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LOS CONCEJALES DEBATEN SOBRE LA SUBIDA DE TARIFAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL Y LAS TRES OPCIONES EN FASE DE ESTUDIO

EL EQUIPO DE GOBIERNO PROPONE UN 23,7% DE SUBIDA (EL IPC ACUMULADO), EL PRC UN 32,5% EN TRES AÑOS Y LOS FAMILIARES UN 30% TAMBIÉN EN TRES AÑOS

El pasado lunes se celebró Consejo Rector Extraordinario de la Residencia Municipal con un único punto de debate: la actualización de las tarifas del servicio. No se avanzó en el asunto debido a que alguno de los informes técnicos era “inexacto”, como han señalado hoy en Castro Punto Radio los portavoces de los grupos municipales.

La concejala del CastroVerde y responsable del área, Leticia Mejías ha señalado que “el camino hacia esa actualización continúa”, conscientes de que “es un tema delicado en el que debemos tener en cuenta la parte del equilibrio económico de la Residencia y la sostenibilidad para poder asegurar su permanencia, pero sin olvidarnos de el aspecto social”.

Actualmente, el escenario es que la Residencia tiene un déficit anual de 804.143 euros que abona el Ayuntamiento y que el IPC lleva sin actualizarse desde el año 2011. Con todo, son distintas las propuestas sobre la mesa. Como ha indicado Mejías, “nosotros abogamos por subir ese IPC que supondría un 23,7%. Hay otra propuesta del PRC de incrementar el IPC más un poco más, hasta un 32,5% pero prorrateado en tres años; y otra de la asociación de familiares de un 30% en tres años”.

A partir de ahí, “está la opción técnica, que desechamos completamente, y que supondría una subida del 55,7% porque se basa únicamente en números y en el equilibrio financiero para que la Residencia se autofinanciara. Y la del PP, que dice no hacer nada, algo que no es una propuesta y que tampoco barajamos”.

Por tanto, son tres las actualizaciones que están en fase de estudio. Mejías ha criticado que “de los siete grupos políticos que hay en el Ayuntamiento, sólo cuatro han presentado propuestas y el resto se pone de perfil cuando hay que tomar decisiones tan delicadas con ésta”.

Pedro Fuste (PRC) ha defendido que “la Residencia es un Organismo Autónomo complejo porque, pese a esa denominación, depende del Ayuntamiento, que tiene que compensar el déficit”. Por tanto, “hay que buscar el mayor equilibrio posible entre el servicio y lo que tiene que abonar el Ayuntamiento, esos 804.000 euros anuales que salen del bolsillo de todos los castreños y que se detraen de otras necesidades”.

Ha defendido que “no haber actualizado el IPC desde 2011 ha sido un error gravísimo, pero es una barbaridad hacerlo ahora de golpe”. Por eso los regionalistas abogan “por algo más progresivo. Subir un poco más que ese IPC porque hay otros servicios que también han aumentado su precio, pero hacerlo en tres años”.

El concejal del PSOE, Pablo Antuñano,  considera que “no hacer nada con respecto a este asunto es perjudicar a la Residencia y al Ayuntamiento, que transfiere cada año una cantidad importante de dinero”. El equipo de Gobierno propone subir el IPC “porque es el importe de referencia”. Hacerlo de manera progresiva en tres años “es una opción”, pero “igual hay que tocar los precios año a año porque, entre otros, el IPC sigue subiendo”.

Ha insistido en que “aún estamos en fase de estudio de las propuestas” y ha dejado claro que “las familias que no puedan pagar ese incremento van a estar amparadas por los Servicios Sociales”.

Agustín Fernández (Vox) ha afirmado que “el déficit de la Residencia pone en una situación muy complicada al Ayuntamiento”. Ha hecho alusión a las camas concertadas que hay en el centro y cuyos usuarios “pagan en función de sus capacidades económicas y el resto lo pone el Servicio Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)”.

Ha defendido que “a futuro, el Ayuntamiento tendrá que ir por esa vía en cuanto a sus camas y tener en cuenta el nivel económico de los usuarios. Ahora se cobra a todos por igual cuando hay personas que igual llegan justas y necesitan colaboración de familiares, y otros que podrían pagar más de lo que pagan”.

Esta opción, Leticia Mejías ha dicho que “se podría estudiar” pero ha advertido dos cuestiones. “Actualmente, el Ayuntamiento no tiene los recursos suficientes para gestionar ese modo de cobro y, por otro, es peligroso porque podría darse el caso de que nos fuéramos a un déficit terrible. Y es que, pongámonos en el caso de que la mayoría de usuarios que haya en ese momento sólo puedan abonar 600 euros. El resto lo tendría que poner el Ayuntamiento, igual que hace el ICASS con las concertadas”.

En el siguiente enlace se puede acceder al audio del debate:

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