Cuarenta y cinco acusados comparecerán a partir del próximo martes, 1 de octubre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en el caso conocido como ‘La Loma’, en el que se enjuician hechos relativos a la urbanización de la zona de Castro Urdiales que lleva el citado nombre.
Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.
Veintidós de los acusados eran concejales del Ayuntamiento durante los años en que tuvo lugar esta actuación, entre 2000 y 2008, aproximadamente. Entre ellos los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza.
Además, se acusa a seis técnicos vinculados con el Ayuntamiento, entre ellos el exarquitecto municipal Pedro Restegui, para quien se reclaman 12 años de cárcel, al secretario del consistorio, a trece administradores de empresas promotoras y a dos directores de obra.
En el procedimiento, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas. Ejercen la acción civil cuatro bancos y una promotora inmobiliaria.
Están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.
Según el escrito del ministerio fiscal, los acusados, “con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente”, instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana que carecen del contenido mínimo exigible por ley”.
En el caso de las licencias de obras “no se adecuaban al PGOU ni al resto de la normativa urbanística”, mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que “carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas”.
Los responsables municipales “han resuelto prescindiendo de informe técnico en algunos casos y de informe jurídico en casi todos. Han hecho caso omiso del contenido de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes que tutelan el interés público gestionado por las administraciones estatal y autonómica, también voluntaria y conscientemente”, añade el escrito.
En lo que se refiere a los particulares, esto es, los promotores inmobiliarios acusados, “han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas respecto a la situación del estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular”.
Con esta actitud, han provocado “la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles”. En algún supuesto, según la Fiscalía, “se ha alterado, en connivencia con funcionarios públicos, intencionadamente, el contenido de documentos oficiales”.
Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.
En el caso de la prevaricación y la prevaricación urbanística, imputado a técnicos municipales y concejales, las penas solicitadas llegan hasta los nueve años de inhabilitación para empleo público y dos años de prisión.
Por la falsedad documental, el fiscal pide hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años.
El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos.
La infidelidad en la custodia de documentos supone una petición de condena de año y medio de prisión, además de inhabilitación de ocho meses.
En el caso del delito de estafa, que se imputa a los administradores de las promotoras inmobiliarias que vendieron las viviendas a particulares, las penas solicitadas son de seis años de cárcel.
Finalmente, la petición de pena por desobediencia es de un año de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita la declaración de la nulidad de los instrumentos urbanísticos irregulares y la demolición de las edificaciones construidas a su amparo.
También pide indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales por las cuantías en que se ha monetarizado el aprovechamiento urbanístico, así como a favor de los particulares que compraron las viviendas construidas al amparo de los citados instrumentos urbanísticos.
Está previsto que este juicio se desarrolle a lo largo de seis meses, según el siguiente cronograma:
- Cuestiones previas: 1, 2 y 3 de octubre.
- Declaración de acusados: 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de octubre, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 15 de noviembre.
- Prueba testifical: 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de diciembre, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de enero, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 de febrero.
- Prueba pericial: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de febrero, 2, 3, 4 y 5 de marzo.
- Conclusiones e informes: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de marzo.
- Derecho a la última palabra: 30 de marzo.
Imagen de archivo de la investigación ‘in situ’ llevada a cabo por el juez instructor Luis Acayro Sánchez.
