La moción del Grupo Municipal Podemos para la aplicación del recargo del IBI a viviendas vacías acorde a la Ley 12/2023 por el Derecho a la vivienda ha sido aprobada en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Castro Urdiales.
La alcaldesa ha introducido una enmienda para hacer un estudio de viabilidad jurídica y técnica de la moción y tratarla en Comisión Informativa antes de volcar los recursos humanos correspondientes, lo cual ha sido aceptado por Podemos. Los votos a favor han sido de PSOE, Podemos y Castro Verde, mientras que en contra lo han hecho PP, PRC y Vox; Ciudadanos se ha abstenido.
El punto lo ha expuesto Alberto Martínez, que ha reconocido que “el problema del acceso a la vivienda “habría que abordarlo desde muchos focos y este sería uno. El recargo del IBI sería beneficioso para Castro”, matizando algunos puntos que crean controversia: “no afectaría a pequeños propietarios, sino a grandes tenedores que tengan cuatro inmuebles o más en el país. Creemos que es una medida que ha afectado positivamente a la movilización del mercado y no tiene por objeto la recaudación, sino crear alquiler asequible”, ha advertido.
A continuación intervenía la alcaldesa, Susana Herrán: “Entendemos que este asunto es una cantidad grande de información y de gestión administrativa que debería ser llevada a una Comisión Informativa en la que los propios técnicos nos informen de su viabilidad y de su legalidad; si no estaríamos votando una noción de intenciones. Nos gustaría llevarlo previamente a comisión”.
Por su parte, Cristian Antuñano ha dicho que “creemos que no habla de vivienda, habla de ideología: cuando existe un problema, nunca tratan de aumentar la oferta o facilitar las regulaciones, sino mirar al propietario y poner un impuesto. La propiedad privada no es un privilegio, sino un derecho constitucional. La moción parte de la afirmación de que hay más de 1.000 viviendas vacías, pero eso no se demuestra, tampoco cuántas pertenecen a grandes tenedores. Sin un diagnóstico serio es imposible abordar el problema”. Y ha añadido que “lo que genera oferta es confianza y seguridad jurídica. Y lo que genera inversión es que la administración no cambie las reglas continuamente”.
A continuación, Eduardo Amor, de Castro Verde, ha coincidido con Podemos en que “la vivienda es un problema en todo el país y en Castro Urdiales. La cantidad de demanda no puede ser satisfecha y los precios impiden acceder a los jóvenes a la vivienda. Esto debería ser una prioridad nacional, y no otras cuestiones”. Sin embargo, ha añadido que “este recargo al IBI tendría una repercusión mínima. Vamos a apoyar la moción, porque no estamos en desacuerdo en iniciar trámites ni en llevarlo a comisión, porque el propio Alberto ha dicho que hay que definir con cuidado lo que es una vivienda vacía”. Y concluía su intervención dudando que haya tantas viviendas vacías en Castro como creen desde Podemos.
Carla Urabayen, del PRC, afirmaba que “compartimos la preocupación por el acceso a la vivienda, también el diagnóstico, pero no la solución. Nos llama la atención el planteamiento, cuando dice que las viviendas vacías no cumplen su labor social: una vivienda es propiedad privada y corresponde a sus propietarios decidir qué hacen con ella, no al Estado. Por otro lado”, ha añadido la edil regionalista, “creer que con un aumento de IBI va a aumentar la oferta es cuestionable. Dudamos seriamente de que pudiera conseguirse algo más allá de un aumento de la recaudación”.
José Mari Liendo, de Ciudadanos, ha respaldado “la intención de la alcaldesa de que se lleve el asunto a Comisión Informativa”. Asimismo, ha añadido que “no hay que dejar de mencionar que cualquier tipo de recargo acaba siempre en el consumidor final. El mayor precio de alquiler siempre va a redundar en quien necesita la vivienda, así que no creemos que sea el camino”.
Agustín Fernández, de Vox, se preguntaba “¿cuántas viviendas hay en Castro como para crear un departamento específico sobre este asunto? ¿Podrán ser 500? Un IBI normal son 400 o 500 euros al año”, explicaba Agustín. “Recargar un 50% al año puede suponer una recaudación de 90.000 o 100.000 euros: pues ya tendríamos pagados los gastos de Festejos que Gorka Linaza ha incluido en la modificación presupuestaria. Ahí tienes el recargo al IBI”, le decía Agustín Fernández a Alberto Martínez.
En los segundos turnos, el portavoz de Podemos ha destacado que “los datos no me los he inventado: los hizo la técnico de rentas. He intentado que este tema vaya avanzando, pero se ha estancado, por eso he llegado a esta moción; nos tenemos que plantear esto para ver si seguimos trabajando, y quiero ver si tengo el apoyo de este Ayuntamiento.” Asimismo, Martínez replicaba las intervenciones en las que le recordaban que la propiedad privada es un derecho: “Quizás en el piso de encima de ‘Los Chelines’ se pueda hacer una discoteca, porque es mi propiedad privada”, ironizaba. “El uso social de la vivienda implica que se tenga en cuenta que se usa para lo que es, para ser vivienda, no como instrumento de especulación. El recargo del IBI no es una herramienta que vaya a solucionar el problema, pero es un parche de los muchos que tenemos que poner. El Ayuntamiento solo puede poner parches, porque son las políticas estatales o regionales las que pueden solucionar el problema”.
Susana Herrán intervenía y afirmaba que “la propiedad privada es un derecho, estoy de acuerdo, pero el derecho a la vivienda también lo es. Estas cuestiones competen al gobierno estatal y autonómico. La herramienta que nos dio el Gobierno de España es declarar nuestro municipio zona tensionada. Pero el Gobierno Regional: el consejero de Fomento dijo que por encima de su cadáver y luego dijo que se le quite de la cabeza a la alcaldesa la idea de declarar Castro zona tensionada. Quiero recordar también que el Gobierno de Cantabria declaró Castro Urdiales como zona preferente para un proyecto de bolsa de vivienda. En este proyecto, se garantizaba la seguridad jurídica del propietario, pero también la del inquilino, y habría funcionado si el PP lo hubiera puesto en marcha, pero ha quedado en un cajón”.
El portavoz del PP, Cristian Antuñano, le ha recordado a la alcaldesa que “el Tribunal de Cuentas afirmó que el Ayuntamiento de Castro Urdiales no disponía de ninguna política de vivienda para los años 2022 y 2023”. Tras lo cual se dirigía a Alberto Martínez y lo acusaba de “poner al propietario como malo de la película, como ‘especulador’. Estamos en contra de grabar con ningún recargo por el simple hecho de que un propietario pueda tener una casa en Castro y otras dos en el pueblo que ha heredado”. Y concluía su intervención recordando el PSIR del Gobierno de Cantabria, en el que se construirán 1.700 viviendas en Castro Urdiales, más de 800 de Protección Oficial.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, manifestaba que “no creo que haya muchos grandes tenedores o inversores en Castro, prácticamente ninguno. Una vivienda sin gente empadronada no está vacía. Y una vivienda sin primera ocupación tampoco y así vamos reduciendo. Recargar con un 50% a alguien, que pague 400 y pase a pagar 600, no va a ser determinante para que saque la vivienda en alquiler”. Después replicaba a Cristian Antuñano, que había afirmado que el Ayuntamiento sí puede realizar actuaciones en materia de vivienda: “Qué no has entendido de que cambiar una línea del Plan General lleva cuatro años”.
Y concluía que las políticas de vivienda que lleve a cabo la Comunidad Autónoma debe hacerlas en colaboración con el Ayuntamiento para que funcionen: “¿Quién va a recoger las basuras? ¿Quién va a llevar las líneas de autobuses? Hay que hacerlo codo con codo con el Ayuntamiento, si no, no va llegar a buen puerto”.
