23 MARZO 2015 /
DE TODAS LAS PERSONAS QUE HAN DECLARADO EN EL JUICIO, SÓLO EL EX INTERVENTOR URRUTICOECHEA HA HABLADO DE ALQUILER IRREGULAR.
El exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha declarado que “volvería a actuar de la misma manera”, en relación al alquiler de una nave para sede de los bomberos. Así, ha señalado que cuando llegó a la Alcaldía en 2003 este servicio, entonces ubicado en el polígono industrial de La Tejera, estaba “casi desmantelado”, en una situación “absolutamente inaceptable”, y mejorarlo era una “responsabilidad” del Ayuntamiento, que por población, tiene la “obligación” de prestarlo.
Muguruza ha explicado que la intención del equipo de Gobierno era trasladar los bomberos al local que el Ayuntamiento alquiló para este fin en 2005 (el de Arcos), después de hacer un expediente administrativo “en toda regla”, pero “no se pudo hacer” porque el propietario no lo cedía a perpetuidad, por lo que al final se consideró una “insensatez” trasladar el equipamiento de la nave de La Tejera, que según ha dicho suponía un gasto de 180.000 euros, y se decidió “aguantar como fuera” hasta la construcción de la nueva sede.
Así ha justificado el exalcalde que pese a que este contrato se firmó en 2005, se mantuviera hasta 2008 el alquiler de la nave del polígono de La Tejera anexa a la ocupada por los bomberos, sobre el que el interventor dictó reparos en 2006, 2007 y 2008 por carecer de procedimiento de contratación.
Muguruza ha explicado que levantó dichos reparos “aconsejado por el señor secretario”, “por el uso ya hecho” de la nave y porque si la propietaria denunciaba al Ayuntamiento en los tribunales, “con seguridad lo iba a ganar”, con lo que además del alquiler “nos iba a costar los gastos judiciales”.
El Ayuntamiento tenía arrendada esta nave desde mucho antes de la llegada de Muguruza a la Alcaldía (desde 1997 según ha declarado su propietaria), y el contrato se prorrogaba de forma anual. “Tengo mis dudas de que hubiera un contrato bien hecho, pero la lonja se usaba y había que hacer los pagos”, ha dicho el exregidor, quien ha asegurado que hasta su llegada a la Alcaldía, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales “no se había hecho una tramitación bien nunca”.
Así lo ha declarado en la primera jornada del juicio por prevaricación y tráfico de influencias que se sigue contra Muguruza y su exsocio de gobierno y exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López ‘KyK’ (PP), por irregularidades en el alquiler de estas dos lonjas.
El juicio, que se celebra hasta este martes en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, fue suspendido en noviembre para dar un plazo al Ayuntamiento de Castro Urdiales para formalizar su personación como acusación particular a través de un acuerdo plenario. Finalmente el Ayuntamiento no se ha personado en esta causa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, en la que La Unión ejerce la acusación particular.
Muguruza ha explicado que cuando el interventor planteó en 2003, al poco de comenzar la legislatura, la rescisión de los alquileres que a su entender no cumplían la legalidad en materia de contratación, se vieron en la “tesitura” de “hacer caso al interventor y quedarnos sin bomberos o llevarlos a una campa”. Por ello ha defendido que “volveríamos a actuar de la misma manera”.
Sin embargo, ha señalado que en septiembre de 2003 se dio orden de iniciar un procedimiento administrativo y “que se hiciera lo que decía el interventor”, pero se tardó “ocho meses”. “Éramos conscientes de que había que abandonar el polígono de La Tejera, desde el minuto se inicia una búsqueda de locales que reunieran las condiciones necesarias para poder ubicar a los bomberos”, ha explicado Muguruza.
El exalcalde ha relatado que el responsable de bomberos sólo localizó el local de Arcos, y dado que no tenía mucho interés en alquilarlo, le citó a una reunión en la que le pidió que se presentara al procedimiento administrativo que se iba a convocar al efecto. “No le conocía de nada, lo digo a propósito, porque sé lo que sobrevuela en este juicio”, ha apostillado Muguruza.
En esta primera jornada, además de Muruguruza y Rodríguez López, han declarado como testigos los exconcejales Salvador Hierro y Jesús Jaime Díez Muro, los exinterventores Fernando Urruticoechea y Fernando Martínez, el responsable de Contratación, Carmelo Cano, los propietarios de las dos naves sobre las que gira el juicio, el abogado de Juan José de los Arcos, Roberto Morales, y el trabajador municipal que por aquellas fechas era el responsable del servicio de bomberos.
De los Arcos ha explicado que en esa reunión con el alcalde, en la que también estaba el entonces concejal de Industria, pidió 12 euros por metro cuadrado por arrendar la lonja al Ayuntamiento, y Díez Muro le dijo que “como mucho ocho”, por lo que salieron sin acuerdo de la reunión, aunque finalmente aceptó alquilar la nave porque era “para un fin social”.
El procedimiento se anunció en el boletín oficial y el contrato de alquiler se adjudicó a De los Arcos por ser la única oferta presentada, tal y como ha confirmado el responsable de Contratación del Ayuntamiento, que actuó como secretario de la mesa de contratación.
Cano ha dicho que desde el equipo de Gobierno “le metieron prisa”, le dijeron que este expediente era “muy urgente” y se lo establecieron como “prioridad”. En este sentido, ha afirmado que estuvo sometido a “presión laboral” por parte del concejal de Hacienda.
“A pesar de que no me parece que esté bien, no tenía más remedio que obedecer, cumplir órdenes; en esos años era una situación un poco convulsa, había tensiones laborales. Se me insistía mucho, me llegaron a decir que si los bomberos se quedaban en la calle sería responsable de ello”, ha relatado.
Cano ha explicado que para elaborar el pliego de condiciones, necesitaba un informe de las características que debía tener la lonja, y el concejal de Hacienda le dijo que no hacía falta, que hablase con el responsable de bomberos, que -ha dicho- le dio “las características de esa lonja ya en concreto”. “El precio también me lo dieron”, ha declarado.
Sin embargo, Rodríguez López ‘KyK’ se ha limitado a indicar que este asunto no era competencia de su concejalía y que sólo cuando la Junta de Gobierno Local aprobó en noviembre de 2005 el informe de la mesa de contratación adjudicando a Arcos el arrendamiento, escribió una nota al responsable de Contratación para notificárselo y agilizar el contrato, que se firmó en diciembre.
El exinterventor Fernando Urruticoechea, que estuvo en el Ayuntamiento de Castro de 2001 a 2005, ha explicado que en 2003 empezaron a “reiterarse las ilegalidades” de la Corporación anterior, y que ha redactado “cientos de informes sobre irregularidades” en materia de contratación y alquileres.
JUICIO APLAZADO
El Juzgado de lo Penal número 4 de Santander tenía previsto celebrar el pasado mes de noviembre este juicio contra Muguruza y Rodríguez por el alquiler “irregular” de dos lonjas, pero se suspendió al aceptar la magistrada la alegación de las defensas de que el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, no se había personado conforme a la ley.
Las defensas de los dos expolíticos señalaron que la personación del Consistorio no es efectiva ya que, según la Ley de Bases de Régimen Local, “es necesario un acuerdo plenario” en el que se le legitime para ejercer la acusación y éste no constaba en la instrucción.
La jueza admitió esta alegación con “carácter excepcional” y dio un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Castro Urdiales para celebrar ese pleno en el que se aprobara su personación como acusación particular, algo que finalmente no ocurrió.
En este proceso, la Fiscalía solicita para cada uno de estos acusados un año de cárcel, nueve de inhabilitación y multa, y el partido La Unión, que ejerce la acción popular, demanda que la pena sea de 14 años y nueve meses de inhabilitación para Muguruza y un año de prisión y siete de inhabilitación para Rodríguez.
Ambos están acusados en una causa que se inició a raíz de una denuncia y reparos de uno de los interventores municipales, que en 2003 solicitó a los ediles información sobre el patrimonio y los locales arrendados. A pesar de los reparos de ilegalidad decidieron pagar el alquiler de una nave a una empresa determinada, a pesar de no contar, durante periodos de hasta 20 meses, de contrato de ningún tipo que amparara el uso de fondos públicos.
Para ello, se suspendió el juicio y se fijó una nueva vista para este 23 de marzo, a las 9.30 horas, que se prolongará, según lo previsto, también durante el día 24.
