor.
En el Decreto, notificado este viernes, la Fiscalía de Cantabria considera que “los hechos denunciados, relativos a la contratación de la abogada Yolanda Merino, a los efectos de representación de la Junta Vecinal de Mioño en el procedimiento de Reintegro por Alcance abierto por el Tribunal de Cuentas, no son constitivos de delito, agotándose en una cuestión de derecho administrativo, a resolver en su caso, por la Jurisdicción competente”.
“No apreciamos ilegalidad grosera en la actuación del denunciado, asier Laforga, que ponga de manifiesto con mínima claridad, la arbitrariedad exigible para la concurrencia del delito de prevaricación administrativa”.
Continúa el Decreto indicando que “el alcalde denunciado ha dictado un decreto el 18 de noviembre de 2022, indicando motivos de urgencia, en aras a la personación de la Junta en un procedimiento de reintegro por alcance que se ha iniciado, precisamente, en virtud de oficios remitidos por el Tribunal de Cuentas, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander. En dicho decreto del alcalde, se mantiene la asesoría jurídica de una letrada que presta sus servicios desde el año 2020 en los procedimientos de ejecución administrativos que la Junta tiene abiertos”.
“Se da la circunstancia”, continúa el Decreto de la Fiscalía, “de que existe una discrepancia de criterio en cuanto a la viabilidad del procedimiento de reintegro por alcance entre los denunciantes y la propia Junta, siendo que esta última ha acordado ratificar las actuaciones judicuales emprendidas por su alcalde mediante acuerdo de pleno”.
“Esta discrepancia denota que no resulta injustificado el acudir a un servicio jurídico externo por parte de la Junta Vecinal, cuando hay un procedimiento abierto en el que se le da trámite para ello, constando asimismo importantes deudas de la Junta”.
Para el Ministerio Fiscal, “la adecuada tramitación del expediente administrativo para la contratación de estos servicios de asesoría jurídica, en este caso, sería una cuestión a valorar por la Jurisdicción contencioso-administrativa, al no derivarse la existencia de la arbitrariedad exigible para la existencia de delito”.
Concluye la Fiscalía afirmando que “a todo ello se une que existe una cierta indefinición legislativa sobre el procedimiento a seguir para la contratación de este tipo de servicios jurídicos, que ha tenido que ser suplida en informes técnicos de la Abogacía del Estado y de la Junta Constitutiva de Contratación”.
