El Gobierno de Cantabria sacó el pasado viernes a información pública el proyecto de Ley que va a regular el funcionamiento de las Juntas Vecinales y Concejos de la región.
La Directora General de Administración Local, Rosa Valdés, explicaba en Castro Punto Radio que esta nueva ley es muy necesaria, “porque la anterior tiene 27 años de vigencia y la situación ha cambiado muchísimo. Las juntas y concejos vecinales realizan una labor fundamental y había que regularlo y darle seguridad jurídica. El compromiso es tener esta ley antes de que acabe la legislatura, para regular su funcionamiento, todas sus competencias y todo lo que les atañe”.
Es importante tener claro qué competencias tiene o no tiene una junta vecinal. De hecho, hay muchos vecinos que acuden a ella, por ser la entidad local más cercana, para solucionar asuntos o problemas de toda índole. Y en muchas ocasiones, esas cuestiones sobrepasan el ámbito de actuación de la propia junta. Valdés subraya que “las potestades y competencias propias de las juntas incluyen todo lo referente a la conservación y administración de su patrimonio y cómo regular su aprovechamiento y utilización. Todo lo demás excede de sus competencias. La ley establece un procedimiento de delegación de otras competencias, cuando se quiera poner en marcha una obra o una infraestructura en la que deban intervenir la administración municipal o regional”.
La responsable de la Administración Local destacaba que la junta siempre debe aclarar al ciudadano si puede atender sus demandas por sí misma o depende de entidades superiores, en cuyo caso debe actuar como intermediaria “y siempre con transparencia”. En todo caso, la nueva normativa establecerá “qué competencias tiene y cuáles no”.
El proyecto legislativo en el que trabaja el gobierno se dirige también a adaptarse a la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que distingue entre las juntas o concejos que ya están constituidas antes de ese momento y aquellas que se puedan constituir en el futuro. Las que ya existen (500 en Cantabria) seguirán teniendo su autonomía y competencias para administrar sus bienes y patrimonio. Pero las que surjan en el futuro, no tendrán personalidad jurídica propia, ni autonomía y dependerán del municipio en el que estén enclavadas.
Una de las novedades de esta ley, es que será la comunidad autónoma la que regule el procedimiento electoral en estas entidades locales, de tal manera que cuando se convoquen las próximas elecciones municipales, el Gobierno de Cantabria deberá asumir el proceso en las juntas y concejos, es decir, el ejecutivo controlaría todo el régimen electoral, “como el que se aplica en las elecciones autonómicas”.
La ley también regulará cuáles van a ser las atribuciones del presidente: ordenar la convocatoria y presidir los plenos de la junta, representar a la entidad, elaborar y proponer el presupuesto anual y aplicarlo, rendir cuentas, ejercer acciones administrativas o judiciales, etc.
En caso de tener que modificar o disolver una junta vecinal, el texto legal lo contempla e incluye el procedimiento, que indica que la iniciativa debe partir de la junta vecinal o del ayuntamiento al que pertenece. Un motivo para la disolución sería, por ejemplo “que una junta no presente sus cuentas durante tres años. Antes se debía pedir dictamen del Consejo de Estado pero ahora ya no es necesario porque las competencias están en manos de la comunidad autónoma”.
La idea es llevar esta ley al Parlamento, para su tramitación, antes de que acabe el año. Rosa Valdés insistía en la necesidad de que las juntas presenten sus alegaciones para que la ley tenga el mejor texto posible, así como las aportaciones de los ayuntamientos y el Colegio de Secretarios e Interventores.
