El Juzgado de lo Social nº 6 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales “por vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, según informa la sección sindical de la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB) en Castro Urdiales, “al considerar probado que no ha impedido el control exhaustivo al que el jefe de la Policía Local, Domingo Lázaro García, ha estado sometiendo a un agente, que no se extiende a otros miembros de la plantilla, en un contexto que la Juez define como una manifiesta situación de conflicto laboral”.
Asimismo, “obliga al Ayuntamiento a indemnizar al agente por los daños causados. La sentencia se ha dictado a consecuencia de la demanda interpuesta por un agente de Policía Local, representado por la letrada María Luisa Holanda, por acoso laboral, incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, y reclamación de responsabilidad derivada de los daños originados por dicho acoso. Todo ello ante la persecución continuada a la que se sentía sometido por el jefe del Cuerpo, en clara discriminación respecto de sus compañeros de trabajo, con pleno conocimiento por parte de la Administración Local”, recalca APLB.
Añade el sindicato policial que “el Subinspector-Jefe de Castro Urdiales es presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Cantabria, a la que representa ante el Gobierno Regional en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria”.
Recuerdan, asimismo, que “los hechos se produjeron durante la pasada legislatura, con Castro Verde gobernando el Ayuntamiento y cuando el agente denunciante ejercía como presidente de la Sección Sindical de la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB) en Castro Urdiales y vicesecretario neneral a nivel autonómico”.
La sentencia establece que el Ayuntamiento de Castro Urdiales, “tras recibir escritos dirigidos al Sr. Alcalde-Presidente y la Sra. Concejala de Recursos Humanos y Salud Laboral, no adoptó las medidas precisas para la investigación y solución de los conflictos concurrentes, para una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, a los efectos de garantizar la integridad física del agente de la Policía Local. Ángel Díaz Munio y Elena García Lafuente eran el alcalde y la concejala, respectivamente, a los que se refiere la resolución judicial”.
“Durante el mandato de Castro Verde”, indica APLB, “se tuvo que activar el protocolo municipal ante situaciones de acoso laboral en tres ocasiones, por denuncias de agentes de la Policía Local, relacionadas con el trato dispensado hacia ellos por el jefe del Cuerpo”.
Desvela también la sección sindical que “el actual equipo de Gobierno ha decidido recurrir la sentencia. En APLB lamentamos profundamente esa decisión que no entendemos, ya que supone defender el comportamiento llevado a cabo por el jefe de la Policía Local contra uno de sus agentes, funcionario igualmente de éste Ayuntamiento, comportamiento que ha originado esta sentencia condenatoria. En APLB tenemos meridianamente claro que velar por el buen funcionamiento de la Administración no consiste en buscar la defensa de estas actitudes, sino en su completa erradicación y el apoyo a quienes las sufren”, concluye la nota de prensa del sindicato.
