Los puntos relativos a las aprobaciones de actas de sesiones anteriores suelen ser de mero trámite y apenas consisten en modificar algunas palabras a petición de los concejales que lo requieren. Sin embargo, en el pleno de hoy se ha suscitado la polémica cuando se ha abordado la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del pasado 4 de febrero en la que se rechazó la aprobación definitiva de la modificación del Plan General relativa a la recalificación de la parcela en la que se ubica Conservas Lolín.
Todo ha comenzado cuando la concejala del PRC, Carla Urabayen, ha defendido que “las actas de los plenos deben ser el fiel reflejo de lo ocurrido. Sin embargo en el acta de 4 de febrero se recoge que se excusa la asistencia de las tres concejales del PP con un escrito presentado ese mismo día, en el que invocaban causa de abstención, pero que no fue notificado al inicio del pleno y, por tanto, creemos que no debería constar en el acta. Esto es muy grave y, si no se hizo, fue por omisión de la alcaldesa o de la secretaria o de ambas”.
Ante estas afirmaciones, la secretaria ha explicado que “se hace constar que se han abstenido en base a ese escrito que presentaron en el Registro y se pone en el acta. En el pleno no se dijo, pero han justificado la causa y se recoge en el acta, que se aprueba ahora. Si queréis rectificar y que no conste que los populares han registrado ese escrito, pues planteáis una corrección, se toma nota y se vota”.
La edil regionalista ha insistido en que, “no se excusó la asistencia de las ediles populares, cuando había un escrito registrado por ellas que no se dio a conocer al resto del pleno en ese momento”. Urabayen ha pedido entonces que “se corrija eso, agregando que no se notificó, pero no quiero que se quite nada porque es la realidad de lo que pasó”. A todo esto, su compañera de filas, Ana Coria, ha añadido, dirigiéndose a la secretaria, “la realidad es que se equivocó ella y no quiere dar su brazo a torcer”.
Volvía a tomar la palabra la secretaria para responder que “no me he equivocado en nada. Lo he hecho por hacer constar que su ausencia era justificada. Sin más. No tiene ninguna trascendencia a efectos del acta”. Reprochaba al PRC que “se me intenta acusar de una falsificación en documento público o algo así”, algo que los ediles regionalistas afirmaban no haber dicho. Sin embargo, la secretaria ha insistido que “yo lo he entendido así, porque como me siento coaccionada todo el día con vuestras palabras”.
Se defendía además señalando que “tampoco sabemos que Jesús Gutiérrez se excusó por tener interés directo en lo que se debatía, pero lo he deducido yo y lo he añadido también al acta. No vino, ni presentó un escrito, ni leí nada, ni acudió al Ayuntamiento y luego se salió del pleno. No obstante lo he reflejado en el acta y ¿eso no os parece mal?”.
Con todo, finalmente los regionalistas han pedido que se elimine del acta lo que tiene que ver con la no asistencia de las concejalas del PP, pero también con la ausencia de Jesús Gutiérrez. Esa propuesta ha quedado rechazada, por lo que se han aprobado las actas tal cual las había redactado la secretaria desde el comienzo.
MOCIÓN PEDIATRAS EN CASTRO
Por unanimidad ha salido adelante la moción que, a instancias de las administradoras del grupo ‘Pediatras en Castro’, han presentado conjuntamente CastroVerde, Podemos, Ciudadanos (Cs), PRC y PSOE.
En ella, se insta al Ayuntamiento a que haga llegar a la Consejería de Sanidad la problemática con respecto a la escasez de pediatras en el municipio con el fin de que se resuelva la situación sanitaria en la que se encuentra Castro. En concreto “que los organismos competentes velen por la materialización y puesta en marcha de una serie de medidas publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, necesarias para solucionar la problemática del servicio pediátrico”.
Se refieren a “incluir Castro como zona de difícil cobertura, que el personal temporal que preste servicios en zonas especiales tenga una puntuación adicional, una baremación especial para el personal destinado en zonas especiales y la prioridad, por una sola vez, en la concesión de la comisión de servicios, respecto al resto de profesionales, del personal fijo que lleve más de dos años en una zona especial y que figure en los listados del citado Acuerdo”.
Todos los grupos políticos han coincidido en que se deben abordar todas estas medidas y que “éste no es un asunto de posición ideológica o partidista, sino una cuestión de salud pública y una reclamación que, como Ayuntamiento, debemos hacer al Gobierno de Cantabria”.
La alcaldesa, Susana Herrán, ha recordado que “éste no es un problema que afecte sólo a Castro, sino a toda Cantabria y a España por la falta de profesionales de pediatría. No tiene que ver con la voluntad ni con limitaciones presupuestarias”. Ahora bien, ha dicho que “si hacemos más atractivas las condiciones laborales, podremos conseguir que los profesionales que hay quieran venir a nuestra ciudad”.
Y es que, como se ha comentado en el Pleno, en Castro hay unos 6.000 niños de entre 0 y 15 años, es decir, casi el 20% de la población censada. Para ese volumen de pacientes, serían necesarios 6 pediatras y “tenemos tres y medio, si contamos al que compartimos con Laredo y que viene a Castro dos días a la semana. Este profesional y otro de los pediatras terminan contrato en breve y un tercero está de baja”, han recordado desde CastroVerde.
Por parte del PP, Ana Urrestarazu se ha dirigido a las administradoras del grupo ‘Pediatras en Castro’, que han acudido al pleno, para reconocer que “todos debemos pedir perdón a estas madres porque, si tienen que ser ellas las que vengan al pleno a pedir que se las ayude en un asunto como éste, es que algo se está haciendo mal. Todos somos conocedores de cuál es la situación y no hemos sido capaces de proponer nada”. Ha reprochado también al Gobierno de Cantabria que “hace un año que se acordó declarar Castro como zona de difícil cobertura y aún no se ha hecho nada. Lo que hay que hacer, para empezar, es cumplir lo prometido”.
MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO SE PERSONE COMO ACUSACIÓN EN LAS CAUSAS JUDICIALES
Con el único voto a favor de Podemos, en contra de PSOE, Ciudadanos y PP y las abstenciones de CV y PRC, se ha rechazado la moción en la que la formación morada solicitaba que el Ayuntamiento se personara como acusación y perjudicado en las causas judiciales abiertas presentes y futuras en las que sea responsable subsidiario.
Alberto Martínez ha defendido que “en las causas ya finalizadas, el Ayuntamiento ha mirado para otro lado y no ha defendido los intereses de la ciudadanía, con las consecuencias que eso ha tenido para las arcas públicas”.
PSOE, PP, Cs y CastroVerde han coincidido en que “el Ayuntamiento figura como responsable civil subsidiario y no se puede ser acusado y acusador a la vez. Es una incongruencia y no se puede hacer. Es contradictorio que el Consistorio se esté defendiendo de posibles irregularidades y, al mismo tiempo ejerza de acusación”. Han defendido también que “se deja en el aire que nadie defiende el interés público, cuando para eso está el Ministerio Fiscal”.
La alcaldesa ha dejado claro que los políticos imputados en las distintas causas “se encargan de sufragar el coste que suponga su defensa en los juicios. El Ayuntamiento se hace cargo de las costas en caso de que estas personas sean absueltas”.
CONVENIO DE BOMBEROS
Al margen de este asunto, también por unanimidad se ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria para la prestación del servicio de extinción de
incendios y salvamento fuera del término municipal de Castro Urdiales, siempre que no sea incompatible con la prestación del servicio en Castro.
Para ello, el Ejecutivo regional aporta al Consistorio 400.000 euros anuales que van destinados a sufragar el coste derivado de esas actuaciones. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, momento en el que se podrá renovar por cuatro años más o proceder a su extinción.
CENTRO DE EMPRESAS DE VALLEGÓN
En el Pleno de hoy se han dado dos nuevos pasos necesarios para poder abrir el Centro de Empresas de Vallegón. Se han aprobado por unanimidad, y de manera inicial, la ordenanza reguladora del uso de las instalaciones y la ordenanza fiscal que regulará la tasa a abonar por la utilización de los espacios de este edificio.
Ambos documentos, se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria para que los ciudadanos presenten alegaciones, si así lo estiman conveniente, antes de la aprobación definitiva.
